Necesitado de mostrar gestión más allá del Covid-19, el presidente Alberto Fernández armó en menos de 24 horas un acto con las organizaciones de la agricultura familiar, a los que les anunció una fuerte suba del presupuesto para el sector y la demorada reglamentación de la Ley 27.118.
Esa Ley, llamada de Reparación de la Agricultura Familiar, fue sancionada en 2015 (cuando el líder piquetero Emilio Pérsico era el secretario del área), pero luego vino el gobierno de Mauricio Macri y jamás se reglamentó. Por el contrario, en esa etapa Agricultura Familiar fue un área con cientos de despidos y se desmantelaron programas, como el Monotributo Social Agropecuario.
La Ley de Reparación a ese sector, que es el nudo de esta historia, prevé la conformación de un banco de tierras y un fondo de reparación de $1.500 millones, entre otras políticas de fomento a ese sector del agro al que se le adjudica producir un 60% de los alimentos consumidos en el país.
En las elecciones 2019, con Alberto candidato, las múltiples organizaciones de la llamada agricultura familiar hicieron causa común y formaron el Foro Agrario Nacional, que jugó fuerte contra Macri (por ejemplo, motorizando los verdurazos). Con Alberto presidente, había por ahora gusto a poco entre los dirigentes de ese sector.
Las organizaciones reclamaron primero la reglamentación de la Ley y otras 20 demandas al nuevo gobierno en un acto en la Facultad de Medicina, y pusieron la fecha del 17 de abril (día de la tierra) para ver avances concretos. Esos festejos no pudieron suceder debido a la pandemia. Ahora parece llegado el momento de dar respuesta a ese sector.
Hasta anoche el acto era anunciado como una simple actividad vía zoom: “El ministro Luis Basterra se reúne con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar para celebrar el día del Agricultor”, decía la agenda. De golpe todo cambió y los dirigentes fueron citados a Olivos para la foto. Estaba junto al presidente y a su ministrod e Agricultura el perro Dylan, la mascota oficial.
Hubo anuncios concretos, pero que deberían ser colocados entre signos de interrogación hasta tener mayores precisiones. El título sería que el gobierno prometió elevar 119% el presupuesto para el sector entre 2019, último año del macrismo, y el 2021, con la pospandemia. Pasaría de 1.300 millones de pesos en 2019 a 1.918 millones este año y a 2.863 millones en 2021. Parece mucho, aunque seguramente en dólares esos presupuestos serían siempre muy parecidos debido a la fuerte devaluación de la moneda.
En el anuncio oficial se dijo además que las políticas públicas para el sector de los minifundistas sumará para 2021 “un total de 10.097 millones de pesos provenientes de financiamiento internacional”. Eso serían cerca de 100 millones de dólares. El FIDA tiene préstamos abiertos para el sector, aunque con objetivos trazados para varios años.
Según la gacetilla oficial sobre el sorpresivo acto, entonces, el plan de inversiones será de más de 12.781 millones de pesos el año entrante. En 2020, según datos oficiales, el presupuesto total asignado al Ministeriod e Agricultura fue de 27.599 millones de pesos.
En el mismo paquete se anunció una mejora dle presupuesto destinado al programa ProHuerta, que el INTA administra junto al ministerio de Desarrollo Social. Los fondos se incrementaron: de 120 millones de pesos en 2019, a 270 millones en 2020 y llegarán 400 millones en 2021. Parece mucho, pero en la época de oro de la gestión macrista, cuando la primera dama Juliana Awada se hacía armar huertas agroecológicas en Olivos y en la terraza de la Casa Rosada, ya se había llegado a un presupuesto semejante. Luego, tras la crisis de 2018, las partidas disminuyeron violentamente.
“Cada argentino merece tener la posibilidad de crecer donde nació, de estudiar en el lugar donde nació, de hacer una familia donde nació, de tener trabajo donde nació, de disfrutar, de pasarla lindo en el lugar donde nació. Ese debería ser un objetivo que todos tenemos que meternos en la cabeza”, sostuvo el Presidente, que añadió que “el desarrollo de la agricultura familiar tiene mucho que ver con el desarrollo que le queremos dar a todo el interior del país”.
Quizás lo más jugoso del anuncio, una vez que se evapore la espuma de las cifras multimillonarias que casi nunca se cumplen, pase el decreto reglamentario de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue promulgada el 20 de enero de 2015 y nunca fue puesta en vigencia plena.
Basterra consideró que “es una ley de avanzada de vanguardia que contempla de manera amplia los derechos y dictamina los lineamientos políticos para que pueda llevarse adelante el concepto de equidad social y de equidad territorial en la producción agropecuaria”.
El texto de esa reglamentación todavía no se conoce, pero la comunicación oficial habló de mantener y profundizar una serie de programas como el RENAF (un Registro específico para productores familiares), otro programa Incubadora de cooperativas productivas, un programa de créditos productivos a tasa subsidiada, un programa integral de protección social, acceso a la salud, jubilación y AR; y un programa para la regularización dominial de tierras tradicionalmente ocupadas por agricultores familiares, campesinas, indígenas y pescadores artesanales.
Nada se dijo sobre dos puntos centrales de aquella ley: la creación de un banco de tierras y del mencionado fondo de reparación, aunque quizás este último este contemplado en la mejoría del presupuesto.
Del encuentro con el presidente participaron una veintena de organizaciones del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina; la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino; el Frente Nacional Campesino; el Frente Agrario Evita; la Federación Nacional Campesina; la Unión de Trabajadores de la Tierra; la Federación Agraria Argentina y la Federación de Cooperativas Federadas.
Hace unos meses, Bichos de Campo entrevistó al secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, para conocer su opinión sobre la agenda pendiente del sector:
