Nos apoyamos en el trabajo periodístico del muy buen portal informativo Dos Florines, editado desde Paraná, para informar que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, finalmente se decidió a mover las fichas para intentar destrabar un conflicto que ponía en peligro la posibilidad de sembrar unas 300.000 hectáreas agrícolas ubicadas en torno a casi mil escuelas rurales de esa provincia.
El funcionario firmó finalmente el decreto reglamentario sobre las pulverizaciones con agroquímicos que reclamaban los productores. Se supone que esta acción convertirá en “abstracto” el alcance de las prohibiciones dictadas por la justicia.
Informó Danilo Lima, periodista de Dos Florines, que Bordet firmó este nuevo decreto para regular las aplicaciones de productos fitosanitarios en cercanías de las escuelas rurales justo cuando los productores, preocupados porque en pocos días deben comenzar la siembra de granos gruesos, como el maíz y la soja, ya estaban amenazando con realizar una movilización a la Casa de Gobierno la próxima semana.
En este entrevista con Bichos de Campo, el productor entrerriano Adolfo Weber, uno de los afectados por la resolución judicial que prohibía las fumigaciones en torno a escuelas, cuenta cómo vívían los chacareros la situación que ahora intenta remediar el decreto de Bordet:
La medida oficial apunta a superar las observaciones que la Justicia, en distintas instancias, había formulado al primer decreto (que lleva el número 4.407/18) con el que infructuosamente el Gobierno había buscado neutralizar los fallos judiciales cuando el año pasado estalló el conflicto.
El nuevo decreto es el 2.239/19.Establece unidades centinelas, zonas de exclusión y áreas de restricción en torno a los establecimientos, que se estima son casi 1.000 en toda la provincia.
¿Qué son las entidades centinelas? Explica el medio entrerriano que sus funciones “serán controlar que las aplicaciones de productos fitosanitarios se hagan en forma regular, es decir, de acuerdo a la reglamentación”.
Esas unidades centinelas tendrán que recibir la notificación de la receta agronómica con 48 horas de anticipación, y garantizar que las pulverizaciones se realicen a contraturno, es decir en horarios en que no haya actividad escolar. En cada aplicación deberá estar presente un ingeniero agrónomo, que estará a cargo de la unidad centinela. La idea del Gobierno, en este sentido, es que se firmen acuerdos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias para la designación de estos profesionales.
A partir de 2020, además, deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de Producción para que en tiempo real se controle el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones meteorológicas.
Con relación a las distancias, el tema que más polémica ha generado, el Decreto establece zonas de exclusión. Por tanto, en el caso de las pulverizaciones terrestres no se podrá hacer ninguna aplicación de 0 a 100 metros, mientras que la prohibición será también total de 0 a 500 metros en el caso de las aplicaciones aéreas.
Hasta ahora, la justicia había fijado una prohibición total de 1 kilómetro para el modo terrestre y de 3 kilómetros para las aéreas. Esas distancias tan amplias eran las que permitían a los dirigentes rurales decir que unas 300 mil hectáreas quedarían fuera de producción si no se corregía esta situación.
La nueva normativa firmada por Bordet mantiene, en consecuencia, el criterio anterior pero reduciendo al mínimo las distancias de veda con argumentaciones mucho más sólidas desde el punto de vista técnico, sobre la base de las experiencias llevadas adelante por el INTA y las que recomiendan las denominadas Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), sobre todo en materia de deriva.
La norma, de todos modos, añade zonas de restricción de 100 a 500 metros, en el caso de pulverizaciones terrestres, donde no se podrán aplicar los productos calificados por el Senasa como 1A, 1B y 2, mientras que sí se podrán aplicar los clasificados como 3 y 4. Estas diferencias de los agroquímicos según su toxicología tendrán que hacerse en un radio de hasta 3.000 metros para las pulverizaciones aéreas.
El decreto además dispone al reempadronamiento de todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades. Instruye, asimismo, al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de productores, docentes, alumnos y comunidades rurales.
Fuentes oficiales consultadas por Dos Florines destacaron que el nuevo decreto está basado en fundamentos mucho más sólidos que los que se habían considerado hasta ahora en este debate. Confiaron que con estos cambios “difícilmente pueda prosperar en la Justicia una eventual nueva presentación de entidades ambientalistas”.
