En las últimas semanas, con los mejores precios de la oleaginosa promovidos por desastres climáticos en Brasil y posicionamientos especulativos de los fondos agrícolas en el CME Group (“Chicago”), los productores argentinos aceleraron el ritmo de las ventas de soja.
Al pasado 5 de junio –último dato oficial publicado– las ventas de soja 2023/24 sumaban 20,22 millones de toneladas, una cifra equivalente al 40% de la cosecha total estimada para el presente año (50,0 y 50,5 millones de toneladas según la Bolsa de Comercio de Rosario o la Bolsa de Cereales de Buenos Aires respectivamente).
Se trata de un número, en términos relativos, similar al registrado en la misma fecha del año 2022 y apenas inferior al presente un año atrás, cuando un desastre climático liquidó más de la mitad de la producción prevista de la oleaginosa.
La situación actual es comparable, en términos productivos, a la presente en la campaña 2019/20, cuando, con una cosecha de soja de 48,7 millones de toneladas, en el actual momento del año los productores ya habían comprometido comercialmente el 51% de la cosecha esperada.
Sin embargo, teniendo en cuenta el descalabro macroeconómico presente en la Argentina desde 2022 a la fecha, un volumen de ventas del orden del 40% en el actual momento del año representa una cifra por demás aceptable.
De las más de 20 millones de toneladas de soja 2023/24 comprometidas hasta el momento, un total de 9,0 millones sigue con precio abierto a la espera de mejores oportunidades comerciales y cambiarias.
El ritmo de ventas de soja en el mercado argentino no puede, por lo tanto, ser considerando anómalo, aunque es bajo para las urgencias cambiarias de los administradores de la política monetaria del gobierno de Javier Milei.
En las últimas tres jornadas el Banco Central (BCRA) debió vender 57 millones de dólares cuando se esperaba que para esta época del año el ingreso de la cosecha gruesa contribuyese a consolidar las reservas internacionales de la entidad.
A diferencia de otros gobiernos anteriores, el de Javier Milei no tiene una comunicación fluida con las compañías integradas en Ciara-CEC, lo que no contribuye a incentivar el flujo de ingreso de agrodivisas.
