Luego de anunciar días atrás que destinaría un presupuesto de 12.800 millones de pesos para promover la agricultura familiar (de los cuales más de 11.000 millones corresponden a créditos internacionales), el Ministerio de Agricultura informó ahora que aplicará otros 600 millones de pesos de su presupuesto a políticas de género en el ámbito rural.
“El Ministerio de Agricultura informa que entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre queda abierta la convocatoria para la presentación de proyectos en el marco del plan ‘En Nuestras Manos’, una iniciativa que destinará 600 millones de pesos para revertir las desigualdades en términos de recursos, ingreso y patrimonio que enfrentan las mujeres rurales y que se han visto agudizadas en el contexto de la crisis desatada por la pandemia”, indicó una gacetilla de prensa oficial.
El objetivo parece muy loable. Pero es necesario marcar que de esta forma la política de género de esta cartera nacional tendrá más dinero disponible que el Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, que debería atender a todos los productores que han sufrido contingencias climáticas que a veces los dejan al límite de su supervivencia en el medio rural. Ese fondo está congelado en 500 millones de pesos desde la actualización de la ley de Emergencia en 2009 y jamás fue actualizado. Tampoco es un tema del que se hable demasiado en el gobierno.
Lo cierto es que el radiante plan En Nuestras Manos parece contar con mucho mayor acompañamiento. Fue anunciado por el ministro Luis Basterra y por la primera dama Fabiola Yáñez, que viene colaborando con la difusión de la problemática específica de las mujeres rurales. La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena será la responsable de su implementación y contará con apoyo del INTA. “Será financiado por un préstamo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)”, indicó la información.
A partir de la convocatoria, este programa de género e inclusión busca detectar “proyectos llevados adelante por mujeres de la agricultura familiar, campesina e indígena, nucleadas en organizaciones, comunidades o grupos asociativos con inscripción en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF)”. Su objetivo “es mejorar las condiciones de producción, el agregado de valor y el acceso al mercado de las mujeres productoras de alimentos de todo el territorio nacional”.
En el acto, de modo virtual, participó además la ministra de Mujeres, Genéros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que saludó públicamente la iniciativa y afirmó que prefería que el financiamiento se dirigiera hacia las mujeres de pueblos originarios porque ellas no utilizaban “agrotóxicos”.
Una vez recibidos los planes, la cartera agropecuaria distinguirá tres líneas de financiamiento que apuntan a:
- La incorporación de tecnología, maquinaria y equipo para mejorar la productividad y la generación de ingresos;
- La asistencia para proyectos ya financiados que fueron afectados por la pandemia para contribuir a su sostenibilidad;
- La creación de unidades de producción agroecológica, en lugares rurales de contención de mujeres en situación de violencia por motivos de género, como fuente de ingresos para las refugiadas.
“Cabe destacar que en esta primera fase se priorizarán la cadena avícola, la ganadería de animales menores, la pesca artesanal, la siembra de cereales y el sector lácteo. La equidad en la distribución territorial y la participación mayoritaria de mujeres en las cooperativas y asociaciones serán algunos de los criterios que se considerarán para su selección”, se avisó.
