Agraviaron al juez del concurso de Vicentin y fueron sancionados: Ahora piden clemencia

Fabián Silvano Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista (Santa Fe) a cargo del concurso de Vicentin SAIC, procedió a sancionar a tres abogados por agraviar su investidura. Los argumentos para que evitar que se concrete esa medida son tan desopilantes como insólitos.

Todo comenzó en los primeros días del presente mes de diciembre, cuando Eleonora Sartor, apoderada del Banco Nación, junto con Sebastián Spiller y María Laura Campas, representantes legales de los trabajadores de Vicentin, presentaron al juez Fabián Lorenzini un pedido para que incorpore al proceso concursal un informe (“La crisis de Vicentin y los grupos empresariales que se expandieron a partir de su caída; 2019-2020”), pedido que fue aceptado.

Pero Lorenzini apercibió a los tres abogados, enviando copia de la decisión a los colegios profesionales en los que se encuentran matriculados, al considerar que en el escrito de la solicitud habían realizado manifestaciones “altamente agraviantes” que “constituyen por sí mismas actos de una evidentemente lesividad a la investidura judicial, además de pretender poner en tela de juicio la imparcialidad del suscripto”.

Entre las manifestaciones citadas por el propio Lorenzini como “una falta de respeto a la autoridad” se incluyen, por ejemplo, menciones referidas a la voluntad del juez para permitir “que el Clan Vicentin siga vaciando y trasvasando activos del resto del grupo” y que el accionar del magistrado está orientado a  “dar más tiempo para la licuación de activos” presentes en el capital concursal (recordemos que la deuda está en pesos argentinos), además de actuar como “posibilitador de que los elefantes sigan desfilando y desapareciendo tras bambalinas” (sic).

Posteriormente, Sartor presentó un escrito en el cual retiró las expresiones vertidas para ofrecer disculpas a Lorenzini, a quien dijo tener “respeto y elevada admiración y consideración como magistrado, así como persona”.

La representante del Banco Nación remarcó que, “si por el contenido del infortunado escrito que he debido presentar en cumplimiento del mandato laboral, V.S. (por el juez) ha interpretado que la suscripta duda de su recto y elevado criterio judicial, desde ya le ofrezco sinceras disculpas, pues considero personalmente que V.S. ha actuado y resuelto en todo momento en cumplimiento del elevado criterio de justicia que reviste y con imparcialidad y objetividad”.

Sartor dijo comprender “las razones y motivaciones del decisorio sancionatorio”, pero señaló que su deber como abogada entró “en conflicto con mi deber laboral (débito laboral), que detento por encontrarme en una situación de subordinación laboral dentro del Banco de la Nación Argentina”.

El escrito que motivo la sanción, aseguró Sartor, “ha sido presentado por la suscripta en estricto cumplimiento de una orden impartida por mi superior jerárquico en la estructura laboral que integro dentro del banco”.

“Por ello, es que viene a peticionar a V.S tenga presente el dilema moral en el que me encontraba en oportunidad de la presentación judicial, pues el incumplimiento del débito laboral podría llevarme a imposición de sanciones internas en el ámbito del contrato de trabajo con el banco empleador”, afirmó.

Sartor entonces concluyó que las expresiones desafortunadas no se produjeron con “la intención de faltar el respeto a la autoridad de V.S ni de proferir agravios, sino que simplemente ha sido el cumplimiento del deber laboral como dependiente del banco pretenso acreedor”.

En virtud de tales argumentos, la representante legal de Banco Nación solicitó a Lorenzini que deje sin efecto la sanción disciplinaria o que eventualmente disponga una sanción menos gravosa.

Los abogados Campas y Spiller, por su parte, solicitaron a Lorenzini que deje sin efecto la sanción o bien que, en caso contrario, se tenga presente la apelación de la misma en subsidio.

“El escrito presentado, si bien tiene frases fuertes, ninguna de ellas es de carácter personal hacia la investidura del señor juez, ni tampoco lesivas de su imparcialidad”, aseguraron, para luego añadir que la finalidad del texto era alertar al juez “sobre el posible final horroroso que la empresa (por Vicentin) puede tener y que esperemos que no sea la quiebra, aunque vemos muy difícil que ante semejante pasivo y la poca actividad de la empresa, sumado al desprendimiento de activos, otro sea el final”.