En un hecho impensado, porque nunca la discusión sobre un cultivo transgénico mereció en la Argentina (que ya tiene 25 años de experiencia con OGM) la participación de la justicia, la Federación de Acopiadores amenazó con abrir un expediente judicial para frenar la decisión del gobierno de liberar el trigo transgénico HB4, desarrollado por la empresa Bioceres en conjunto con el Conicet. Los acopiadores son parte de la cadena comercial vinculada al cereal, que en general se ha opuesto a la liberación de esa variedad por temor a perder mercados.
La Federación informó que mandó envió cinco cartas documento a autoridades del Ministerio de Agricultura, de Bioceres e Indear “responsabilizándolos por las graves consecuencias que tendría para el país la liberación del trigo OGM”. También avisó que “acudirá a la justicia para impugnar la Resolución 41/20 de la Secretaría de Alimentos, que hace un mes aprobara el trigo HB4 aunque condicionado a lo que finalmente decida Brasil. Si el vecino país finalmente lo acepta, aquí se podría comenzar a sembrar desde la campaña 2021/22.
Los funcionarios y empresarios a los que los Federaciones enviaron las intimaciones son Marcelo Alos (secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional), Javier Preciado Patiño (subsecretario de Mercados Agropecuarios) y Joaquín Manuel Serrano (presidente del Instituto Nacional de Semillas), todos pertenecientes al Ministerio de Agricultura. Las carta documento también fueron dirigidas a Bioceres Semillas y al Instituto Biotecnológico de Rosario (INDEAR), que esta empresa comparte con el Conicet.
Como el sanjuanino Alos es el firmante de la resolución que aprueba de forma condicional la liberación del trigo transgénico, la entidad “lo responsabiliza por todos los perjuicios que esta decisión provocaría sobre el mercado nacional e internacional de trigo convencional, productos y subproductos derivados”.
El argumento de los acopiadores, que deberían segregar ese trigo para diferenciarlo del convencional en caso de que se aprobara, es que el HB4 “producirá una contaminación nociva que incidirá perjudicialmente los intereses económicos y generales del país”.
Asimismo, la Federación consideró que es “desproporcionada” la superficie sembrada con este evento (supuestamente para contar con semilla para el momento de la liberación comercial, y que alcanza las 6.200 hectáreas en acuerdo con diferentes productores. “Estamos ante la inminente cosecha de esa producción y la contaminación sería fatal”, advierten en la carta documento desde la Federación de Acopiadores.
Para esta entidad, ese evento transgénico que aporta al cultivo del trigo (la variante original se ensayó en soja, pero esta depende de la aprobación de China) una mayor resistencia al estrés hídrico, “se ha liberado sin fundamentos técnicos adecuados y eficaces”, a la vez que “va en contra de lo requerido por los consumidores internos y externos de trigo y harinas, que exigen productos libres de transgénicos”.
También la Federación de Acopiadores intima al secretario Alos a que “en forma inmediata y sin más trámite” revoque y deje sin efecto la liberación, teniendo en claro que podrá ser denunciado tanto de forma civil como penal -según corresponda- por hacer caso omiso a los detalles de la Resolución 763/11“. En la interpretación de la entidad comercial, dicha Resolución afirmaría que “INDEAR debe abstenerse de producir y comercializar” ese evento, aunque en realidad no lo menciona y solo fija reglas para la aprobación de OGM. Pero los acopiadores consideran que los desarrolladores de esta variedad metieron la para al “motorizar un convenio con Aapresid que implica una comercialización llana del producto a pesar de no estar aprobado”.
A Serrano, el presidente del INASE, se le reclamó por “los fundamentos técnicos y científicos que han sido evaluados para autorizar esa superficie sembrada con el evento OGM, también las inspecciones para verificar las condiciones de bioseguridad en cada lote sembrado, el aislamiento, confinamiento, segregación y logística para evitar la contaminación”.
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A Preciado Patiño, titular de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, se le solicita ponga a disposición el detalle de los análisis técnicos y comerciales nacionales e internacionales que fundaron la aprobación condicional del trigo, que exponga quiénes han sido los especialistas del mercado triguero consultados y cuáles fueron sus argumentos para liberar el primer trigo transgénico del mundo.
A Bioceres Semillas y el INDEAR de Rosario, en las cartas documento, “se los responsabiliza preventivamente, tanto en sede civil como eventualmente penal, por los daños y perjuicios irreversibles e irreparables que producirán insertando esa variedad de trigo genéticamente modificado que ya está en poder de los productores, acción con la que violan el deber obligatorio -expresado en el Art. 16 de la Constitución Nacional y los Art. 1.710 y 1716 y Conc. del Código Civil y Comercial de la Nación- de no dañar, ya que actúan a sabiendas del rechazo público de los mercados compradores”.
