Una tonelada de soja que a junio de 2019 valía 365 dólares al ser exportada tributaba el 41% de impuestos, unos 150 dólares por tonelada, que era cinco veces más que las utilidades de toda la cadena productiva, que promediaron el 9% (unos 33 dólares) sumando a productores, acopios y a la industria aceitera. El resto del precio, el 50%, se consumía en los costos de producción y comerciales. Dicho de otro modo, el Estado en todas sus formas (municipios, provincias y Nación) se llevaba el año pasado 5 dólares por casa 1 que regresaba al sector productivo.
Los datos surgen de un estudio que la cadena de la soja, Acsoja, encomendó a la Fundación FADA. Sus economistas, David Miazzo y Nicole Pisani Claro, calcularon ese nivel de presión impositiva, que es mucho más elevado si los 150 dólares que van a la recaudación se comparan contra el margen bruto (en ese caso la presión fiscal llega al 68%) y contra el valor agregado (59%) obtenido por esa cadena productiva, que es por lejos la de mayor envergadura de la economía argentina.
La incidencia de los impuestos fue calculada para junio de 2019, en el inicio de la campaña agrícola 2019/20, pues se trató de tomar una fotografía contando con todos los datos, eslabón por eslabón. Pero también fue necesario actualizar los porcentajes, porque el precio de la soja bajó bastante y el principal impuesto que paga la cadena sojera, que son las retenciones, pasó del 27% que tenía hace un año al actual 33%. En ese caso, con la foto actual, el Estado recauda ahora 165 dólares por tonelada, lo que equivale al 45% del valor de mercado del producto.
“Este trabajo, que llevo mucho meses elaborarlo. surgió como una idea de Acsoja para atacar el problema”, remarcó Luis Zubizarreta, que proviene del sector industrial y preside esa entidad. El problema, según su definición, es que la producción argentina de soja está estancada e incluso en retroceso (este año se cosecharán 49 millones de toneladas, desde el récord de 2015 que fue de 61 millones). Pero sobre todo el problema es que el potencial de producción podría ser bastante mayor. La definición implícita es que la alta carga impositiva que pesa sobre el sector está operando como un ancla. Que la frena.
Del trabajo de la riocuartense FADA surge cuáles son los impuestos que pesan sobre los diferentes eslabones de la cadena: primario, comercial e industrial. De lejos descollan las retenciones como la gran bestia a vencer, ya que representan solitas el 66% de la presión fiscal sobre el sector, mientras que el restante 34% se divide entre impuesto a las Ganancias, el impuesto a los Cheques, Ingresos Brutos, el Inmobiliario Rural y las tasas municipales. Por la importancia de los derechos de exportación (DEx) resulta también que el Estado nacional se lleva el 93% del dinero recaudado de la soja, mientras que provincias y municipios se reparten un mínimo 7%.
En base a esta descripción de situación, Acsoja se animó a hacer una propuesta ambiciosa al gobierno, aunque el propio Zubizarreta se mostró muy cauto sobre la posibilidad de que les pueden llegar a llevar el apunte. “Tenemos la llave y la salida está clarita. Reducir impuestos para permitir que crezca la producción y se expanda la frontera agrícola es el camino para que la Argentina salga adelante. Nosotros lo sabemos como sector y estamos cansados de repetirlo. Ahora tenemos que ver cómo convencer a quienes toman las decisiones. No es una tarea fácil”, admitió.
La propuesta de Acsoja al gobierno de Alberto Fernández es, de algún modo, recuperar el sendero a la baja de las retenciones que había iniciado el gobierno de Mauricio Macri, pero que a partir de 2018 se discontinuó. Según los números de FADA, si se redujera el peso del tributo aduanero del 33% actual a un 20% en 2027 (es decir cerca de 2 puntos por año), la producción de soja podría crecer a 68,5 millones de toneladas en estos siete años.
Esto, lejos de achicar la recaudación del fisco, la incrementaría en 500 millones de dólares, desde los valores actuales que rondan los 7.000 millones anuales. Por supuesto, es un ejercicio teórico que dependerá de los precios y de que se cumplan los pronósticos de una mayor cosecha. En ese punto, Zubizarreta prefirió no atar la baja de retenciones a una suba de la producción, en tanto esta depende de muchos otros factores que no pueden manejarse, como el clima. Pero en este esbozo hay otras ganancias, como medio millón de fletes de más y unos 4.500 millones de dólares adicionales como ingreso de divisas.
“La cadena de la soja considera que los DEx son un impuesto distorsivo y pide su eliminación. Pero esta propuesta intenta plantear una salida posible en términos de impactos económicos y fiscales. Un sendero de baja de retenciones como este genera dos efectos al mismo tiempo. Por un lado cumple el rol de sostener parte de los ingresos fiscales, pero al mismo tiempo genera expectativas positiva para la cadena, sobre un crecimiento de la producción y de la industrialización, con más mano de obra y mayor generación de divisas”, sintetizó Miazzo.
