Son escasa las ocasiones en que la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) se ve obligada a salir de la comodidad de su territorio “tecnológico” para emitir declaraciones de contenido más político. Lo hizo esta vez en función del conflicto judicial que envuelve a la producción agrícola de la provincia de Entre Ríos, donde se determinaron exageradas zonas prohibidas para e uso de agroquímicos.
En un comunicado, la entidad remarcó “la necesidad de que las regulaciones y fallos respecto de los productos fitosanitarios, especialmente su aplicación, se sustenten en una base científica sólida de modo de alcanzar la sustentabilidad productiva”.
En el documento, Aapresid informó que ha firmado junto a otras instituciones agropecuarias de Entre Ríos un pedido de audiencia al gobernador Gustavo Bordet, para discutir un nuevo decreto reglamentario de las aplicaciones de agroquímicos en el territorio provincial. Este decreto ha sido forzado por la decisión judicial de establecer una prohibición precautoria para el uso de estos insumos en un radio de 1.000 metros alrededor de las escuelas rurales y las zonas pobladas, en el caso de pulverizaciones con equipos terrestres. Esta decisión, según evalúan las entidades de la Mesa de Enlace local, dejaría la friolera de 300 mil hectáreas sin posibilidad de usarse en la agricultura más convencional.
Luego de ofrecer “su bagaje de conocimientos y experiencias en pos de impulsar sistemas de producción sustentables”, los directivos de Aapresid destacaron que “nuestro país tiene una importante capacidad de innovación en la producción agrícola y los fitosanitarios son una de las herramientas utilizadas dentro de un sistema de intensificación sustentable”.
Luego, sin llamarlos ni siquiera como ‘agroquimicos’, la organización de productores de punta remarcó que “en Argentina existen normas que regulan el registro, la autorización de uso, la comercialización, aplicación de fitosanitarios y el tratamiento de sus residuos y envases vacíos”.
También puso como ejemplo de lo que se debería hacer en el caso entrerriano y en otras provincias su programa llamado “Municipio Verde”, bajo el cual “certifica las prácticas sustentables en las producciones periurbanas y otras áreas sensibles, permitiendo establecer la interacción de los distintos actores involucrados en toda la secuencia productiva, incluida la fiscalización, bajo un sistema de gestión de calidad”.
“Este sistema está a disposición de toda la sociedad y es certificado por una tercera parte (IRAM) no involucrada en el proceso productivo, ni en la fiscalización, que constata que los procesos se estén llevando a cabo debidamente, dando transparencia a todo el Sistema. Asimismo, por tratarse de una norma de adopción voluntaria es compatible con toda la legislación y ordenanzas vigentes en cada localidad, asegurando también su cumplimiento”, explicó la institución.
Por otro lado, a través de IRAM 14130, también iniciativa de Aapresid en conjunto con otras organizaciones, se tiene por objeto establecer los requisitos para la aplicación de las buenas prácticas en maquinaria agrícola y contempla la aplicación de todos los requisitos técnicos necesarios para la verificación técnica de la maquinaria, la capacitación de los operarios y el cumplimiento del marco legal.
Según Aapresid, “las herramientas mencionadas vienen dando sobradas muestras de logros para alcanzar sistemas de producción sustentables, en el que los fitosanitarios constituyen sólo una herramienta más entre otras tantas”.
Veremos qué opina la justicia.
