A ponerse el casco: Después de la exigencia sobre deforestación podría sobrevenir otra catarata de imposiciones ambientales de la Unión Europea

La Argentina, y ahora también parece que Brasil, se han sometido casi sin ruborizarse a la decisión de la Unión Europea (UE) de imponer como una novedosa regulación del comercio la exigencia a sus proveedores de materias primas agropecuarias de que a partir de 2025 la soja o la carne provengan de campos que no hayan sido deforestados luego de 2020.

En nuestro caso, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, incluso exagera esta posición casi de sometimiento con sonoras declaraciones públicas, y no discute ni la exigencia ni los plazos ni las ayudas necesarias para implementar los programas de trazabilidad que serían necesarios aquí para asegurar dicha certificación: productos libres de deforestación, a gusto de los europeos, made in Argentina.

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Los sectores de la agroexportación son los primeros que han hecho la venia a las exigencias de los europeos, que para muchos países pueden suponer un atropello al libre comercio y por lo tanto a sus posibilidades de desarrollo de una Nación. Finalmente para ellos no hay países sino mercados donde colocar la mercadería. Y si los costos son mayores debido a esta exigencia, será fácil para ellos trasladarlos al productor, como tantas otras veces ha sucedido.

“Mirá gringo si vos me vas a decir donde puedo deforestar o donde no”, habría dicho Pancho Villa en otros tiempos. Más cerca en el tiempo, la Organización Mundial de Comercio (OMC) hubiera objetado este condicionamiento sobre el intercambio de mercaderías, asumiendo que se trata de una barrera paraarancelaria. Pero aquí unos y otros la aceptan sin regañar, y algunos hasta la aplauden. Es que combatir la deforestación los coloca del lado correcto de la historia. La lucha contra el cambio climático unifica a países desarrollados con los que todavía están en vías de desarrollo, o incluso involucionando como la Argentina.

Todo bien, armemos el VISEC y la trazabilidad individual de los bovinos, que es la nueva medida que se seguramente irá a impulsar Bioeconomía con grandes chances de favorecer a un solo grupo proveedor de esa tecnología. Pero también sepamos que detrás de esta exigencia ambiental iniciática aplicada por la UE casi sin resistencias ni contraprestación visible (¿acaso el Mercosur no podía exigir al bloque europeo que redujera sus subsidios o sus aranceles a la importación de alimentos procesados?) se vienen otros condicionamientos, tanto o igualmente complicados.

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Eso queda claro cuando se lee hoy en la agencia española EfeAgro titulada: “Las normas de la UE sobre deforestación y carbono guían a las ‘cláusulas espejo'”. 

Blanquea el artículo: “Una de las principales demandas de los agricultores europeos en las protestas de los últimos meses ha sido la de exigir que las importaciones de terceros países cumplan los mismos requisitos que tienen las producciones de la Unión Europea (UE), más estrictos en el uso de productos fitosanitarios, bienestar animal, entre otras cuestiones”.

En este sentido, EfeAgro cita declaraciones del vocero de la Comisión Europea en el área de Comercio, Olof Gill, quien indicó que ‘cláusulas espejo’ se negocian caso por caso en el marco de la cooperación bilateral con socios, en acuerdos comerciales y foros multilaterales. Pero ya los países empiezan a reclamar por decisiones unilaterales. El Gobierno de España, por caso, espera que la UE apruebe estas condiciones en su propia legislación, si bien todavía no cuenta con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros.

Un tema sensible es el listado de agroquímicos permitidos y en especial los límites máximos de residuos permitidos. La UE tiene un sistema de evaluación común para todos los productos agrícolas destinados a la alimentación, en conformidad con las normas de la OMC. Pero podría comenzar a imponer límites más bajos a sus socios comerciales, al margen de lo que se discuta en el Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC.

Como precedentes recientes, la UE defiende la compatibilidad de su nuevo impuesto sobre las importaciones de carbono desde terceros países con las normas de la OMC, puesto que los importadores pagarán por la huella de carbono de sus productos “el mismo precio” que los productores de la UE, y está recopilando datos antes de empezar a cobrarlo en 2026.

En todos estos casos, la Unión Europea tiene el derecho de decidir unilateralmente su nivel de protección, incluso si hay estándares internacionales, y adoptar uno más estricto apelando a evidencia científica o invocando el bendito “principio de precaución”.

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El experto Petros Mavroidis dice que las “cláusulas espejo” deben cumplir el principio de la nación más favorecida, que en el lenguaje de la OMC significa tratar por igual a los socios comerciales y extender cualquier ventaja concedida a una parte a todo producto similar de las demás partes.

Aunque falta ver cómo se aplicará el impuesto al carbono importado, Mavroidis señala que esta extensión del régimen de comercio de derechos de emisión de carbono de la UE es consistente con las reglas internacionales si todos los productos similares pagan la misma carga.

Malasia, lejos de la posición dócil de los países del Mercosur, llevó el reclamo por las exigencias anti-deforestación a la OMC, ya que podría dañar su comercio de aceite de palma. Pero el panel internacional por ahora le dio la razón a los 27 países europeos.

Para el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), “a veces falta coherencia entre las políticas internas europeas y sus ambiciones y aquellas externas, sobre todo en comercio”. El bloque dice que no se trata de poner barreras proteccionistas, sino de evitar que los pesticidas que se eliminan gradualmente en la UE regresen al mercado en los alimentos importados.

Para los productores europeos, dice el artículo de EfeAgro, muchos de los países extracomunitarios (léase Argentina) “tienen interés en acceder al mercado europeo, de precios más altos, pero compiten con ventaja si no necesitan cumplir con las regulaciones comunitarias, que suelen ser más pesadas”.

“A menudo el argumento es que nosotros tenemos la Política Agraria Común (PAC) y los subsidios, pero otros muchos países también tienen esquemas de apoyo, sin necesariamente los mismos requisitos de sostenibilidad para acceder a ellos”, afirman desde Copa-Cogeca, que se muestra a favor de implementar acuerdos comerciales “verdes”, inversiones en infraestructuras y transferencia de tecnología, más transparencia e intercambio de información, y un enfoque colaborativo.