Ya es historia conocida el despido de dos abogadas de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA), a las que el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, decidió echar de su trabajo con un argumento falaz y preocupante para la libertad de prensa: primero se las acusó de filtrar un documento a Bichos de Campo, aunque luego -como era fácil demostrar que eso era mentira- el propio funcionario declaró que habían sido simplemente víctimas del ajuste en el Estado. Las empleadas, a pesar de llevar muchos años dentro del organismo, eran contratadas, con lo cual no tuvieron ni derecho a una indemnización. Quedaron patitas en la calle.
Distinto es el caso del ex director de Fiscalización Comercial Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, el veterinario Alberto Daniel Martínez Alonso, quien la semana pasada fue invitado a dejar el cargo dentro de la ex ONCCA, que ocupaba desde marzo de 2021, para “buscar otro lugar” fuera del edificio de Paseo Colón, que posiblemente sea el INTA.
En un audio que envió a varios ex compañeros de trabajo, Martínez Alonso confirmó que había tenido mejor suerte que las dos pobres abogadas que despidió Vilella sin argumento y a las que les abrió un sumario por la falsa filtración. Es que el funcionario, quien respondía al ex subsecretario de Mercados del kirchnerismo, el contador Luciano Zarich, había sido tocado por la varita de la “planta permanente” (Nivel B, Función Ejecutiva III) y por lo tanto tenía cierta estabilidad en su puesto de trabajo.
Esto no impedía que Vilella hubiera realizado una investigación más profunda sobre la actuación de este veterinario, quien tenia a su cargo la conducción de los equipos que debían salir a fiscalizar tanto establecimientos de faena como acopios y otras instalaciones de las empresas agrícolas. Pero a esta altura está más que claro que los funcionarios de la gestión Zarich gozan de cierta impunidad. De hecho, el otro director de la ONCCA, el de Registro y Matriculación, José Secchi, continúa hasta ahora en funciones.
Sus ex compañeros, la mayoría de los cuales no lamentó para nada su salida, sugirieron que en ese caso sí hubiera sido pertinente un sumario administrativo de la gestión de Martínez Alonso, las que el nuevo director nacional de Control Comercial Agropecuario, Matías Canosa, solo revisó por arriba y únicamente para lo que va del ejercicio 2024.
“Lo corren porque no pudo justificar el trabajo realizado solo en 2024. No hay actas que justifiquen los trabajos (las inspecciones), y por lo tanto los viáticos no fueron abonados”, dijo una fuente. Otra versión indicaba que había muchas irregularidades en las certificaciones para poder exportar carne de feedlot bajo la Cuota 481 a la Unión Europea. “A los frigoríficos les entregan el acta ya hecha y solo firman, es decir no certifican nada”.
No es lo único. También hay revuelo porque no existen actas de entrega a los comedores populares de la carne decomisada en algunos operativos. Y ya son conocidas las inspecciones y multas que le Dirección de Fiscalización realizó sobre algunos molinos Pymes, solo como mecanismo de apriete para que ingresen al FETA, el fideicomiso harinero al que finalmente adhirieron 20 de los 153 molinos existentes, porque era un escándalo.
Pese a todo eso, Martínez Alonso tuvo mucho más suerte que las dos abogadas que sin beberla ni comerla fueron expulsadas de Agricultura con falsas denuncias y sin contemplar ningún derecho laboral.
Al parecer, el secretario Vilella puede dormir tranquilo. Y Martínez Alonso seguro encontrará conchabo en otro sector del Estado.
Sr. Longoni, ser “planta permanente” no es estar tocado por “una varita” ni es un privilegio. Es el modo legítimo que existe para ingresar a cada puesto del Estado. Si Ud. tuviera un negocio, tomaria un examen a los candidatos y elegiria al mas apto para un puesto, estimo. Pero el Estado, gracias al “prócer” Cavallo, no lo hace mas desde 1994, instalando el modelo de ingreso de acomodados por los políticos de turno con contratos “en gris” y valores inconexos, aunque se estrellen un helado en la frente. Si los hijos estudiosos de los opinologos de TV trabajaran para el Estado, querrian que le den estabilidad, que tengan una carrera administrativa acorde a sus virtudes y no dependan de un contrato de obra mentiroso y sin derechos. Cada concurso tiene un jurado acorde, permite competir a los aspirantes con reglas claras y otorga poder de veto si hay falencias.
Nunca te leí tirando mierda en la época de Rossi, y eso q tenía cosas oscuras. Tampoco te leo demasiado tirando bosta del Senasa (que siempre tuvieron cosas oscuras). Me parece que deberías averiguar más a fondo si querés un país enserio y no apuntar para el lado que te conviene. Los matarifes fueron truchos siempre y gobierno que pase es difícil erradicarlos. Afip los pone como apócrifos y no entran a controlarlos, los deja vender en negro. Para detectarlos hay q agarrarlos cometiendo el delito. Me parece q estas notas se encaminan mas hacia ciertas gestiones, q a un país que busca la legalidad por sobre el poder de turno. Saludos