Entre las campañas 2018/19 y 2024/25, es decir en los últimos siete años, la provincia de Entre Ríos “transfirió al Estado Nacional un promedio de 93 millones de dólares por año en concepto de Derechos de Exportación (DEX) sobre los principales cultivos: soja, maíz, trigo y sorgo”. La suma entonces ronda los 650 millones de dólares de exacción a los sectores productivos entrerrianos.
Lo estimó un trabajo conjunto realizado entre la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el Consejo Empresario de Entre Ríos, y las Facultades de Ciencias Económicas y Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Obviamente la situación ha ido cambiando año a año ya que cambiaron no solo los volúmenes cosechados en la provincia, sino también los precios de los granos y la alícuota aplicada de retenciones. “Los resultados muestran que el máximo de aportes se registró durante la campaña 2021/22, con un ingreso fiscal cercano a 143 millones de dólares, impulsado por precios internacionales en alza y elevados volúmenes exportados”, indicó el trabajo.

En contraste, la sequía de 2022/23 y la baja de precios internacionales redujeron en aquel momento la producción y las exportaciones, provocando una caída en los ingresos fiscales.
La reciente campaña 2024/25 muestra una recuperación interanual, impulsada por la cosecha récord de soja y una baja temporal en las alícuotas, que en el caso de la soja han bajado actualmente al 26%.

Según esta estimación, las retenciones sobre los cultivos entrerrianos representan “una transferencia significativa de recursos desde el sector agrícola provincial hacia el Estado Nacional”.
Un modo de entenderlo es que en la última campaña, ese monto equivalió al valor productivo de 209.240 hectáreas de soja, es decir, el 16% del área total sembrada en Entre Ríos, o bien 532.086 toneladas de maíz al precio pizarra del día 4 de septiembre, lo que representa, el 27% de la producción de la última campaña.
El informe concluye que, si bien los derechos de exportación cumplen ciertos objetivos fiscales, su impacto sobre la rentabilidad y las decisiones de inversión del sector agropecuario requiere un análisis más profundo, especialmente en provincias con menor competitividad relativa. Además plantea la necesidad de considerar mecanismos de “segmentación” que contemplen la situación de los pequeños y medianos productores, los más afectados por este tipo de políticas.






Y hay gente q evade y no paga impuestos, y después blanquea y después dice con la mía no! Y rompe las rutas con sus camiones y usa a la policía y toda la seguridad q te puede proveer el país, más toda la salud y educación para el y para sus empleados con la mía….. conclusión “quieren un país serio” jajajaja …. podría seguir y seguir y seguir…..con la tuya…. Conlaaaa tuyaaaa….
Vale decir que las retenciones se coparticipan con todas las provincias, incluidas aquellas cuya producción agrícola es poca o nula. Sin embargo, las regalías por actividades petroleras o mineras se lo quedan las provincias donde esas explotaciones tienen lugar. Los gobernadores de esas jurisdicciones tienen sus diputados y senadores que son los principales lobistas para que ese flujo continuo de dinero por retenciones les ingrese a cambio de reformas y sanciones de leyes que son herramientas de un gobierno federal para sostener la macro. Personalmente creo que hay que modificar la ley de coparticipación y con la producción agrícola ir por un sistema de regalías como en el caso de las provincias petroleras o mineras. Y en cada provincia agropecuaria ponerle coto al gasto porque los caciques provinciales buscan el modo de perpetuarse como ha sucedido en Snata Fe donde el gobernador radical ha hecho modificar la constitución provincial sin quitar una institución betusta como el senado provincial e ir por una unicameral todo por tener su oportunidad de reelección. Penoso todo como este país se sigue dando tiros en el pie.