Las juezas de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, Natalia Prato y Silvia Varas, hicieron lugar a una medida cautelar innovativa y ordenaron a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal (dependiente del Ministerio de Producción, Industria y Empleo del Chaco) la inmediata suspensión de todo permiso o autorización de aprovechamiento o cambios de uso de suelo y desmontes.
La medida comprende a todas las categorías de conservación establecidas por al Ley de Bisques (rojo, amarillo y verde), en cualquier estado de ejecución en que se encuentre desde el mes de diciembre de 2014, a excepción de los planes y trabajos de conservación que no impliquen la conversión de los bosques. La orden judicial durará hasta “despejar la incertidumbre respecto de las solicitudes otorgadas con posterioridad al vencimiento del plazo de vigencia y actualización del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo establecido por la Ley Nº 26.331 y el Decreto Reglamentario N 91/09″.
La presentación judicial fue hecha por la organización Conciencia Solidaria. Pero una de las que más celebró el fallo fue la internacional Greenpeace, que además reclamó al gobierno provincial de Jorge Capitanich que este veredicto sea el punto de partida para establecer medidas que terminen con la deforestación.
“Es un paso muy importante que la justicia chaqueña haya suspendido los desmontes. Y un logro de todas las organizaciones y personas movilizadas en defensa del bosque. El gobierno provincial tiene que entender que este debe ser el principio del fin de la deforestación en la provincia. Es hora de que se prohíban los desmontes para siempre”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El reciente fallo consideró “que el artículo 7 de la Ley 26.331 establece la prohibición de toda acción de desmonte hasta tanto se sancione el OTBN local, y que el artículo 6 del Decreto 91/09 obliga a las jurisdicciones provinciales a actualizar sus respectivos ordenamientos cada cinco años desde la sanción del instrumento legal. Entiende que, en la medida en que la Provincia del Chaco sancionó la Ley 1762-R en el mes de diciembre del año 2009, correspondía ingresar al proceso de actualización en el mes de diciembre del 2014″. Por eso porhibe todo lo que se haya hecho de ahí en adelante.
Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, Chaco fue la provincia con más pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.177 hectáreas deforestadas.
A fines de 2018, Greenpeace denunció la complicidad del gobierno provincial con grandes empresarios agropecuarios, al realizar cambios de zonificación prediales para desmontar donde la normativa nacional no lo permite. Tras la fuerte presión de organizaciones sociales, el 29 de enero de 2019 el gobierno derogó, mediante el decreto 298/2919, las disposiciones que permitían estas modificaciones.
En mayo del año pasado, el Juzgado Civil y Comercial de la 21º Nominación de Resistencia suspendió la ejecución de los desmontes en las fincas recategorizadas hasta que haya una resolución sobre el amparo que presentó la Defensoría del Pueblo del Chaco para que se anulen los permisos.
“Más desmontes significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”, advirtió Giardini, que desde Greenpeace está impulsando una petición hacia los gobernadores de Chaco (Jorge Capitanich), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), y Formosa (Gildo Insfrán), para que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
