Mientras en Córdoba se discuten los aumentos en las alícuotas del el impuesto al inmobiliario rural, que en promedio subió un 172%, la Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba –un modelo de gestión público-privada que trabaja para mantener la red de caminos secundarios y terciarios no pavimentados, y que se financia de parte de lo recaudado por ese tributo- ratificó la importancia de seguir sosteniendo su labor.
A través de un comunicado, esa agrupación afirmó que trabaja “cotidianamente en la mejora de 57.800 kilómetros de caminos”, de la mano de 14 mil productores asociados en 286 Consorcios y 19 Regionales. Los fondos para esa labor provienen del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), conformado por la recaudación del mencionado impuesto.
“En el último año, y como parte de un compromiso para fortalecer y poner en valor el sistema, el Gobernador Martín Llaryora destinó más de 21.000 millones de pesos a los Consorcios y las Regionales para el reequipamiento y adquisición de maquinaria. Este impulso renovado aseguró los recursos e insumos que eran necesarios para el cuidado de los caminos”, señalaron desde la Asociación.
A continuación, añadieron: “Mientras que en otros contextos la obra pública queda sujeta a recortes o paralizaciones, en Córdoba el mantenimiento y la mejora de los caminos rurales están salvaguardadas, gracias al aporte de los productores a través de sus impuestos y al trabajo conjunto entre los consorcios que gestionan y el Estado que financia”.
Por este motivo, la Asociación ratificó su “compromiso con este modelo asociativo, para que la producción agropecuaria y la vida de nuestros pueblos del interior no se detengan”.
