Cuando el presidente hace firmar un decreto por todo su gabinete es porque se está mandando alguna macana. La historia del kirchnerismo está plagada de casos en que la cofradía política se convoca para cubrir las espaldas del Poder Ejecutivo. El de esta medianoche parece ser uno más de esos casos: Alberto Fernández convocó a todo sus ministros a firmar el decreto 288/2023, que deriva unos 300 millones de dólares de la recaudación por retenciones pagadas por la industria sojera para financiar un fideicomiso que ha mostrado ser a todas luces ineficaz y se parece demasiado a un curro: el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
“Destínase al Fondo Fiduciario Público denominado FETA, creado por el decreto 132 del 19 de marzo de 2022, un importe equivalente en hasta 1,3 puntos porcentuales de la alícuota del derecho de exportación de las mercaderías alcanzadas por las posiciones arancelarias 2304.00.10, 1507.10.00, 2302.50.00, 1507.90.11, 1507.90.90 y 2308.00.00, en todos los casos que contengan soja”, dispone el artículo 1° de este decreto firmado por el Presidente y todo su Gabinete. Los extraños números se refieren al harina y al aceite de soja, principales producciones exportables de la Argentina.
El FETA fue un invento del ex secretario kirchnerista de Comercio Interior, Roberto Feletti, que con la excusa del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania estableció un fideicomiso para subsidiar los precios de la harina mayorista destinada a las panaderías. La idea era frenar el precio del pan común, pero ese alimento igual subió tanto o más que la inflación general desde abril de 2022, cuando este mecanismo se puso finalmente en marcha.
Este fideicomiso fue desaconsejado tanto por el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, como por su par de Agricultura, Julián Domínguez. Ambos están fuera del gobierno y sus áreas fueron absorbidas por Economía, a cargo de Sergio Massa. El secretario de Comercio designado por este nuevo ministro, Matías Tombolini, ni bien asumió declaró que el mecanismo era ineficiente y debía ser corregido. Pero luego se llamó a silencio y respetó las directivas que venían de la gestión de Feletti.
El FETA fue rechazado públicamente también por todas las cámaras de la industria molinera, que consideraron que no era oportuno subsidiar el eslabón de la harina mayorista, sino que había que destinar la ayuda directamente a las panaderías y los consumidores. Al mecanismo solamente se anotaron primero unos 3 molinos sobre un universo de 150 que lo rechazaron. Con el correr de los meses esa cifra se estiró a 20 empresa, pero la inmensa mayoría del sector siempre se opuso al fideicomiso, por considerarlo discrecional e ineficiente para los objetivos de frenar la suba de los precios del pan común, que en abril del año pasado rondaban los 250 pesos por kilo y ahora ya superan los 500 pesos.
El FETA se instrumentó de todos modos e incluso destinó pagos de anticipos por 1.400 millones de pesos a solo tres empresas, de los cuales 1.100 millones fueron destinados a Molino Cañuelas, la empresa de mayor porte en el sector molinero. La firma, liderada por el empresario Aldo Navilli, está en convocatoria de acreedores desde septiembre de 2021 por una deuda semejante a la de Vicentin, de unso 1.300 millones de dólares. Le debe incluso mucha plata al fisco. Pero fue la gran beneficiada con todo este operativo, que le inyectó capital de trabajo para seguir operando e incluso ganar posiciones en el mercado de la molienda de trigo.
Hasta ahora, el FETA se había financiado por la suba de dos puntos porcentuales de las retenciones a los subproductos de la soja (del 31 al 33%) que rigió entre abril de 2022 y diciembre de ese año. Sergio Massa anuló esa suba cuando a fin del año pasado debió solicitar a las empresas aceiteras que accedieran a liquidar más divisas en el operativo Dólar Soja 2. Hasta ese momento el FETA había recaudado unos 34.000 millones de pesos, y el 70 u 80% de los recursos del fideicomiso habían ido a parar a manos de Molino Cañuelas.
Comercio Interior nunca elaboró ni publicó un informe de acceso público con esa recaudación y con la asignación de esos recursos, ni en la época de Feletti ni ahora tampoco con Tombolini. El administrador es el banco estatal BICE, que tampoco facilitó datos salvo cuando se presenta un pedido de acceso a la información pública. Por este asunto, diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal contra funcionarios pero también contra la empresa Molino Cañuelas, que no ofrece avances.
Como el dinero recaudado por el FETA se estaba agotando (según el diario La Nación duraría hasta el mes de junio), Massa y Tombolini se reunieron en febrero pasado con el titular de la Federación de la Industria Molinera, Diego Cifarelli. Ya en aquella reunión Massa habría dado la orden de seguir financiando el FETA con recursos provenientes de las retenciones a la soja. Es lo que acaba de definirse en el decreto publicado esta madrugada. El anuncio de que iban a sumarse más molinos al operativo nunca se concretó. Sigue siendo el que cobra un grupo selecto de unas pocas empresas, con Cañuelas como gran beneficiaria.
“Facúltase al Ministerio de Economía a establecer los puntos porcentuales de la alícuota del derecho de exportación de las mencionadas mercaderías a destinarse al Fondo Fiduciario Público denominado FETA, de acuerdo con lo establecido”, dice el segundo artículo del decreto que firman además de Alberto Fernández los ministros Agustín Oscar Rossi, Eduardo Enrique de Pedro, Santiago Andrés Cafiero, Jorge Enrique Taiana, Gabriel Nicolás Katopodis, Martín Ignacio Soria, Aníbal Domingo Fernández, Victoria Tolosa Paz, Ximena Ayelén Mazzina Guiñazú, Jaime Perczyk, Tristán Bauer, Daniel Fernando Filmus, Raquel Cecilia Kismer, Juan Cabandie, Matías Lammens y Santiago Alejandro Maggiotti.
Curiosamente no figura la firma de Massa, quien se encuentra en viaje a China, mendigando los dólares que ahora el gobierno destinará en gran cantidad a subsidiar a una empresa que debe una millonada para “compensar” bolsas de harina mayorista que luego no tienen casi impacto en la conformación del precio final del pan para los consumidores. En el mercado no hay controles. Nadie verifica si finalmente se respeta el precio de venta de la bolsa de 25 kilos de harina establecido por el gobierno.
“La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y resultará de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive”, define el último artículo.
Aunque quizás este curro institucionalizado y escandaloso dure unos días menos, si acaso un nuevo gobierno defina su derogación el mismo 10 de diciembre, con el cambio de mando.
