El pasado 11 de enero a la madrugada el productor agrícola Román Gutiérrez vio cómo a lo lejos un avión fumigaba un sorgo en un lote vecino. Ese dato podría ser común y corriente si no fuera porque se trataba de un campo ubicado a las afueras de la localidad bonaerense de Pergamino, que desde el 2019 vive en un estado de permanente tensión en torno a la aplicación de agroquímicos.
Ese 11 de enero no fue la excepción. Más tarde ese día, Gutiérrez se enteró que la empresa Corteva, que cuenta con un campo experimental en esa zona a 400 metros del lote fumigado, había denunciado al avión aplicador por supuestos olores que sus trabajadores habían percibido en el campo.
Recordemos que en agosto de 2019, hace más de dos años, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo –del juzgado federal número 2 de San Nicolás-, firmó una resolución que fijó una restricción de 1.095 metros desde cualquier zona poblada para la aplicación de agroquímicos en el partido. Pero eso no fue todo. Además de las casi 6.000 hectáreas productivas que quedaron afectadas por esa prohibición, tampoco se pueden realizar aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros de cualquier centro poblado o escuela.
Esto no solo afectó la actividad de los productores más cercanos a la ciudad y otros pueblos del partido, que debieron buscar alternativas para seguir trabajando en el periurbano, sino que incluso puso en jaque el trabajo de los investigadores del INTA Pergamino, que debieron frenar sus ensayos en casi el 60% del predio del organismo. A pesar de las denuncias, las autoridades de Pergamino aún no han dirimido la cuestión y la ordenanza del juez sigue vigente.
“La denuncia de Corteva llegó a la municipalidad de Pergamino, que actuó por los metros y constató que estaba todo en regla. No pudieron hacer nada, no establecieron ninguna pena porque la gente del avión tenía todo en regla”, relató Gutiérrez a Bichos de Campo.
También se constató que el aplicador contaba con todas las recetas agronómicas correspondientes al trabajo que iba a realizar, correctamente realizadas y certificadas por un ingeniero agrónomo.
Sin embargo esto no fue suficiente y sólo alimentó a la histeria local, que empujó para que la denuncia llegara al ámbito federal. Es allí donde Gutiérrez ingresó, sin comerla ni beberla, en esta historia.
El viernes 21 le juzgado envío a la policía federal a sacar muestras de agua y tierra del lote de sorgo en cuestión. Incluso se realizaron pruebas en el tanque del avión fumigador. El problema estuvo en que todo el peritaje se realizó después del temporal de lluvia que azotó a gran parte de la zona núcleo del país, y que en Pergamino descargó 150 milímetros de sopetón.
Pero además de esa desprolijidad, la policía cortó la tranquera del campo que da sobre la ruta, tomó el camino equivocado e ingresó por la fuerza en el campo de Gutiérrez.
“Cuando se encontraron con la segunda tranquera, que en realidad no va al lote que se estaba fumigando sino al que yo alquilo, nos atropellaron la puerta y la pasaron por arriba. No pudieron cortar cadena porque es muy gruesa, la reforzamos porque tuvimos muchos problemas de robo”, relató el productor.
“¿No era más fácil pedirme la llave? ¿Quién me paga la tranquera?”, publicó horas más tarde Gutiérrez en sus redes sociales.
A pesar de que la municipalidad constató que no se cometió ninguna infracción, el bonaerense aseguró que la policía federal continúa con la causa.
