En el Ministerio de Agricultura circula un proyecto para crear un fideicomiso que permita, con aportes de los exportadores de cereales que seguramente serán descontados del precio al productor, compensar a molinos y avícolas por la suba de los precios internacionales del trigo y el maíz.
La iniciativa tiene el pomposo nombre de “Fondo Anticíclico Agropecuario” y no se puede evitar que recuerde al sistema de compensaciones que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, y que terminó en un festival de corrupción luego de distribuir más de 3.000 millones de dólares entre molinos, avícolas, aceiteras, lácteas y feedlots, muchos de ellos incluso truchos.
En un borrador elaborado en el área de la Subsecretaría de Agricultura, que maneja Delfo Buchaillot (un hombre vinculado al poderoso aceitero cordobés Roberto Urquía), la cartera a cargo de Julián Domínguez propone subsidiar -con dinero del resto de la cadena- los costos de producción de la bolsa de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, y su correlato en paquetes de un kilo; los fideos secos en paquetes de 500 gramos; y el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras. Raro que no incluya la polenta, ni otras carnes como las de bovinos engordados en un feedlot o los porcinos.
Este es el anteproyecto:
Fondo Anticiclico-total faim 13.12 (3)
Este subsidio directo a los fabricantes de dichos alimentos se sumaría al subsidio implícito del que ya disfrutan quienes son compradores mayoristas de trigo o maíz en la Argentina. Es que para empezar, molinos harineros o empresas avícolas pueden comprar esos insumos a valores 12% menores que en el mercado internacional debido al efecto de las retenciones, que son un primer mecanismo para desacoplar los precios internos de los externos.
Pero luego, desde el regreso del kirchnerismo al poder también se han establecido diferentes intervenciones en los mercados de trigo y maíz, que consisten en cerrar antojadizamente las exportaciones para que haya mayor oferta disponible en el mercado doméstico. Esta situación usualmente provoca un desacople todavía mayor de los precios que cobran los productores de ambos cereales y que pagan las industrias que los utilizan dentro del país.
En algún momento del gobierno de Cristina Kirchner, por la combinación de retenciones y estos descuentos internacionales, los chacareros argentinos llegaron a cobrar (sin considerar la becha cambiaria) menos de la mitad de lo que se pagaba en el mundo por el trigo o el maíz. En aquellos años, por este motivo, se redujo la producción de ambos granos, en especial de trigo, llegando al punto de casi tener que importarlo.
Estos descuentos que “abaratan” sus insumos no parecen ser suficiente para avícolas y molinos. Por eso Domínguez y su equipo preparan este nuevo mamarracho, tratando de emular un fideicomiso que utiliza la industria aceitera para subsidiar el precio interno del aceite comestible. Pero ambas situaciones no se compadecen, porque los fondos del fideicomiso aceitero se reparten entre un puñado de empresas, mientras que la cámara que integra a los frirgoríficos avícolas (CEPA) tiene 35 socios, la de elaboradores de pastas secas también cuenta con 35 integrantes y la Federación de Industrias Molineras (FAIM) suma 65 empresas, a los que habría que agregar algunas decenas más de la asociación que nuclea a los molinos de menor escala (Apymimra).
El documento de Agricultura, sin embargo, planea destinar la friolera de 14.645 millones de pesos (según un cálculo hecho en base a los precios del trigo y maíz de noviembre pasado) para subsidiar a los molinos harineros, los fabricantes de fideos y las empresas avícolas. El mayor aporte (12.400 millones) sería por el trigo, en tanto que el subsidio al maíz representaría 2.245 millones. Es que se calcula que se necesitarán 3,13 millones de toneladas de trigo (sobre una cosecha de 20 millones) para subsidiar los paquetes de harina. Y 1,5 millones de toneladas de maíz (sobre una cosecha de 50 millones) para dar alimento barato a los pollos.
Ahora bien: ¿Quién pondrá esa plata? Está claro que no será el Estado.
El proyecto oficial calcula que se podrían recaudar los recursos necesarios de los propios exportadores de trigo y maíz, ya que sus ventas en lo que va del año (entre enero y octubre) superaron los 10 mil millones de dólares. Queda claro que el grueso corresponde a un puñado de empresas multinacionales (Cargill, Dreyfus, Viterra, Cofco, Bunge, ADM) y algunas nacionales (Molinos Agro, AGD, ACA). Y queda claro también que, cualquiera sea el tamaño del aporte que deban hacer al fideicomiso, se descontarán los montos de los precios pagados al productor, como sucede con las retenciones.
Por eso se corre el serio riesgo de que este fideicomiso ideado por Domínguez y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, termine siendo una retención encubierta, como ya sucedió en los tiempos en que el propio Domínguez (que ya fue ministro entre 2009 y 2011) manejaba el comercio exterior agropecuario junto con Ricardo Echegaray y Guillermo Moreno. Y es precisamente lo que sucede con el fideicomiso aceitero vigente, que representa un derecho de exportación indirecta para la soja.
Para crear este engendro, la estrategia oficial se plantea crearlo por Resolución conjunta de Agricultura y el ministro de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas (del cual depende Feletti, al menos en los papeles), para que a partir de allí “todo exportador de trigo, maíz y carne aviar y sus correspondientes derivados estarán obligados a ser parte del aporte al fondo”.
“Las compensaciones se pagarán una vez comprobado el abastecimiento en valor y volumen al mercado interno”, dice la propuesta oficial, que asegura que “habrá mecanismos de revisión para evitar distorsiones”.
Seguramente se traten de los mismos mecanismos de control que rigieron cuando la ex ONCCA distribuía millonarios subsidios en el mismo sentido de los que se propusieron ahora. La historia de ese organismo terminó en febrero de 2011, cuando Cristina Kirchner hizo firmar a todos sus ministros un decreto de disolución del organismo, cuando era ya imposible esconder los numerosos casos de corrupción cometidos en el reparto de esos fondos.
