El de la yerba mate es el único cultivo regulado que tiene la Argentina. Sucede desde principios del milenio, cuando una ley nacional creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), conformado por el Estado y todos los actores de esa cadena productiva, y le otorgó la potestad de fijar los precios de la materia prima cada seis meses. No hay otro caso en el país.
Hasta ahí la regulación: fijar precios para la hoja verde de modo de defender lo más que se pueda a los productores de los abusos de la cadena comercial, abusos que suelen sentirse con fuerza en el resto de los cultivos regionales. En el caso de la yerba, cuando no hay acuerdo por unanimidad es el Ministerio de Agricultura el que tiene que laudar para establecer un precio justo.
La actual conducción del INYM, de todos modos, le dio este año una vuelta de tuerca a esa regulación y se tomó atribuciones discutibles, al menos en el marco de la ley vigente: además de regular los precios se puso a definir límites a las nuevas plantaciones, decidiendo quién puede hacerla y hasta qué superficie. La intención parece buena: evitar que las grandes empresas copen la parada, siembren cientos de hectáreas con nuevos yerbales y dejen de comprarle la materia prima a los cerca de 15.000 colonos que hacen que la yerbatera sea considerada una economía social en territorio misionero.
Es decir, el INYM avanzó en una híper regulación dentro de la única actividad agropecuaria regulada de la Argentina. Hasta ahora, pues a pedido de la empresa La Cacheura SA, elaboradora de la marca Amanda, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes, hizo lugar a una medida cautelar de no innovar que daría marcha atrás con esta segunda regulación.
Informó el diario El Territorio que esa medida cautelar ordenó al INYM suspender por ahora la aplicación de su Resolución 170/2021 y de la Resolución 152/2021 del Ministerio de Agricultura, que es complementaria, al menos mientras se sustancia la acción de amparo .
La resolución impugnada judicialmente define que a partir de enero próximo los productores de yerba inscriptos ante el Instituto (sean grandes o ínfimos) solo podrán incorporar 5 hectáreas de nuevas plantaciones de yerbales por año, o implantar anualmente hasta el 2% de las superficies de yerbales ya existentes y declarados ante el Instituto. Esto, claramente, constituye un límite severo para los operadores más grandes, salvaguardando a los colonos a futuro de esa mayor competencia.
La Resolución 152/2021, que fue publicada en agosto, confirmó desde el gobierno nacional la legalidad de la política emanada del INYM. Es decir que el MInisterio de Agricultura aceptó por primera vez en al menos 40 años que se pusieran límites a los cultivos.
El expediente judicial iniciado por La Cacheura, una firma que tiene gran protagonismo en la Cámara de Molinos Yerbateros, es patrocinado por el abogado Marcelo Laslo, quien contó con la asesoría legal del reconocido constitucionalista Daniel Sabsay. No parece casual que se haya elegido un juzgado ubicado en Corrientes para presentar la medida de no innovar, pues el gobierno de esa provincia se manifestó de entrada en contra de poner límites a los nuevos yerbales.
En el INYM, de todos modos, tienen abrumadora mayoría los misioneros.
Cuenta El Territorio que tras conocerse esta intervención judicial, el INYM analiza los pasos a seeguir para apelar la resolución del juez Gustavo del Corazón Fresneda. Entre el lunes y martes, luego de un análisis con los asesores legales, avisaron que se expedirán sobre la resolución judicial.
Desde el sector industrial, se deslizó que conocido este primer fallo adverso a esta híper regulación en el negocio yerbatero, ahora esperan que más molinos apelen la limitación de plantar un máximo de 5 hectáreas. Estos severos límites fueron motorizados por el sector de la producción que presentó un informe que daba cuenta de una explosiva aparición de miles de hectáreas de yerba mate de nuevos operadores luego de dos años de buenos precios para la materia prima.
De hecho, desde hace un par de temporadas que el precio regulado emanado del INYM o del laudo del Ministerio de Agricultura se encuentra cerca de un 20% por debajo del precio real del mercado. En la última definición , el valor oficial se estableció en unos 37 pesos por kilo de hoja verde.
Pero en las últimas semanas desde variadas asociaciones de productores yerbateros de Misiones se pidió a sus asociados no vender su hoja de yerba mate a menos de un valor de 50 pesos por kilogramo. Se recordó que ese fue el valor con que cerró la cosecha gruesa en septiembre y es el valor mínimo que debería tener el producto debido a los aumentos de costos y la inflación.
