Un funcionario desconocido para la mayoría de los argentinos, el administrador general de Puertos José Carlos Mario Beni, firmó esta medianoche la resolución que adopta una de las decisiones más trascendentes para el desempeño del sector agropecuario argentino en los próximos años: la convocatoria a una nueva licitación para adjudicar los trabajos de dragado de la Hidrovía, el ducto por el que salen el 75% de las exportaciones de la Argentina. Curiosamente, el llamado a licitación es “nacional” y no internacional como se preveía. Es decir que solo podrían competir empresas radicadas en el país.
En simultáneo, la Resolución 136/2021 de la AGN, publicada este martes en el Boletín Oficial, dispone la contratación directa y por urgencia de la firma Compañía Sudamericana de Dragados SA para realizar la tarea de asegurar la navegabilidad hasta que se concrete la licitación. Esa firma es una filial local del grupo belga Jan de Nul, uno de los socios de Hidrovía SA, la firma que realizó ese trabajo durante los últimos 26 años. El otro socio, la local Emepa, estaba a cargo de las tareas de balizamiento del Río Paraná, en sus tramos navegables. Esa tarea se dividió tanto para la licitación como para esta contratación directa.
“Apruébase el llamado a Licitación Pública Nacional para la contratación de la obra Dragado de Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal por el término de 180 días corridos prorrogables, con un presupuesto oficial estimado de 80,280.000 dólares más IVA”, dice el artículo 1 de la resolución de la Administración de Puertos, que quedó a cargo de la gestión de la Hidrovía a partir de un decreto presidencial que le asignó esa tarea este mismo año.
Ese decreto, firmado el 30 de junio de 2021, había habilitado a la AGP a asumir “la concesión de obras y/o la administración, prestación de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen y/o se le encomienden”. Luego, le otorgaba al organismo la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la Vía Navegable Troncal, que es el tramo del Paraná comprendido entre el kilómetro 1238 -punto denominado Confluencia- hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata.
Según se explica en los fundamentos de esta resolución que convocó a una nueva licitación de la hidrovía, la bajante actual del Río Paraná está dificultando las cosas en el medio de este proceso, en el que se dio de baja la vieja concesión (en abril pasado) y se deben realizar los procedimientos para otorgar esos trabajos a la misma o a otra empresa de dragado.
Hidrovía: Cuando la estupidez se transforma en el mayor peligro ambiental
“El escenario expuesto presenta como única alternativa contratar en forma directa el servicio de dragado y redragado de la Vía Navegable Troncal, debido a la urgencia y emergencia en asegurar la continuidad de las condiciones de operatividad de la misma, hasta tanto se sustancie un procedimiento de selección competitiva para contratar el mismo servicio”, explicó la Administración de Puertos. Eso justificó la contratación simultánea de la Compañía Sud Americana de Dragados SA, una empresa que existe desde 2000. Según fuentes de la empresa, esta firma fue creada por el grupo belga a instancias de los sucesivos gobiernos que le reclamaban tener una pata instalada en el país. Y por allí se canalizaban diferentes trabajos de dragado que estaban fuera del contrato referido al Río Paraná, como el dragado de los accesos a diferentes puertos. Esa compañía tiene una plantilla de unos 500 trabajadores, de los cuales el 95% son argentinos.
Hay un detalle que no debería pasar inadvertido: antes el grupo Hidrovía SA -que obtuvo esa concesión en 1995 de la mano de Carlos Menem y la renovó en 2011 durante la gestión de Cristina Kirchner- estaba conformado por dos socios. Los belgas de Jan de Nul se hacían cargo del dragado, en tanto que la contraparte local Emepa SA, del empresario Gabriel Romero, tenía a cargo las tareas de balizamiento.
La nueva licitación no avanzará sobre esta tarea secundaria para el mantenimiento de la Hidrovía. En los círculos cercanos se atribuía esa decisión a un enojo de Cristina contra ese empresario. Romero, en la llamada “causa de los cuadernos”, declaró haber tenido que pagar suculentas coimas para la extensión del contrato, algo que jamás la justicia investigó. Como sea, la tarea de colocación de las boyas y las balizas sería otorgada ahora, según los trascendidos, a sindicatos del sector.
El monto por el cual se produce la contratación de emergencia de Jan de Nul fue calculado por la AGP en 80,3 millones de dólares anuales. Hasta ahora, por ambos servicios la empresa Hidrovía SA se sostenía con un peaje cobrado a los usuarios (los barcos que la recorren) y que implicaba una recaudación anual cercana a los 200 millones de dólares. Pero hay que tener en cuenta que esta extensión de los contratos será solo por 180 días.
“La Gerencia de Compras y Contrataciones procedió a solicitar cotización a los fines evaluar la posibilidad de contratar en forma directa por urgencia y emergencia el servicio”, cuenta la resolución. Luego añade que la Compañía Sud Americana de Dragados SA “efectuó una propuesta inicial en base a las especificaciones técnicas que le fueran comunicadas oportunamente”.
Este sistema de urgencia duraría hasta que se conozca el resultado de la nueva licitación “nacional”, que dejaría fuera de carrera a varios holdings internacionales dedicados al manejo de las dragas, debería producirse en los próximos 180 días, o en el peor de los casos dentro del año, es decir antes de septiembre de 2022.
Este era un escenario deseado por la mayoría de las empresas que operan en la Hidrovía del Río Paraná y hasta tienen puertos privados sobre ese curso de agua dulce, ya que la otra opción que se barajaba entre las autoridades nacionales había sido la estatización lisa y llana de la tarea de dragado. Esa alternativa para administrar la boca de salida del grueso de las agroexportaciones parece haber sido por completo descartada: las obras seguirán en manos de privados aunque el cobro de las tarifas de peajes será administrado desde el Estado.
