Si un ministro de Agricultura de un país agropecuario como la Argentina sale a bancar una medida que limita el crecimiento de la superficie implantada con determinado cultivo, inevitablemente queda flotando la posibilidad de que ese mismo gobierno se atreva luego a regular las siembras de otros cultivos.
Es lo que sucedió este lunes: mediante la resolución 152/2021, el ministro Luis Basterra explicitó el apoyo desde el gobierno nacional a la decisión que en junio pasado tomó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para limitar a solo 5 hectáreas por productor las posibilidades de implantar nuevo yerbales cada año. Aquella decisión fue impulsada sorpresivamente por los sectores que representan a los pequeños y medianos productores de Misiones, pero desoyó las voces en contra de la provincia de Corrientes y de los molinos yerbateros.
Nadie había pedido públicamente que Basterra, desde la cartera nacional, saliera a bancar la parada de los misioneros, que al plantear este cepo yerbatero imponen límites a las nuevas plantaciones de yerba por parte de empresas grandes. Pero el ministro de Agricultura, que suele tener que laudar el precio de la yerba por falta de acuerdo entre los intereses encontrados dentro del INYM, se metió solo en esta camisa de once varas.
“Téngase presente y confírmase, en lo que es materia de las competencias del Ministerio de Agricultura, la Resolución 170 de fecha 17 de junio de 2021 del INYM”, define el artículo 1° de la resolución firmada por Basterra. En criollo, la traducción de este artículo es que la Nación se hace cargo de la decisión de limitar los nuevos yerbales, y la toma como propia.
Aquella resolución 170 del INYM es la que dispone que “cada productor inscripto en el Registro de Operadores del Sector Yerbatero podrá plantar por año hasta 5 hectáreas de nuevas plantaciones de yerba mate”, o también que “podrá implantar anualmente hasta el 2% de la superficie de yerba mate declarada ante el INYM”. Es la primera norma que pone límites a las plantaciones de cualquier cultivo desde la desregulación de la economía d elos principios de los años 90.
Basterra, en la nueva normativa, sale a bancar esta inédita regulación. “La medida, así dispuesta, lejos de afectar derechos adquiridos, fomenta el arraigo a partir de ordenar y ampliar la expansión productiva, conservando un adecuado equilibrio entre productores capitalizados, medianos y pequeños productores, y entre ellos y el ambiente en el cual se desarrollan los yerbatales”, definió el ministro en los considerandos, que son muy extensos a favor de la posición de los misioneros.
Allí Basterra también recuerda que en la reglamentación de la ley que dio origen al INYM se dispone que “en caso de constatarse desequilibrio (…) podrá establecer, en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura medidas que limiten la producción consistentes en: a) Fijación de calendario de cosecha; b) Limitación temporaria de nuevas plantaciones; c) Aplicación de cupos de cosecha, analizando, en forma prioritaria, un sistema progresivo de menor a mayor”.
Para Agricultura, entonces, la situación ameritaba a establecer este cepo a las nuevas plantaciones, ya que se cuenta con 174.820 hectáreas implantadas, que están en manos de 9.983 productores registrados.
“Como consecuencia de lo anterior, las medidas adoptadas importan la posibilidad de aumentar la superficie cultivada en 49.415 hectáreas, lo que importa la posibilidad de un incremento en el primer año de más de un 28,26% de la superficie destinada a la producción”, argumentó Agricultura. Esto es relativo, pues la mayoría de esos 10 mil productores son pequeños colonos minifundistas, que no tienen superficie disponible en sus chacras o deberían resignar otros cultivos. Tampoco, por cierto, tienen capital como para incrementar sus plantaciones.
De todos modos, para el Ministerio nacional, la restricción favorece “el arraigo de los pequeños productores, fomentando un sistema productivo más amplio y democrático”. También aclara que aunque “lo decidido tiende a expandir la producción de una manera reglada, ello no inhibe a los productores para que puedan disponer de su propiedad actual o futura para cultivos alternativos a la yerba mate”.
Hay otro párrafo de la resolución que podría poner los pelos de punta a quienes temen que el gobierno avance en la regulación de otras actividades. Dice que “la medida dispuesta por el INYM no está únicamente destinada a la mera instrumentación y manejo del factor productivo y su relación con la tierra. Se debe tener presente que la relación de las personas y de las familias con la tierra, es una relación cultural que va más allá del factor productivo; es una relación que viene desde los Pueblos originarios, que continúa con la llegada de los misioneros Jesuitas, con las inmigraciones de los siglos XIX y XX, es la historia cultural de nuestros ancestros que trabajaron la tierra y, por lo tanto, se intenta mantener el arraigo para que las futuras generaciones puedan continuar, vivir y trabajar de la producción de éstos cultivos”.
Salvo por lo de los jesuitas, podría aplicarse a cualquier otro caso.
“Lo contrario sería permitir el latifundio, que genera una forma de producción y comercio monopólico, con distorsión de abastecimiento y precios, expulsando a las familias de medianos y pequeños productores de sus territorios, condenándolos a vivir de aquello que no pueden, y trabajando de lo que no saben en los ejidos urbanos”, añadió el Ministerio de Agricultura, justificando su aguante al INYM.
Basterra y su equipo incluso citan al Papa Francisco para justificar el cepo a los nuevos cultivos de yerba. “Los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, sobre ella grava ‘una hipoteca social’, es decir posee como cualidad intrínseca una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes”.
“Por lo tanto resulta trascendental que el Estado intervenga allí donde el mercado no llega en el caso particular implementando medidas que aseguren un modelo productivo con inclusión social y equidad territorial”, finalizan los considerandos.
Luego de semejante aguante, la Resolución de Agricultura no agraga casi nada. Solo “considera oportuno instar al INYM a la creación de una comisión de seguimiento de las medidas dispuestas por la citada Resolución 170/21, para poder evaluar las acciones que correspondan en aquellas áreas que puedan ser comunes a ambas instituciones”.
Es lo que propone el artículo 2°, que además sugiere al INYM que esa comisión tenga 5 representantes del sector privado yerbatero y 3 del sector público en el INYM.
“La Comisión de Seguimiento podrá requerir la información que considere necesaria” y debería “emitir con una periodicidad máxima de tres años un informe técnico sobre los impactos y cumplimiento de la mencionada Resolución 170/21”.
