Se llama Eduardo Perdomo y tiene 71 años. Empresario de la carne e íntimo de Alberto Samid, desde 2018 ha sido una pieza clave en el frigorífico Máximo Paz, que es manejado por una cooperativa de trabajo llamada Frigocarne, y que es acusado por otros plantas de faena de competencia desleal, ya que evitaría pagar cargas sociales e impuestos por cifras millonarias. También ha liderado en 2020 la apertura del frigorífico Los Gansos, en la localidad de Plomer que históricamente pertenecía a Samid, el matarife condenado por evasión.
Este video acredita la activa participación de Perdomo en la cooperativa Máximo Paz. Ahora, según confirmó el propio Perdomo en declaraciones a Bichos de Campo, será contratado como “asesor en carnes” del ministro de Agricultura, Luis Basterra. “La idea es trabajar para evitar nuevas subas de la hacienda”, declaró.
Se llama Marcelo Yaquet y en los espacios militantes del peronismo lo apodan “El gaucho”. Como secretario de una cooperativa fue clave para que en febrero de 2020 pudiera reabrir el frigorífico La Foresta de La Matanza. Esta cooperativa de trabajo también es acusada por el resto de la industria de ejercer una competencia desleal. Bajo la romántica figura de una empresa recuperada por sus trabajadores, argumentan los críticos que se esconden una serie de matarifes del conurbano que les proveen hacienda y se ahorran todo tipo de costos laborales e impositivos.
Este video acredita que Yaquet es parte de la cooperativa de trabajo La Foresta. Pero además, desde el 12 de agosto de 2020, ha sido nombrado por Decisión Administrativa 2257 como “director De Fortalecimiento De Los Sistemas Productivos Locales para Pequeños Y Medianos Productores Agroalimentarios”, dependiendo también del Ministerio De Agricultura.
La designación en altos cargos dentro de la cartera de Basterra de estas dos personas vinculados a las cooperativas de trabajo de la carne han encendido muchas luces de alerta en la cadena de ganados y carnes, donde atribuyen a esta avanzada el despido intempestivo de Marcelo Rossi, el ex director de la ONCCA que fue echado por teléfono un viernes casi de medianoche, junto con el ex secretario de Agricultura Julián Echazarreta.
Ese golpe palaciego impulsado por Basterra y su jefa de Gabinete, Diana Guillén, que proviene del Instituto Patria y representa el kirchnerismo más duro dentro de Agricultura, ahora comienza a entenderse en toda su dimensión con el avance en simultáneo de las cooperativas de la carne sobre la estructura de funcionarios del Ministerio. Yaquet ya es funcionario. Perdomo será asesor directo del ministro.
Respetado por toda la cadena desde que en 2007 enfrentó a Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray, Rossi es un veterinario con militancia en al UCR que regresó a la ex ONCCA (ahora llamada Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario) en 2016, convocado por el gobierno de Cambiemos. En esta tramo de su gestión, implementó una serie de controles electrónicos sobre las plantas frigoríficas y un sistema de anticipos de faena -en conjunto con la AFIP y ARBA- que permitió multiplicar varias veces la recaudación de impuestos en ese sector. A la par, obligó a los matarifes del conurbano a trabajar con su propia matrícula habilitante, evitando que escondieras sus operaciones detrás de la mascara de algún frigorífico, incluyendo a las cooperativas de trabajo.
Pero el principal blasón de la gestión de Rossi en esta etapa fue, sin duda, bloquear todos los caminos para que el mediático Alberto Samid, pudiera reanudar sus actividades en el negocio de la carne, donde fue procesado varias veces por evasión. El matarife, actualmente bajo prisión domiciliaria, intentó por todos los medios recuperar sus matrículas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que dependía de Rossi y ahora -tras su desplazamiento- pasó a manos de Luciano Zarich, un contador que ganó algo de fama en la fallida experiencia de estatizar la aceitera Vicentin. Fue el subinterventor propuesto por el gobierno.
Perdomo, que opera con el frigorífico Máximo Paz (foto), no puede ocultar sus vínculos con Samid. Esta nota publicada por Clarín en 2013 confirma esa relación. En aquel ese momento Samid ocupaba la vicepresidencia del Mercado Central y denunció haber sido amenazado de muerte por otro empresario de la carne allegado a Guillermo Moreno, Jorge “El Negro” Martínez. Las amenazas le llegaron a través del celular de Perdomo.
Rossi, que sobrevivió un año al frente de la ex ONCCA, se había negado sistemáticamente todo este tiempo a los pedidos verbales de Diana Guillen, la jefa de Gabinete de Agricultura, para que flexibilizara las normas a favor de las cooperativas de la carne que ahora ponen un pie en el ministerio. Esta divergencia ya ha sido contada por Bichos de Campo y podría ser el causal de su intempestivo despido del cargo. Ahora, con la designación de Perdomo y Yaquet, parece quedar más claro.
“Marcelo siempre manifestó a sus superiores que nunca se apartaría de las misiones y funciones del organismo, que son la de velar por la transparencia y libre concurrencia de los operadores en el mercado”, describió Luis María Migliaro, colaborador de Rossi en la ex ONCCA y dirigente agropecuario del radicalismo, sobre estos entredichos. Migliaro completó que los pedidos para habilitar a las cooperativas “comenzaron durante el 2020 desde la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Agricultura, a los que Marcelo se opuso en forma terminante. Pedían beneficiar a las cooperativas de trabajo creadas sobre frigoríficos cerrados, permitiéndoles comprar animales y vender carne”. Echazarreta, también renunciado, estaba en el medio de esa discusión.
Según pudo reconstruir Bichos de Campo, Guillen reclamaba desde hace meses al ahora ex secretario de Agricultura que la Dirección Nacional comandada por Rossi modificara la Resolución 21/2017, que contiene el listado de actividades que deben inscribirse obligatoriamente en el RUCA para contar con una matrícula que las habilite. Allí, el inciso 4.5 define la figura del matarife abastecedor como “quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros”, pero también se deja expreso que, para evitar la competencia desleal, “las Cooperativas de Trabajo no podrán solicitar inscripción bajo esta categoría”.
Lo que pretendería Guillen era lograr la autorización como matarife abastecedor de una serie de cooperativas con lazos políticos con el oficialismo. Entre ellas figuraban La Foresta y también la Cooperativa de Trabajo Frigocarne de Máximo Paz. Ambas cooperativas tendrán ahora representantes dentro del propio Ministerio de Agricultura.
“No es que yo esté en contra de las cooperativas, nada que ver. En el sector agrícola hay como 300 cooperativas que funcionan sin problema. En la carne pasa todo lo contrario. Lo que el Estado no debe permitir es que las cooperativas de trabajo sean usadas como máscara por otro tipo de operadores”, explicaba Rossi, que todavía en funciones impulsó un trabajo conjunto con el INAES para poder regularizar la situación de esas empresas sociales.
Un informe reservado que circula por estas horas en el mundo de la carne y fue distribuido a varios periodistas explica por qué el resto de la industria frigorífica se opone a estas cooperativas de trabajo. “La explotación fraudulenta de plantas faenadoras de bovinos en la Provincia bajo titularidad de Pseudo Cooperativas de Trabajadores es un negocio tan burdo como sencillo. Se trata del uso indebido y fraudulento de un esquema de Asociativismo Social (válido y exitoso en otras actividades agroindustriales), el cual en la industria frigorífica solo funciona como pantalla para ocultar el fraude”.
“El esquema consiste en una ‘asociación’ entre empresarios inescrupulosos, quienes llegan a un ‘acuerdo’ con las cúpulas de ciertas Cooperativas de Trabajadores para operar plantas de faena bajo titularidad (solo formal) de la ‘Cooperativa’ y distribuirse los beneficios económicos de hacer aparecer a los trabajadores como ‘dueños’, para de esa manera ocultar la verdadera relación de dependencia de los obreros, con todo lo que ello implica”, indica el informe.
Según esta mirada, la situación es aceptada por los trabajadores por la necesidad de mantener las fuentes de trabajo, pero “los obreros -disfrazados de dueños- son utilizados como escudos humanos para proteger al puñado de vivos que los conducen” y que terminan vulnerando todos sus derechos laborales, a veces pagando salarios incluso con bolsas de carne, sin reconocer ni vacaciones, ni cobertura social, ni aguinaldo ni ART ni nada.
El documento de los frigoríficos indica que el ahorro de costos laborales en una planta promedio del conurbano serían de cerca de 100 millones de pesos anuales. “Este burdo ardid –tolerado desde hace años, a pesar de las numerosas y fundadas denuncias realizadas- implica una fenomenal competencia desleal que impone condiciones que resultan insostenibles para las empresas de conformación societaria regular, quienes han venido reduciendo sus volúmenes de faena y su sustentabilidad como fuentes de trabajo genuinas”, se lamentan.
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