Cepo a la fábrica de divisas: Una ley promovida por el gobierno de La Pampa deja fuera de producción a 40.000 hectáreas agrícolas

La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó una nueva ley de “Gestión Integral de Plaguicidas” en la última sesión ordinaria del año que prohíbe la aplicación terrestre y aérea de fitosanitarios a una distancia de 500 y 3000 metros, respectivamente, desde áreas urbanas y cursos de agua.

A fines de 2016 el gobierno anterior de la provincia –encabezado por Carlos Verna– creó la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), integrada por representantes locales de la producción, sector académico, INTA y Senasa, la cual elaboró un documento con recomendaciones para actualizar la “Ley de Agroquímicos” de la Pampa (Nº º1173) vigente desde 1989.

“Después de tres años de trabajo, la Coprosave logró consensuar un documento, pero está durmiendo en algún cajón porque no fue tenido en cuenta para confeccionar la ley promovida por el actual gobierno provincial”, señaló Carlos Portu, empresario agropecuario y ex presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa.

La nueva ley de plaguicidas –que para entrar en vigencia debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo de La Pampa– establece además que dentro del radio de 2500 metros a partir del límite de 500 metros sólo podrán aplicarse productos de uso agrícola bajo receta agronómica con autorización por escrito de la autoridad municipal o de la Comisión de Fomento competente. “Consideramos que someter a la aprobación municipal decisiones agronómicas es una barbaridad”, afirmó Portu.

Se estima que con la prohibición instrumentada por la nueva norma dejará fuera de producción a unas 40.000 hectáreas agrícolas, una cifra no despreciable si se considera que en la campaña 2019/20 el área provincial sembrada con soja fue de 506.700 hectáreas. En cuanto al área comprometida de 500 a 2500 metros que quedará bajo supervisión municipal, la misma comprende alrededor de 200.000 hectáreas más.

El texto de la nueva ley fue diseñado por el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, el cual, si bien este año fue debatido en el ámbito legislativo local, finalmente se aprobó sin ninguna modificación propuesta por representantes de la producción.

“No creemos conveniente, para una sana convivencia entre sectores y articulaciones publico privadas, que después de horas y horas de trabajo y fundamentos científicos, los funcionarios responsables no puedan dar una respuesta sobre qué fundamentos usaron para decidir las distancias de 500 y 2500 metros”, dijo a Bichos de Campo Andrés González, integrante de la Sociedad Rural de General Pico.

Representantes de la producción, técnicos y académicos presentaron ante el Poder Legislativo evidencia de las derivas posibles generadas por aplicaciones de fitosanitarios y mostraron, incluso, que ya existe tecnología –desarrollada en la Argentina– de pulverizadoras que cuentan con una estación meteorológica incorporada para determinar en tiempo real si las condiciones de la aplicación en curso son las adecuadas, lo que se logra por medio de un programa que, a partir de la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, calcula en tiempo real la deriva y evaporación de la aplicación, de manera tal de emitir una alerta que detenga al equipo pulverizador cuando las condiciones no sean las óptimas.

También se pidió –tal como está normado, por ejemplo, en la provincia de Córdoba– que en el radio de 500 metros a partir del límite de las plantas urbanas puedan aplicarse productos de bajo riego (clases toxicológicas III y IV).

Pero ninguno de los datos científicos presentados fuero tenidos en cuenta por los legisladores al momento de aprobar la ley. “Incluso propusimos que todas las aplicaciones fiscalizadas en las zonas periurbanas se realicen con viento proveniente del casco urbano, dado que no hay forma física que una gota con viento de frente viaje en contra de él. Es muy simple, lógico y práctico, pero tampoco fue tenido en cuenta”, señaló González.

“En Argentina si no tenemos antagonismos, parece que no funcionamos. No puede ser antagónico la producción con la salud y el ambiente. Si hay gente que hace las cosas mal, es responsabilidad del estado provincial controlar. Va a ser muy difícil producir por como salió la ley”, concluyó González.