La lucha contra el delito rural es, hace décadas, una guerra irresoluta para el sector, y más aún para las zonas fronterizas. Mientras se terminan de tejer los hilos para que el Congreso convalide el proyecto de Vandalismo, que busca incorporar varios de esos actos en el Código Penal, algunas provincias avanzan con las gestiones en la Justicia para crear fiscalías pura y exclusivamente dedicadas al área rural.
La pionera fue Corrientes, que hace 20 años, y por ley, dispuso la conformación de 11 dependencias, aunque nunca terminó de poner en marcha su plan. Al día de hoy, apenas funcionan 5 fiscalías rurales en esa provincia y denuncian que la inseguridad sigue ganando la batalla.
Es, seguramente, una experiencia que habrán seguido de cerca en Entre Ríos, donde la Mesa de Enlace impulsa un proyecto análogo para tener dependencias exclusivas en la Justicia. A la espera de que sea superador de lo ocurrido en Corrientes, el sector productivo ya se lo acercó a la Procuraduría General de la Provincia y trabaja en la letra chica.
La voz cantante la llevan las cuatro entidades que conforman la mesa de enlace nacional, a través de sus dependencias entrerrianas: la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), alineada con CRA, la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), alistada en Coninagro, y la Sociedad Rural y Federación Agraria.
En conjunto, impulsan un proyecto de ley provincial que permita la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales. Recientemente, el Senado había aprobado una iniciativa para comunicárselo a la Procuraduría General de la Provincia, pero ahora los dirigentes se reunieron con esos funcionarios y otros importantes referentes, dijeron, para “avanzar en el intercambio de propuestas”.
De la reunión de trabajo participaron el procurador general de la provincia, Amílcar García; la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; y el director de Prevención de Delitos Rurales (Abigeato), Cristian Allegrini, junto a otros funcionarios provinciales.
La idea de crear fiscalías rurales, desde la mesa de enlace, sería “una herramienta fundamental para fortalecer las investigaciones, agilizar las causas judiciales y mejorar las respuestas institucionales frente a la inseguridad que afecta al campo entrerriano”.
Y es que más allá del vínculo fluido que mantienen con las autoridades policiales, la experiencia les ha demostrado que necesitan también dependencias de la Justicia que actúen acorde a los tiempos del delito rural, mucho más difícil de rastrear, y con los recursos propios para hacerlo. En el sector productivo hay expectativas sobre las chances de que se concrete.
“La articulación sostenida entre las entidades agropecuarias, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad constituye el camino correcto para diseñar medidas efectivas, optimizar la prevención y persecución del delito rural y brindar mayor tranquilidad a los productores y sus familias”, expresaron los ruralistas.





