El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) modificó el procedimiento para supervisar las fumigaciones oficiales de granos y otras mercaderías vinculadas al comercio internacional. Entre los principales cambios, la nueva normativa elimina la obligación de que sus inspectores verifiquen las habilitaciones provinciales de las empresas fumigadoras y las autorizaciones de sus directores técnicos. También suprime la verificación de determinadas condiciones de los sitios de tratamiento.
La medida, que quedó establecida mediante la Resolución 955/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, reemplaza el procedimiento vigente desde 2023 y actualiza las responsabilidades del Senasa, de las empresas fumigadoras y de quienes solicitan estos servicios.
La normativa regula los llamados Tratamientos de Fumigación Oficial (TFO), utilizados para controlar plagas mediante productos fitosanitarios que actúan en estado gaseoso. Se aplican, por ejemplo, cuando un país comprador exige que los granos exportados reciban un tratamiento determinado, aunque también pueden realizarse por exigencias de la normativa argentina.
Uno de los principales cambios aparece al comparar las obligaciones de los inspectores del Senasa con las que establecía la Resolución 79/2023. Hasta ahora, antes de autorizar un tratamiento, debían verificar que la empresa fumigadora contara con una habilitación provincial vigente, que su director técnico estuviera registrado o autorizado y que el establecimiento reuniera las condiciones básicas de seguridad e infraestructura exigidas por la jurisdicción correspondiente.
Con la nueva resolución, esas verificaciones dejan de figurar entre las obligaciones expresas que deben cumplir los inspectores antes de supervisar una fumigación. Sin embargo, el Senasa mantiene la responsabilidad de controlar la correcta aplicación de los productos fitosanitarios, las dosis utilizadas, los equipos de medición y determinadas condiciones del tratamiento.

También se modifican las obligaciones de las empresas fumigadoras. Anteriormente, debían presentar ante el inspector del Senasa las constancias de habilitación provincial y las autorizaciones de su personal. Ahora, el artículo 8 exige informar la nómina de trabajadores involucrados, incluidos el director técnico y los operadores, pero ya no contempla expresamente la presentación de esas constancias.
En la misma línea, se modificaron las obligaciones de quienes solicitan estos servicios. Mientras que la normativa anterior exigía disponer de un sitio registrado y autorizado por la autoridad provincial, la nueva redacción establece que el solicitante debe contar con un lugar para realizar la fumigación, una empresa aplicadora y unidades de tratamiento aprobadas por esta última.
El alcance de la intervención del Senasa queda expresamente definido en el artículo 24, que establece que su supervisión, autorización o certificación se limita a las competencias fitosanitarias reguladas por la resolución. Allí se aclara que “la intervención del Senasa no implica la verificación del cumplimiento de otras normativas de carácter nacional, provincial o municipal”.
De todos modos, estas modificaciones no implican que las empresas queden exceptuadas de cumplir las habilitaciones y exigencias provinciales correspondientes.
Por otro lado, la resolución mantiene las obligaciones de seguridad para las empresas fumigadoras, que deben controlar la hermeticidad de las instalaciones, disponer de equipos para detectar posibles fugas de gases, utilizar instrumentos de medición calibrados y proporcionar elementos de protección al personal involucrado. También deben cumplir los procedimientos correspondientes para la ventilación de los espacios tratados.
La nueva normativa conserva, además, las restricciones vigentes para el uso de determinados fumigantes. Entre ellas, la prohibición de fumigar granos durante su carga o transporte en camiones y vagones, establecida por la Ley 27.262, con una excepción para determinados contenedores herméticos y precintados destinados a exportación.
En cuanto al bromuro de metilo, se mantiene su utilización restringida a tratamientos cuarentenarios expresamente exigidos por países importadores, así como la prohibición de aplicarlo en bodegas de buques.
Los tratamientos en bodegas durante la navegación también continúan autorizados bajo condiciones específicas, utilizando fosfuro de aluminio o de magnesio.
El nuevo procedimiento entrará en vigencia el 18 de noviembre y será obligatorio en todo el territorio nacional. Quedan excluidas las frutas y hortalizas, sujetas a regímenes específicos.





