Con disposiciones que llevaban más de 60 años vigentes, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) decidió actualizar las reglas para combatir la langosta sudamericana y las tucuras, dos plagas históricas que pueden provocar importantes daños en cultivos y pasturas. La medida incluye la aprobación de un nuevo plan de contingencia y ratifica una serie de obligaciones para los productores, que deben denunciar su presencia, realizar las tareas de control correspondientes y permitir el ingreso de inspectores a sus establecimientos.
La actualización se concretó mediante la Resolución 949/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que reorganiza el marco normativo del Programa Nacional de Langostas y Tucuras, creado en 2017 y ratificado en 2019. Entre las disposiciones que quedaron derogadas se encuentran normas de 1.964 y 1.966, que declaraban a estos insectos plagas del agro y establecían pautas para su control mecánico y químico.
En los fundamentos de la resolución, el organismo explicó que “la atomización actual del marco normativo vigente en la materia atenta contra la celeridad y la eficacia que demandan las acciones de control de las referidas plagas en territorio”. En ese sentido, sostuvo que reunirlas en un solo texto permitirá mejorar la fiscalización y la intervención del Estado ante eventuales incumplimientos de los particulares.
Y la preocupación no es menor. Según se advirtió, la langosta sudamericana constituye una amenaza histórica por su “altísima capacidad de dispersión, gregarismo y voracidad”, características que le permiten desplazarse en grandes agrupamientos y provocar daños sobre extensas superficies productivas. Es por esto que, en su artículo 7, ratifica la obligación de denunciar inmediatamente su presencia, ya sea en estado de huevo, ninfa o adulto.
Las tucuras, por su parte, aunque no presentan esa misma capacidad de desplazamiento masivo, pueden ocasionar pérdidas significativas a escala local.
La exigencia de denunciar alcanza tanto a productores y responsables de explotaciones agrícolas y ganaderas, independientemente de la forma de tenencia de la tierra, como a autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales, prestadores de servicios de control y cualquier otra persona que detecte la presencia del insecto.
Por otro lado, el artículo 8° establece que los responsables de establecimientos agrícolas y ganaderos deben “realizar las acciones de control pertinentes”, ya sea por medios propios o mediante servicios contratados a terceros. Para ello, deberán utilizar productos fitosanitarios autorizados o registrados ante el Senasa y respetar las buenas prácticas de aplicación.
Además, tendrán que “permitir el ingreso a los agentes oficiales” para que puedan realizar tareas de vigilancia, supervisar los controles y fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. La resolución advierte que los incumplimientos podrán ser sancionados conforme a lo establecido en la Ley 27.233.
Cabe mencionar que, en los considerandos de la resolución, la norma recupera un estudio elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en 2020, que identifica al NOA y al NEA como las regiones con mayor probabilidad de resultar afectadas por la langosta sudamericana.
Según ese análisis, el valor de la producción de los principales cultivos de ambas regiones ronda los 3.700 millones de dólares, una cifra que no contempla frutales, cultivos industriales, pasturas naturales ni otros forrajes utilizados en la ganadería. No se trata de pérdidas efectivamente registradas, sino del valor de una producción potencialmente expuesta a los efectos de la plaga.
Como novedad, la norma aprueba, además, un nuevo Plan de Contingencia para la langosta sudamericana, que establece los procedimientos de respuesta ante la sospecha o detección de agrupamientos de la plaga. Este contempla mecanismos de activación, responsabilidades de los distintos actores, acciones de vigilancia, evaluación del riesgo, medidas de control y pautas de comunicación y seguimiento.
Sus cinco grandes líneas de trabajo son: vigilancia y análisis de la dinámica poblacional; control de focos con participación de organismos públicos y productores; capacitación y comunicación; investigación y transferencia de tecnologías; y planificación de las estrategias sanitarias.
