“Trabajamos sin descanso para poder eliminar este invento nefasto para siempre”. Así lo indicó ese viernes el presidente Javier Milei en referencia a los derechos de exportación durante un encuentro con dirigentes y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Si bien Milei implementó para 2027 un cronograma de reducción de alícuotas de derechos de exportación para soja, maíz, sorgo y girasol, lo cierto es que, si resulta reelecto en las elecciones presidenciales del año que viene, tendrá que eliminar gran parte de las retenciones durante su segundo mandato.
“Si hubo un sector que fue castigado son ustedes, por ejemplo con las retenciones, que han ido bajando y nuestra idea es que desaparezcan”, expresó durante su participación en el evento de la SRA.
La cuestión es que la desaparición de retenciones, lejos de tratarse de una “idea”, constiyuye una directiva establecida por una legislación nacional.
El pasado 1 de mayo entró en vigor de forma provisional el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el cual fue aprobado por la Argentina a fines de febrero pasado y cuenta con rango de ley (Nº 27.800/2026).
El acuerdo establece que los países que integran el mismo no introducirán ni mantendrán derechos de exportación después de tres años desde la entrada en vigor del acuerdo, salvo por algunas categorías específicas, como es el caso del complejo sojero, que contempla una escala progresiva de reducción de alícuotas con un tope del 18% a partir del quinto año y un máximo del 14% al finalizar el décimo año.
En lo que respecta al resto de los productos agroindustriales, deberían quedar liberados completamente de las retenciones a partir del 1 de mayo de 2029. Es decir: durante el segundo año de gobierno del segundo mandato de Milei, en caso, por supuesto, de obtener una victoria en los sufragios de octubre de 2027.
Lo mismo vale para cualquier otro candidato si resulta ganador de las elecciones presidenciales: las retenciones para todos los granos, menos la soja y derivados, tienen fecha defintiva de vencimiento.
Es probable, conociendo los atributos de la corporación política argentina, que en 2029 se busque un artilugio legal para intentar desactiar esa norma, lo que no resultará sencillo porque la ley 27.800/2026 involucra a los tres países del Mercosur y todas las naciones de la Unión Europea.
