Si el gesto corporal conocido como “pito catalán” consiste en una expresión de burla o desaire, sin dudas es lo que Argentina le está haciendo desde hace varios años a sus bosques nativos.
De acuerdo con una investigación elaborada por el equipo de FOCO Bootcamp, la Fundación Transparencia Activa y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Argentina pierde por año cerca de 200.000 hectáreas de bosques nativos. Increíblemente -o quizás no tanto-, esa superficie es la misma que el país se comprometió a restaurar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes de 2030.
Y aquí conviene hacer una distinción. Mientras que la reforestación implica “plantar árboles en terrenos que perdieron su cobertura forestal debido a la tala, los incendios o desastres naturales”, la restauración de bosques contempla “el conjunto de acciones destinadas a recuperar la estructura, la biodiversidad y los procesos ecológicos de un ecosistema boscoso que ha sido degradado por causas naturales o antrópicas”.
El compromiso de restauración fue asumido allá por diciembre de 2019, cuando el gobierno presentó su estrategia de Neutralidad de la Degradación de las Tierras. Pero, teniendo en cuenta que cada 12 meses se pierde la misma superficie a recuperar en diez años, la meta está muy lejos de cumplirse.
La iniciativa presentada ante la ONU siete años atrás contempló el diseño de un Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos (PNRBN), que establecía una meta de 18.000 hectáreas en proceso de recuperación para 2023, que se ampliaría progresivamente. En los hechos, sin embargo, el Plan no terminó de arrancar.
Según dio cuenta el trabajo, tras un llamado a proyectos piloto y dos convocatorias a nivel federal, entre 2017 y 2022 se ejecutaron 43 proyectos en 15 provincias que, en conjunto, no superaron las 3.500 hectáreas.
“En el documento remitido a esta investigación, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación señala que el PNRBN (Resolución 267/2019) continúa vigente, aunque actualmente no cuenta con financiamiento específico”, señala la investigación.
De acuerdo con Leonardo Collado, director de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, “el PNRBN fue mucho ruido y pocas nueces. Aguantó unos cuantos proyectos, que se planteaban a través de ONGs. Fue puro anuncio marketinero”.
Aquella falta de financiamiento se evidencia en las partidas asignadas a la protección de bosques dentro del presupuesto 2026. La cifra fue de 17.468 millones de pesos, equivalente al 0,0107% del presupuesto nacional, un monto muy inferior al piso del 0,3% establecido por la Ley 26.331 para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Y el proyecto del Presupuesto 2027 volvió a confirmar que la protección ambiental está lejos de ser una de las prioridades de cara al año electoral. En base al gasto total que fija el Presupuesto para el próximo año, que será de 202 billones de pesos, si únicamente se toma en cuenta el componente del 0,3%, el fondo debería tener al menos 606.304 millones de pesos.
Pero ese número dista mucho de los 24.668 millones que efectivamente recibirá, apenas el 4% de ese piso y sin tener en cuenta siquiera lo que corresponde por retenciones.
Cabe recordar que la Ley 26.331, sancionada en 2007, obliga a las provincias a ordenar territorialmente sus áreas forestales. Las zonas rojas corresponden a bosques de alto valor y no pueden transformarse; las amarillas tienen un valor medio y permiten actividades de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación; y las verdes son áreas de menor valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente, siempre que se respeten las condiciones establecidas por la normativa.
Ahora bien, los registros oficiales muestran que entre 2018 y 2024 se perdieron 1.415.659 hectáreas de bosques nativos. El promedio anual se ubicó en torno a las 202.000 hectáreas, con un pico de más de 330.000 hectáreas destruidas durante 2020.
En cuanto a la distribución de esas pérdidas, la misma no se dio de manera uniforme. Entre 2018 y 2024, Santiago del Estero perdió 291.935 hectáreas; Chaco, unas 247.499; Formosa, 199.811; Salta, 145.502; y San Luis, 123.089.
Para conocer lo que ocurrió durante esos seis años, el equipo de investigación realizó una serie de pedidos de acceso a la información a organismos nacionales y a las autoridades responsables de aplicar la Ley de Bosques en las provincias. De las 23 jurisdicciones consultadas, doce no habían respondido al cierre del trabajo: Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.
A nivel nacional, la Subsecretaría de Ambiente informó sobre 2.147 planes presentados entre 2018 y 2026 que contemplan alguna acción de recuperación. Sin embargo, el organismo reconoció que no puede diferenciar cuántas hectáreas están efectivamente en proceso de restauración y cuántas corresponden a otras actividades de manejo forestal.
