La política de “obra pública cero” que sostiene el gobierno desde 2023 y el avance de la privatización de las principales rutas nacionales, como su contracara, han ido erosionando el protagonismo de la dirección de Vialidad Nacional, que es hasta ahora uno de los organismos que más se achicó.
Mediante la resolución 1220/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, la dirección habilitó un nuevo retiro voluntario para seguir reduciendo la dotación de personal. El primero de ellos, llevado a cabo en enero, terminó con 609 adhesiones y, en menos de 3 años, el recorte alcanza a casi un tercio de la planta de trabajadores.
Tras intentar disolverla por decreto a mediados del año pasado, un movimiento que fue frenado por la Justicia, el gobierno nacional continúa achicando a la dirección de Vialidad, a la que incluso ya le quitó gran parte de sus recursos y modificó su estructura organizativa.
El principal recorte, sin embargo, sigue siendo el del personal: al comienzo del mandato de Javier Milei, el organismo contaba con una dotación de poco más de 5500 agentes, que hoy es de unos 4000. El anterior retiro voluntario, abierto al comienzo del 2026, no cumplió con las expectativas iniciales de sumar unas 900 adhesiones, y ahora se habilita una nueva instancia.
Según explica la resolución firmada por el director Marcelo Campoy, el procedimiento será análogo al anterior y podrán acceder los agentes que estén vinculados como personal en relación de dependencia, tanto en planta permanente como en contratos por tiempo indeterminado. El mínimo de antigüedad es de un año y se contemplan exclusiones para trabajadores mayores a 64 años, o aquellos solicitaron licencia sin goce de sueldo, entre otras.
Del mismo modo que se fijó en los retiros voluntarios del INTA, la adhesión incluye la prohibición de reingreso al sector público nacional por los próximos 5 años y alcanza a los 24 distritos en los que está presente el organismo. Primeramente se llevará adelante una etapa preparatoria, en la que se informará a los trabajadores de las condiciones de retiro, y luego la formalización y aprobación de las solicitudes.
“Dicho esquema asegura y promueve la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos, así como el establecimiento de una dotación acorde con las necesidades funcionales del organismo, previendo mecanismos de desvinculación voluntaria no coactivas como herramientas legítimas de reorganización institucional”, expresaron desde la entidad.
Un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) estima que, entre 2023 y 2025, el gasto real de Vialidad y Seguridad Vial cayó un 70%, con un recorte significativo en las partidas de Mantenimiento de Rutas Nacionales: de 828 millones de pesos contantes en 2023 a 333.000 millones en 2025. Para este año, el crédito vigente es de sólo 248.000 millones.
Con menores recursos en su caja, la dirección está siendo reorientada hacia un organismo cada vez más concentrado en la planificación, control y fiscalización de concesionarios antes que en la implementación de la obra pública. Así lo demuestra el plan federal para privatizar Corredores Viales SA, mediante el cual ya se concesionaron unos 9000 kilómetros de rutas nacionales a operadores privados.
Aunque no pudo disolverla, en junio de este año el gobierno sí fijó una nueva estructura organizativa para la dirección, que va a tono con el proceso de privatización de rutas nacionales y los menores recursos girados a esa dependencia.
En ese sentido, se dispuso la eliminación de las gerencias ejecutivas regionales y la división del área de Planeamiento y Concesiones en dos unidades diferentes, modificando el esquema que regía desde 2017. Ahora, la nueva estructura exige también menores puestos de trabajo, que se buscan liberar con el nuevo esquema de retiro voluntario en marcha.
