El juez Fabián Lorenzini autorizó al grupo Grassi, controlante de Nueva Vicentin Argentina, a tomar un crédito por hasta 50 millones de dólares a una tasa anual de SOFR Overnight + 2,50% (actualmente de 6,35%) provisto por Bunge para financiar la originación de granos.
El préstamo rotativo (“revolving”) con vencimiento al 31 de diciembre de 2031 se estructurará con un prenda de primer grado sobre el 8,33% del capital social de Renova, compañía controlada por Bunge; esta última tiene, al igual que Cargill, una asociación estratégica con Nueva Vicentin.
Para autorizar el crédito, Lorenzini indicó el grupo Grassi deberá realizar una rendición de cuentas documentada, en forma trimestral, de cada desembolso instrumentado del crédito, el cual tiene una comisión de otorgamiento del 0,25%.
El juez de Reconquista, Santa Fe, además determinó que la autorización está condicionada al mantenimiento del poder político y de su derecho de cobro de dividendos de Nueva Vicentin en Renova en lo que hace a su participación del 8,33%, ya que, si eso no ocurriese, “desvirtuaría la garantía prendaria y colisionaría con el interés común de los acreedores, creando limitaciones inaceptables de los derechos patrimoniales y políticos que no se condicen con la función de la garantía prendaria en nuestro derecho positivo”.
Concretamente, el préstamo se habilitó con “la inoponibilidad de toda cláusula contractual que otorgue a Bunge Argentina S.A. el ejercicio de los derechos políticos (voto) sobre las acciones de Renova S.A. o la cesión irrevocable de sus dividendos”.
Lorenzini aceptó el pedido del grupo comandado por Mariano Grassi a pesar del rechazo del Comité Definitivo de Acreedores de Vicentin, que se opuso a la operación al considerar que el préstamo carece de una asignación específica y compromete la participación de la empresa en Renova.
Los acreedores tienen miedo que el grupo Grassi use parte de los fondos para recuperar la actividad de Friar, dado que en junio pasado celebró un contrato de asistencia financiera con ese frigorífico por 4270 millones de pesos a una tasa del 39,9% anual y con garantía hipotecaria sobre la planta frigorífica de Reconquista.
Al informar de tal acuerdo al juzgado, el síndico concursal Diego Oscar Telesco emitió un dictamen desfavorable al recordar que Friar sostiene una deuda acreedora con Vicentin por 13,0 millones de dólares, cuya propuesta de reestructuración fue expresamente rechazada por Lorenzini.
Telesco además advirtió que no resulta consistente girar nuevos fondos de Vicentin a una empresa morosa de la cual la empresa agroindustrial solo posee el 0,39% del capital accionarial.
El grupo Grassi sostiene, en cambio, que el restablecimiento de la actividad de Friar resulta esencial para poder integrar la cadena de valor al derivar al frigorífico la hacienda proveniente del feedlot “Los Corrales de Nicanor”, que se abastecen con burlanda de maíz generada en su planta de bioetanol.
En el escrito a través del cual Lorenzini autorizó la posibilidad de acceder al crédito de Bunge, se aclaró “que la solicitud de autorización para otorgar la asistencia financiera a Friar S.A. podrá ser sometida a reconsideración, previo análisis y dictamen favorable del Comité de Acreedores y mediando un plan de recupero de las acreencias de antigua data por parte de aquella sociedad para con la concursada, en la medida que ello implique una decisión conveniente a los intereses de la sociedad concursada y para los acreedores concurrentes”.
