El delito rural atraviesa a todas las actividades productivas y no distingue entre geografías ni actividades. Lo demuestran las noticias de cada año, que exhiben desde lamentables casos de abigeato y robo de granos hasta la caza furtiva y el robo en establecimientos, hechos de inseguridad que golpean de lleno a los trabajadores rurales.
Este año, desde CRA iniciaron una nueva gesta para que la figura del “vandalismo rural” sea tipificada por el Código Penal y que, de una vez por todas, se establezcan penas claras para estos casos. Es lo que pregona el proyecto de ley presentado por diputado Martín Ardohain y aún no tratado en el Congreso.
Además de producir en Guaminí, Carlos Bilbao es directivo de Carbap y delegado en CRA, y desde su investidura, pero también su actividad diaria, insiste en que es urgente avanzar con esta discusión. “Hay casos graves de robo, incluso hasta de secuestro de personas, pero a nivel general el problema que tenemos es cuando la gente se mete al campo con perros para cazar liebres o con escopeta para cazar perdices. También hay casos en que lo usan para hacer inteligencia y a ver si vive alguien, si no está, si está vacío, o qué cosas hay para por ahí robar”, explicó a Bichos de Campo.
En ese sentido, Bilbao considera inaudito que, actualmente, se pueda ingresar sin permiso a un establecimiento rural y que eso no constituya un delito penal. “Uno no sabe quien entra, y lamentablemente hasta hoy, a nivel nacional, eso no es un delito, solamente una contravención”, señaló.
Según describió, ante una denuncia, la policía puede concurrir, identificar a las personas y pedirles que se retiren, pero el hecho queda en el ámbito contravencional. Por eso reclamó que avance el proyecto que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.
La iniciativa legislativa propone modificar el Código Penal. El proyecto incorpora la figura de “intrusión rural”, con penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural delimitado por alambrados, tranqueras u otras señales de exclusión. También establece penas de dos a ocho años para daños contra bienes vinculados directamente con la producción agropecuaria.
Para Bilbao, el cambio central es que exista una consecuencia penal. “El proyecto básicamente dice que meterse a un campo, saltar el alambre o meterse a un campo, pasa a ser un delito, y así deja de ser una contravención. El que quiera entrar a una propiedad privada tendrá que pedir un permiso, como funciona normalmente”, afirmó.
Eso no quita que cambien muchas de las actividades que se realizan habitualmente en el campo, porque lo que establece es que deben contar con autorización. “En muchos lugares se caza cuando es época. Piden permiso, entran a cazar perdices o a agarrar algunas liebres, y tiran unos tiros con permiso de los dueños”, explicó.
