Las retenciones agrícolas supondrán este año una transferencia de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares de los productores de granos al sector público. Es una suma semejante a la que el agro argentino podría recibir si finalmente la Argentina se puede subir al mercado de bonos de carbono. Y es por eso, para no volver a perder tanto dinero, que los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) preparan un proyecto de ley para evitar que toda esa suma de dinero vuelva a ser capturada por los “intermediarios” de la política, despojando nuevamente al sector productivo.
En un comunicado de prensa, la entidad liderada por Nicolás Pino avisó que trabaja, junto a la Mesa de Carbono Argentino, en un proyecto de ley “para generar las condiciones jurídicas necesarias para que el mercado de créditos de carbono se desarrolle en el país”, pero al mismo tiempo sus beneficios queden en manos del sector privado.
“El objetivo de la entidad es que la Argentina pueda aprovechar esta oportunidad de generación de divisas, inversiones y empleo, pero bajo una condición central: el reconocimiento de la propiedad privada y de los derechos de los productores sobre sus tierras”, se explicitó.
La entidad sostiene que el mercado de créditos de carbono puede representar para la Argentina una oportunidad económica de aproximadamente 4.800 millones de dólares anuales. Pero el planteo de la SRA es que “esos recursos no queden concentrados en intermediarios ni bajo un esquema de administración estatal, sino que lleguen a los propietarios y productores que generan y sostienen los proyectos”.
“Llevamos dos años de trabajo en conjunto con los legisladores y el Poder Ejecutivo. Estamos muy cerca de tener un proyecto que contemple todos los derechos de los productores y permita el ingreso de divisas al país”, señaló la vicepresidenta segunda de la entidad, Eloísa Frederking.
“Estos recursos van a ir hacia regiones donde el desarrollo del país ha quedado inmovilizado ante la presión del ambientalismo extremo y leyes que generaron pobreza estructural”, se entusiasmó Frederking.
Esta posición de la entidad ya había sido expresada públicamente por Nicolás Pino, durante el discurso inaugural de la 138 Exposición Rural. “En la Argentina no hay bienes comunes, hay bienes públicos y bienes privados”, afirmó entonces el ruralista, al reclamar a los gobernadores el respeto de la Constitución Nacional y un marco que permita concretar inversiones vinculadas al mercado de carbono.
El miércoles pasado, durante una exposición en el Congreso, el director de la SRA, Andrés Costamagna, planteó que, además de una Ley de Carbono, es necesario introducir cambios en la Ley de Bosques para generar condiciones que permitan desarrollar nuevos proyectos productivos, de conservación y de generación de empleo en las economías regionales.
Luego de dos años de trabajo, la SRA asegura haber alcanzado, junto con el equipo de la senadora salteña Flavia Royón, una propuesta legislativa que considera superadora y que podría permitirle a la Argentina posicionarse en el mercado internacional de créditos de carbono.
“Para la SRA esta es una conquista. Cuando muchos nos decían que estábamos hablando de humo, nosotros seguimos trabajando. Estamos muy cerca de que ese humo se vuelva dólares”, sostuvo Costamagna, esperando que ahora el Congreso debata el proyecto.
