El gobierno intentó desregular por completo la actividad de los prácticos, las medidas de fuerza generaron una paralización total de actividades en los principales puertos, y la decisión tuvo que ser revertida. Lo único que cambió fue que el sector negoció una reducción de sus tarifas en un 20%, una derrota para el proyecto de Sturzenegger, quien ni siquiera participó de esas negociaciones.
Ahora, el gobierno acaba de oficializar su decisión mediante un nuevo decreto, que deroga el que inició la polémica y establece además la creación de una “mesa de trabajo” para que, a futuro, las gestiones sean canalizadas por dicho medio.
“Como consecuencia de la entrada en vigencia del citado Decreto N° 690/26, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza que generaron una situación excepcional que pone en crisis el normal funcionamiento del sistema de prestación del servicio de practicaje y pilotaje”, reconoce el nuevo decreto 716/26, que justifica la marcha atrás del gobierno como medio para “mitigar la situación de crisis del sistema y garantizar la continuidad de los servicios”.
En los hechos, eso se oficializa en la creación de una “mesa de trabajo” en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que integrarán también representantes de la Prefectura Naval y de la Agencia de Puertos y Navegación junto a representantes del sector de practicaje y pilotaje, que no cuenta con gremios, sino con cámaras, ya que cada capitán es considerado un “profesional independiente”.
Al respecto, el decreto firmado por Javier Milei, su jefe de Gabinete Diego Santilli, Federico Sturzenegger y la ministra de Seguridad Alejandra Susana Monteoliva, establece que “la conformación de una mesa intersectorial tiene el objeto de establecer un nuevo reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje”.
Es, en efecto, lo que reclamaba el sector, que se mostró sorprendido por la reforma vertida por el gobierno días atrás y confirmó que nunca había sido consultado al respecto. De hecho, ante la paralización de la actividad portuaria habían respondido que estaba en sus manos solucionar el problema: “Todo depende del gobierno”, dijeron.
El triunfo sectorial llegó apenas horas más tarde, cuando el conflicto había dado muestras de empezar a escalar y desde el propio sector productivo reclamaban por una solución que permitiese reanudar el flujo comercial. En esa reunión se acordó una reducción de las tarifas máximas -reguladas por el propio Estado- en un 20% a cambio de derogar el decreto, que establecía que la contratación del servicio fuera libre, sin obligación de recurrir a las actuales corporaciones que concentran la actividad, que se pudiera recurrir a servicios extranjeros y flexibilizaba las condiciones de obligatoriedad para contar con prácticos a bordo.
“La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno Nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, y tendrá como objetivo avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación. Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”, había explicado el gobierno tras el acuerdo sectorial.
