En la Argentina sigue operando un régimen de tinte soviético. Semejante afirmación puede resultar un tanto exagerada al considerar el notable ordenamiento macroeconómico registrado en los últimos dos años. Pero es la inocultable realidad que se observa al evaluar los datos libres de cualquier sesgo ideológico.
Los derechos de exportación representan una apropiación indebida del capital de trabajo de las empresas agropecuarias, que son las encargadas de generar la mayor parte de las divisas necesarias para el funcionamiento de la economía.
Esa locura hace que el país sufra crisis cambiarias recurrentes, que el gobierno de Javier Milei promete erradicar de la mano del crecimiento de las exportaciones hidrocarburíferas y de minerales, aunque eso, por el momento, es solamente un sueño.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en reiteradas oportunidades declaró que no puede remover completamente las retenciones porque necesita ese componente de la recaudación para garantizar la gobernabilidad.
No existe nada que pueda hacer el campo frente a tal decisión, salvo seguir reclamando, pero con un discurso tan repetitivo que, con el tiempo, termina vaciándose para terminar diluyéndose en el olvido. ¿Eso implica que hay que resignarse? De ninguna manera.
Existe otro reclamo potencial que, si bien está completamente invisibilizado, tiene un efecto tan o más pernicioso que los derechos de exportación.
Durante la convertibilidad, en los años ’90, los empresarios agrícolas tenían la posibilidad de cobrar las ventas de granos en moneda estadounidense. Sin embargo, a partir de 2002 se estableció la obligatoriedad de liquidar todas las exportaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios, de manera tal que los dólares generados por el agro pasaron a ser monopolizados por el Banco Central (BCRA), quien, a cambio, transfiere pesos.
La liquidación obligatoria de divisas es una medida que está presente en países tales como Pakistán, Libia, Turkmenistán, Argelia, Madagascar y República Central Africana. No se trata de un listado muy prestigioso, ciertamente, y es entendible que así sea, porque las divisas generadas por los exportadores pertenecen a los exportadores en las naciones normales.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) establece que los proyectos comprendidos en el mismo pueden disponer de las divisas generadas por exportaciones en una proporción del 20% luego de transcurrido un año desde la puesta en marcha del emprendimiento, mientras que crece al 40% a los dos años y al 100% a los tres años. No se trata de un “beneficio”, sino de una medida propia de una situación normal.
Todos los integrantes de la comunidad agroindustrial deberían solicitar al Estado que deje de apropiarse de sus divisas, es decir, del producto de su trabajo. También debería autorizarse el giro de utilidades y dividendos al exterior sin ninguna restricción, dado que actualmente eso solo está permitido para los ejercicios iniciados desde enero de 2025.
Con tales resoluciones, entre otras, el tipo de cambio dejaría de reflejar el valor mentiroso que tiene en la actualidad para alcanzar su nivel de equilibrio, algo indispensable para ordenar los precios relativos de la economía.
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que el supuesto superávit primario del Estado nacional argentino en realidad es un déficit si se consideran los intereses de los títulos emitidos para intervenir el tipo de cambio, algo que no sería necesario en caso de sincerarlo.
Las situaciones anómalas, que terminan, con el tiempo suficiente, generando más problemas que soluciones, existen independientemente del maquillaje discursivo que las recubre y deben ser señaladas siempre para que, algún día, finalmente sean desmanteladas con el propósito de que la Argentina pueda equipararse con los países de la región, que hace décadas que abandonaron las aberraciones institucionales en materia de política económica.
