En febrero, el Senasa confirmó que la plaga del picudo rojo ingresó a la isla Martín García, que, aunque está a varios kilómetros de nuestra costa, es estrictamente territorio argentino y, por lo tanto, exige acciones de contingencia. Desde entonces, y hasta el 30 de junio del 2027 rige la emergencia fitosanitaria en esa zona dispuesta por la resolución 133/2026 del organismo.
Lo que se sabe de esta plaga de origen asiático es que, por sus características reproductivas y su forma de dispersarse, es muy difícil de controlar. De hecho, desde que ingresó a Sudamérica en 2022, a través de Uruguay, no hizo más que expandirse y generar estragos en el país oriental.
En vistas de esa experiencia es que se acaban de publicar algunos cambios respecto al plan de contingencia aprobado por nuestro organismo sanitario y se endurecieron los controles, temiendo que su instalación en la isla sea el preámbulo de su dispersión en el país y que por descuidos en las propias acciones de prevención se ayude involuntariamente a eso.
A través de la disposición 1/2026, la Dirección Nacional de Protección Vegetal, dependiente del Senasa, dispuso algunos cambios en la resolución publicada en febrero.
Primeramente, añade que “se prohíbe el traslado de ejemplares sospechosos de picudo rojo, vivos o muertos, en cualquiera de los estadios de su ciclo de vida e independientemente del tipo de acondicionamiento en que se presenten”. En caso de que se sospeche la presencia de la plaga, se deberá dar aviso al Senasa para que los especialistas dispongan cómo analizarla.
Eventualmente, si así lo requieren, podrán trasladar los insectos bajo estrictas condiciones, que incluso abarcan la limpieza profunda de los vehículos.
Asimismo, la breve normativa publicada en el Boletín Oficial una versión actualizada del plan de contingencia que ya rige en el marco de la emergencia fitosanitaria. Allí, incorpora al “público en general” como sujeto responsable y actor involucrado, junto a operadores y técnicos, y se detiene mucho más en las acciones de bioseguridad.
Según explicaron desde el Senasa, el plan de contingencia “establece las acciones y medidas fitosanitarias que deberán implementarse en las áreas que el organismo determine ante la confirmación de una detección de la plaga”. Por el momento, sólo atañe a la isla Martín García, pero se hace extensivo a todas las regiones donde se radique una denuncia.
En ese sentido, en la nueva versión del plan publicada se incorporan mayores precisiones sobre bioseguridad, manejo de residuos, monitoreo, restricciones al movimiento de plantas y requisitos para viveros y establecimientos productivos, con protocolos más detallados para actuar ante un caso sospechoso.
Respecto al destino del material contaminado, por ejemplo, no sólo ordena destruir las palmeras afectadas, sino que además aclara cómo debe procederse para el transporte, trituración, enterramiento y disposición final de los residuos. Incluso prevé que las provincias y municipios definan sitios específicos para descartar el material vegetal.
Se sabe que esta plaga, originaria del sudeste asiático, tiene una alta tasa de reproducción,
mucha capacidad de vuelo y puede dañar a decenas de palmares nativos de nuestro país. Las dificultades que genera su manejo y control se cruzan también con el riesgo de ayudar a su dispersión incluso cuando se la intenta combatir.
Por ello el protocolo incorpora algunas nuevas precisiones en ese sentido, y endurece los controles por temor a lo que la experiencia uruguaya marca como inevitable pero que aquí, por el momento, se ha podido sortear: el ingreso a las regiones productivas más importantes.
