Varios grupos lácteos de peso en el país enviaron este miércoles a sus representantes a una reunión con el juez que dispuso la quiebra de Sancor y que ahora analiza qué hacer con los activos de esa malograda cooperativa, tanto las plantas como las marcas. A la convocatoria asistieron Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela, aunque un comunicado de Atilra que expuso la situación también mencionó -tal como había adelantado Bichos de Campo– el interés del empresario Gustavo Scaglione.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) actuó casi como si fuera la jefatura de prensa del Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela. Mostrando su interés sobre esta quiebra y sobre los movimientos del juez Marcelo Gelcich, el gremio contó con lujo de detalles acerca de la reunión que podría comenzar a definir qué pasará con la “nueva Sancor”.
Se contó por ejemplo que estuvo en el lugar el síndico titular Ignacio Pacheco Huber y la coadministradora Lucila Prono, para hacer un reporte de la situación de la cooperativa láctea quebrada ante supuestos interesados en los activos. En el comunicado de Atilra se hace alusión a “las unidades productivas de la empresa fallida y sus activos restantes”, ya tomando como posibles “oferentes”, a representantes de empresas presentes.
No todos fueron a levantar la mano como futuros compradores, sino que algunos simplemente asistieron para evaluar el estado general de la empresa, según pudo saber Bichos de Campo.
Pueden algunas plantas ser tentadoras por la diversificación de producto, pero hay casos donde el interés se enfoca más en las marcas secundarias de Sancor e incluso sobre sus recetas (de los famosos maestros queseros), como podrían ser el queso fundido Tholem, el queso crema Mendicrim y otros ejemplos.
Lo cierto es que hubo representantes de Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor SA y La Tarantela. Pero curiosamente en el comunicado firmado por Etín Ponce, el secretario general de Atilra,se remarcó que “se deja constancia de la ausencia con aviso del empresario Gustavo Scaglione, quien manifestó su interés en realizar una propuesta integral con respaldo de socios del exterior”.
No es casual que se lo comprometa tan directamente al empresario de medios, que ya había estado en la conformación del fallido fideicomiso que quiso -sin éxito- desviar dineros públicos para desembarcar en la cooperativa láctea durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández.
Es el vínculo entre Scaglione y Ponce lo que motivaría esta intención de desembarco, con el foco central de ese grupo puesto en conquistar la planta de Sunchales y la marca Sancor,
De lograr ese desembarco, habrá luego que sentarse a ver cómo se acomodan los intereses y las ambiciones. Esto no es menor, porque ya cuando en 2022 y 2023 se intentaba estructurar aquel fondeo del Banco Nación para el fideicomiso, los empresarios que se sumaban a Scaglione (como es el caso de algunos que hoy están dentro del Grupo Grassi y la Nueva Vicentín Argentina), le manifestaban por escrito a Atilra que no iba a tener control de la administración en aquella idea y simplemente podrían sentarse a la mesa de la decisión operativa de la firma.
Anticipa la comunicación del gremio que por los activos de la empresa quebrada y su enajenación, “el pliego licitatorio estará disponible en los próximos días”, con lo cual se estima que el proceso va más rápido de lo esperado, aunque no tanto como para evitar el desastre laboral y social.
Mientras en las plantas la actividad es ínfima, porque en muy pocos casos hay movimiento real, los 178 trabajadores listados que conservan su trabajo, cobraron el viernes pasado unos 500 mil pesos, mientras que algunos más llegaron a recibir un beneficio para la compra de alimentos por parte del gremio de hasta 600 mil pesos, lo cual los pone en posición de privilegio no sólo frente a todo el caudal laboral, sino a futuro, cuando las plantas precisen más personal que el fundamental que está listado ahora.
Lo que sucede es que al no enfocarse la Sindicatura y el Juez en la consecución de contratos de alquiler, sino directamente en la venta de activos y los apuros sindicales, serán más de 700 los posible despedidos si la reactivación de las plantas no llega antes de mediados de junio. Es lo que anticipa al menos la sentencia de la quiebra.
El objetivo de achicar abruptamente la planta de personal se logrará sin mayores esfuerzos y así, la influencia gremial habrá logrado en poco más de un año deshacerse de unas 1.200 personas, que esperan algún tipo de liquidación de deuda al momento de la venta.
La gran incógnita es cómo jugarán los valores a la hora de comprar materia prima por parte de ciertos supuestos inversores y quiénes serán los productores lecheros que aceptarán las ofertas, poniendo en juego justamente eso, los valores.
La crisis de desmanejo interno es muy larga y lleva unas tres décadas de arrastre. La influencia negativa y tan directa del gremio tiene un tiempo similar, pero claramente el final de la historia está muy lejos de llegar, con un tendal económico, laboral y emocional que no se puede poner en cifras, pero se percibe en el contacto con cualquier persona que haya estado ligada a la empresa.
