La entrada en vigencia del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) genera inquietud no solo entre los socios comerciales de ese bloque, sino también puertas adentro. A través de una declaración conjunta firmada por 11 organizaciones que representan a distintas cadenas productivas, se elevó un pedido a las autoridades y Estados miembro para que simplifiquen la normativa, que tras varias postergaciones se aplicaría recién a mediados de 2027.
“Desde la agricultura, la ganadería, la silvicultura, las industrias forestales y los piensos hasta los aceites vegetales y las harinas proteicas, numerosos sectores instan a las instituciones de la UE a dedicar el tiempo necesario para abordar las persistentes preocupaciones. Aunque bienintencionado, el EUDR corre el riesgo de socavar la competitividad, la resiliencia y la autonomía de importantes sectores europeos si su aplicación no se revisa cuidadosamente y se simplifica”, detalla la misiva.
El reglamento 1115, publicado allá por 2023, apunta a certificar el origen de los embarques de carne bovina, soja, madera, caucho, cacao, café y palma aceitera, asegurando que estos no provengan de zonas deforestadas con posterioridad al 31 de diciembre del 2020. Su puesta en marcha estaba prevista, originalmente, para el 2025, sin embargo las tensiones provocadas obligaron a postergarlo en reiteradas ocasiones.
El último aplazamiento se dio a finales del año pasado, con el argumento de que era necesario “garantizar una transición fluida y dar tiempo a mejorar el sistema informático que utilizan los operadores, comerciantes y sus representantes para realizar las declaraciones electrónicas de diligencia debida”.
Ya en aquella oportunidad, ante las presiones del sector agropecuario local, las autoridades habían aprobado una serie de simplificaciones a la norma. Por caso, se definió depositar una mayor responsabilidad sobre los operadores mayoristas, en especial las empresas importadoras de esos commodities.
“Los eurodiputados consideran que la responsabilidad de presentar una declaración de diligencia debida (el certificado que garantiza el origen de la mercadería desde campos libres de deforestación) debería recaer en las empresas que introducen primero el producto en cuestión en el mercado de la UE, y no en los operadores y comerciantes que lo comercializan posteriormente”, señalaron en aquella oportunidad.
A eso se sumaron beneficios para micro y pequeños operadores primarios, que solo deberán presentar una declaración simplificada única, facilitando así que las empresas cumplan con la ley sin comprometer sus objetivos.
“Sólo las empresas que introduzcan primero un producto relevante en el mercado de la UE serán responsables de presentar declaraciones de diligencia debida, y no los operadores y comerciantes que lo comercialicen posteriormente”, explicaron en ese entonces.
Pero eso no alcanzó a apaciguar los reglamos de los productores, que desde enero de este año vienen marcando otros “defectos fundamentales en el diseño y aplicación del EUDR”. En particular, las organizaciones apuntan a la “falta de seguridad jurídica”, así como a “requisitos de cumplimiento poco realistas y cargas administrativas —incluida la presentación de información en el repositorio central de datos— que afectan de manera desproporcionada a los operadores”.
“Estas deficiencias corren el riesgo de provocar perturbaciones en el mercado, como escasez de suministro, aumento de los costes y reducción de la competitividad de los sectores de la UE, sin abordar de manera eficaz los factores que impulsan la deforestación”, sostuvieron.
“Las simplificaciones decididas a finales de diciembre de 2025 y el aplazamiento de un año proporcionaron cierto alivio, pero muchas cuestiones siguen sin resolverse”, destacaron. En ese sentido, y de cara a una nueva revisión de la normativa prevista para el próximo 30 de abril, estas cadenas aseguraron que será crucial “e introducir ajustes legislativos específicos que armonicen el Reglamento, garantizando que sea práctico, proporcionado y aplicable sobre el terreno”.
A continuación, consideraron que también es importante garantizar un calendario de aplicación realista para lograr una mejor adaptación de los operadores, evitando así “correr el riesgo de que se produzcan interrupciones en la cadena de suministro”.
“La credibilidad de la aplicación del EUDR depende de su capacidad para impedir que los productos asociados a la deforestación entren en nuestras cadenas de suministro, salvaguardando al mismo tiempo la viabilidad de los productores primarios y las industrias europeas. Estamos dispuestos a contribuir a este proceso y pedimos medidas urgentes y específicas para que el Reglamento sea adecuado a su finalidad”, concluyeron.
La carta lleva la firma de las siguientes entidades: Oleochemicals Europe (APAG); La voz del sector avícola europeo (AVEC); Confederación Europea de Industrias de la Madera (CEI-Bois); Comité Europeo de Tensioactivos Orgánicos y sus Intermedios (CESIO); Asociación Europea del Comercio de Cereales, Semillas Oleaginosas, Arroz, Legumbres, Aceite de Oliva, Aceites y Grasas, Piensos y Suministros Agrícolas (Coceral); La Voz Unida de los Agricultores y sus Cooperativas en la Unión Europea (Copa Cogeca); Organización Europea de la Industria Maderera; (EOS); Asociación de la industria de aceites vegetales y harinas proteicas de la UE (FEDIOL); Federación Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC); Fabricantes Europeos de Palés y Embalajes de Madera (FEFBEP); Unión Europea del Comercio Ganadero y Cárnico (UECBV).
