Europa empezó a decir en voz alta lo que hasta ahora venía disimulando: su ganadería está en problemas. Caen los rodeos, cierran campos y la rentabilidad no aparece. Pero en lugar de aflojar exigencias, el bloque ahora evalúa ir en el sentido contrario, quiere endurecerlas para quienes quieran exportarle alimentos.
La señal surge de un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que señala: “La Comisión Europea (CE) ha lanzado una convocatoria de presentación de pruebas para una estrategia de la UE en materia de ganadería, prevista para el segundo trimestre de 2026”.
El informe da cuenta de que las autoridades europeas ya no pueden esconder más la crisis de su producción de carne y que las medidas que toman buscan ponerle palos en la rueda a los países productores para disimular la falta de competitividad de sus propios países miembros.
La estrategia plantea que el sector deberá “reducir su huella ambiental, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero”, y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en el uso de recursos y su integración con la agricultura.
Pero ese camino tiene costos. Y ahí aparece el punto más delicado del informe: la competitividad. Bruselas admite que “los altos estándares de la UE tienen un costo que el mercado no siempre recompensa”. Frente a eso, la Comisión propone analizar una alternativa de alto impacto global para “evaluar la posible alineación de los productos importados a los estándares de producción de la UE, incluidos los requisitos de bienestar animal”.
Traducido: Europa estudia exigirle al resto del mundo que produzca bajo sus mismas reglas si quiere venderle.
El argumento es “nivelar la cancha” para arriba, pero el efecto puede ser otro. Para países exportadores como la Argentina, eso abre la puerta a nuevas exigencias que pueden funcionar como barreras paraarancelarias bajo el paraguas de la sostenibilidad.
Mientras tanto, el bloque también identifica oportunidades en medio de la crisis. Habla de innovación en genética, alimentación y tecnología, de una demanda creciente por productos “de alta calidad y producidos de forma sostenible”, y de un mayor uso de herramientas como la trazabilidad o las certificaciones para diferenciarse.
“Esta iniciativa reconoce a la ganadería como un componente esencial del sector agrícola de la UE, al tiempo que aborda desafíos complejos como la disminución del número de cabezas de ganado, la baja rentabilidad, las preocupaciones medioambientales y la competencia comercial”.
Luego señala que: “la Comisión Europea evaluará la posibilidad de armonizar los productos importados con las normas de producción de la UE, incluidos los requisitos de bienestar animal, tras una evaluación de impacto y en cumplimiento del derecho internacional”.
Esta convocatoria busca el aporte de las opiniones de “toda la cadena de valor ganadera, los Estados miembros y la sociedad civil sobre las oportunidades y soluciones a los retos existentes”.
El problema central es económico. “La rentabilidad sigue siendo una debilidad central”, reconoce el documento, al señalar que los altos costos, la volatilidad de los mercados y la presión competitiva están achicando los márgenes y limitando la inversión.
A eso se suma el impacto humano: “La incertidumbre económica persistente, agravada por los riesgos climáticos, contribuye al estrés y a problemas de salud mental, y puede desalentar el recambio generacional”.
El propio diagnóstico europeo es contundente. La ganadería enfrenta una combinación de problemas estructurales: “disminución de los rodeos y cierre de explotaciones”, con “riesgos claros para la continuidad de la producción en algunas partes de la UE”.
En la Unión Europea hay una clara preocupación por estas cuestiones ya que por un lado deben demostrar a sus productores que están haciendo algo por sostenerlos en el sistema, deben atender las demandas de los consumidores que se vuelven más exigentes respecto de la trazabilidad y la formas en que fueron producidos los alimentos.
Desde hace un par de años en ese bloque económico están buscando imponer el llamado reglamento antideforestación, que limita el ingreso a ese mercado de materias primas o alimentos producidos en campos que fueron deforestados en los últimos 5 años.
Luego de dos años de lanzado, ese reglamento no se puedo implementar todavía por la complejidad que exige y porque además implica un encarecimiento de los productos en cuestión debido a la burocracia a la que obliga a los exportadores mundiales y a los importadores europeos, además de las elevadas multas por su incumplimiento.
