Un informe de la cadena televisiva chilena TVN reveló la existencia de un financiamiento por más de 500 millones de pesos chilenos (unos 550.000 dólares) proveniente de Noruega hacia comunidades lafkenche en el sur de Chile, cuyos reclamos generaron la aprobación de una norma que prohíbe la expansión de la salmonicultura chilena.
De acuerdo con la investigación, los fondos fueron canalizados a través de una ONG noruega, Norwegian People’s Aid (NPA), que recibe aportes estatales de ese país.
El objetivo de la ayuda habría sido apoyar a comunidades indígenas en procesos de reclamación territorial, particularmente en el borde costero, donde se concentran múltiples proyectos ligados al cultivo de salmón.
En el reportaje, la jefa para América Latina de la organización, Beate Thoresen, descartó la existencia de un conflicto de interés en estos aportes. “Es una casualidad que hayan escogido como beneficiarios a un grupo indígena con reclamaciones costeras en las mismas zonas donde Chile produce salmón”, señaló, para luego añadir que la legislación en cuestión “fue aprobada en Chile y nosotros no la sugerimos como tal: fue una iniciativa del pueblo lafkenche”.
Sin embargo, tanto los empresarios del sector como gran parte de la dirigencia política no creen en las casualidades y consideran que la Ley Lafkenche fue un producto diseñado para evitar el desarrollo de la industria de salmónidos cultivados en Chile, principal competidor de Noruega en el mercado global de ese alimento de alto valor agregado.
La Ley Lafkenche (N° 20.249), promulgada en 2008, establece un marco para la protección y administración de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios. La normativa permite a comunidades indígenas gestionar zonas del borde costero del país, lo que en los hechos a provocado que vastas zonas aptas para producir salmónidos cultivados no puedan ser empleadas para ese propósito.
El presidente de la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de Chile, Alejandro Bernales, señaló que “esta es una situación sumamente gravísima que debe ser aclarada”.
“Si aquí hay compatriotas recibiendo dinero para perjudicar el crecimiento económico a nuestro país, estas personas incluso tienen que tener un castigo penal. Nosotros ya citamos a la comisión de Pesca al ministro para tratar distintas temáticas y este va a ser uno de los puntos que le vamos a plantear”, indicó en un artículo publicado por el medio chileno Emol.
“También sería importante que podamos avanzar en legislar en un proyecto de ley que –ya está en la Cámara de Diputados–, que en su idea matriz exige a que las ONGs puedan transparentar el gasto que reciben”, agregó.
El uso de ONG como “punta de lanza” para promover medidas contrarias al desarrollo de los países hispanoamericanos está lejos de tratarse de una novedad.
En 2021 una acción de similares características promovió la aprobación de una norma que prohibió la salmonicultura en la provincia argentina de Tierra del Fuego, legislación que fue desactivada a fines del año pasado en el marco de una crisis económica presente en la jurisdicción más austral del territorio argentino.
