Tras las victorias registradas durante el período de sesiones extraordinarias, el gobierno confirmó que enviará un nuevo paquete de leyes al Congreso Nacional, con importantes menciones a los temas que atañen al sector agropecuario.
Durante este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó en su red social X, de forma escueta, que próximamente el Poder Legislativo deberá darle tratamiento a algunas de las normas que el gobierno tiene en la mira desde diciembre del 2023 pero que, hasta ahora, sólo habían alcanzado el debate extraparlamentario.
Se trata, en particular, de tres leyes que tocan muy de cerca a la producción: la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la tan discutida Ley de Glaciares. Tras el visto bueno en el Concejo de Mayo -el espacio creado por el gobierno para reunir a un amplio espectro de gobernadores-, y, en algunos casos, tras el fracaso de otras vías, Casa Rosada buscará ponerle el broche de oro a importantes debates sectoriales.
El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional:
– Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas
– Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley…
— Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2026
Dentro de lo que el ex vocero presidencial agrupó como “leyes de la propiedad” se ubica nada más ni nada menos que la Ley de Tierras (26.737), sancionada en 2011 por impulso del kirchnerismo y muy resistida por Milei desde su asunción.
En concreto, la normativa establece que ningún extranjero -sea persona física o jurídica- puede poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Paralelamente, aclara que ninguna nacionalidad extranjera puede detentar más de un tercio de ese 15% y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en su poder.
Cabe aclarar que, para esta ley, se considera “extranjero” incluso a empresas que son controladas por el 51% de capital foráneo.
No es la primera vez que el gobierno nacional apunta sus cañones contra la Ley de Tierras. De hecho, ya el famoso DNU 70/2023, en su artículo 154, disponía la eliminación de la normativa. Su posterior judicialización dejó en “stand by” la medida, y la palabra final quedó en manos de la Corte Suprema.
Por ello es que ahora el gobierno intenta una vía alternativa, menos directa, más debatible, pero que juzga más efectiva. Ya lo había adelantado el propio Adorni en diciembre del año pasado, y tras la última reunión del Concejo de Mayo, el acuerdo generalizado parece virar en torno a eliminar las restricciones -del 15% y las 1000 hectáreas- para los privados extranjeros, sean personas y empresas, y mantenerlos únicamente para las organizaciones gubernamentales.
De acuerdo con el mapa elaborado por el Observatorio de Tierras, que integran investigadores del Conicet y de la UBA, actualmente 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras. Eso es el equivalente a la superficie total de Inglaterra. En 36 departamentos, de hecho, se excede el límite dispuesto por ley y hay zonas donde la tenencia foránea supera el 50%.
La otra norma sobre la que pone el ojo el gobierno es la Ley de Manejo del Fuego (26.815). En este caso, si bien también había sido mencionada por Milei en diciembre del 2023, el gobierno no había avanzado con ninguna acción específica, como su derogación o modificación.
Lo único que se le reprochó fue haber subejecutado su presupuesto en la antesala de los incendios que azotaron a gran parte de la Patagonia: en 2025, unos 20.000 millones de pesos -un 25% del total- no se utilizaron para nada. Incluso, en el marco de la eliminación de otros fondos fiduciarios, el gobierno disolvió en julio del año pasado el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, que se financiaba de una prima al sector asegurador.
Pero en este caso, la avanzada del gobierno se da sobre un pasaje muy específico, que reintrodujo el kirchnerismo en 2020 y reabrió el debate sobre la normativa.
La polémica gira en torno al artículo 22, en sus ítems bis, ter y quater. Allí, se establece que, luego de que un lote es quemado, los propietarios no pueden realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas por 60 años, si se trata de lotes con bosques nativos o implantados, o por 30 años para el caso de zonas agropecuarias, pastizales o matorrales.
La razón de tamaña limitante es el argumento de que una arrolladora mayoría de los incendios forestales son de origen intencional, y que muchas veces pueden actual como preámbulo para expulsar pequeños productores y pobladores, y ceder esas tierras a proyectos inmobiliarios más rentables.
De todos modos, más allá de las intenciones oficialistas, desde el sector ambientalista prevén que será difícil introducir cambios en esta ley sin contradecir el artículo 41 de la Constitución Nacional y lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú, que obligan a respetar el derecho a un ambiente sano y a la vez prohíben reducir la protección ambiental ya alcanzada.
Por último, el sector productivo también debe mirar atentamente la mención que hizo Adorni de la Ley de Glaciares (26.639), una de las más importantes cruzadas del gobierno en el último tiempo que incluso ya obtuvo media sanción en el Senado.
La última palabra la tiene ahora la Cámara Baja, que deberá debatir lo aprobado por su otra parte. Los cambios a la actual normativa establecen que cada provincia tendrá poder de decisión sobre sus glaciares y, por consiguiente, permite que se lleven a cabo actividades mineras e hidrocarburíferas en estas zonas estratégicas, un aspecto que antes estaba vedado.
