“Estimado Secretario de Agricultura, Sr. Sergio Iraeta: Somos un grupo que representamos a más de 600 productores que firmaron en contra de la caravana electrónica. Siempre nos hemos dirigido a usted con la máxima educación. Creemos que ante nuestra solicitud de audiencia, usted como máximo representante del gobierno y del sector, lo menos que puede hacer es darnos una respuesta por sí o por no”.
Ese párrafo es parte de una corta pero contundente carta enviada por Carlos “Caico” Montoya al concuñado de Agricultura, Sergio Iraeta, quien se niega sistemáticamente a escuchar los planteos de un heterogéneo grupo de ganaderos que se opone a que la trazabilidad individual de la hacienda bovina a partir de 2026 sea obligatoria y no optativa, como dispuso el Senasa.
Después de varios pedidos de audiencia que fueron desatendidos por el funcionario, Montoya se fastidió y en la misiva se quejó de que Iraeta “prefiere optar por este repetido ninguneo que no merecemos”.
“Tenemos un problema y tenemos la solución. ¡Escuchenos! Sigo pensando personalmente que no pierde nada y puede ganar mucho”, le planteó al funcionario nacional el pampeano Montoya, que años atrás participó del lanzamiento de los primeros programas de trazabilidad ganadera implementados en la Argentina, y que ahora se ven alterados por la imposición de los chips electrónicos que obligatoriamente deben ser colocados en las orejas de todos los terneros que vayan naciendo a partir de este año.
La decisión de imponer la trazabilidad individual a los ganaderos fue impuesta por el ex secretario de Coordinación productivas del gobierno y ex titular de ARCA, Juan Pazo, quien además forma parte de un fondo de inversión ganadera. Iraeta, máximo responsable de aplicar esa disposición, es pariente político de Pazo y por eso llegó al cargo que ahora ostenta. Entre ambos, incluso, en 2024 lanzaron una licitación internacional para comprar las primeras caravanas electrónicas y regalarlas a los productores, que finalmente fracasó. Pensaban desviar para ello un crédito internacional por más de 20 millones de dólares.
Opositor a que esa tecnología sea impuesta forzosamente a los productores con todos sus costos (cerca de 1,60/1,80 dólares por caravana), el autoconvocado Montoya se sumó a una campaña lanzada por el ganadero cordobés Carlos Baravalle, integrante de Bases Federadas, que sostiene que el primer eslabón de la cadena no tiene por qué financiar un sistema que no le aporta tantos beneficios a la cría como a los demás eslabones de la cadena.
Baravalle lanzó primero una campaña de recolección de firmas que recogió la adhesión de 600 productores y que fue apoyada activamente por Caico Montoya. Y más recientemente, ante la falta de respuesta oficial, presentó un recurso administrativo ante Senasa, como antesala de la presentación en la justicia de un eventual recurso de amparo. Un centenar de productores han seguido ya los pasos de este “rebelde”, quien ya ha anticipado que no pondrá la nueva caravana a sus animales.
