Es muy raro recibir un comunicado de prensa del sector tabacalero, que es clave para la economía de varias provincias norteñas pero a la vez está bastante demonizado socialmente. Es usual que esa economía regional solo levante la cabeza cuando siente que algo o alguien amenaza su fondo más preciado, el millonario Fondo Especial del Tabaco (FET), una suma millonaria que todos los años se conforman con parte de los impuestos pagados por los productores cada vez que compran un paquete de cigarrillos.
Sucede ahora, es obvio, que algo vuelve a amenazar los fondos que los tabacaleros reciben desde hace varias décadas. Sucede porque la Federación Argentina de Productores Tabacaleros (que agrupa a todas las provincias) se declaró “en estado de alerta” ante una serie de fallos judiciales que avalaron la maniobra de las empresas tabacaleras que pretenden pagar menos impuestos a los cigarrillos.
En un comunicado, la entidad remarcó que tomó conocimiento de que “la compañía tabacalera multinacional British American Tobacco Argentina (BAT) ha solicitado un recurso de amparo para dejar de tributar el impuesto interno mínimo a los cigarrillos establecido por una Ley Nacional de 2017”.
Los productores advirtieron que “además de tratarse de una maniobra que pretende eludir una Ley Nacional, de ser exitosa, generaría serios perjuicios a la salud pública y a la sostenibilidad de las economías regionales tabacaleras, al tiempo que recortaría en 10.000 millones de pesos la recaudación fiscal”.
A modo de ejemplo, los tabacaleros señalaron que “un atado de 20 cigarrillos paga hoy 46 pesos como mínimo, en concepto de impuestos internos. Dicho monto se actualiza cuatro veces al año por inflación e impone un piso al precio de los cigarrillos con dos objetivos: elevar los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) que reciben los productores tabacaleros y las economías regionales del Norte Grande y aumentar la recaudación fiscal que perciben tanto el Gobierno Nacional como las provincias por los impuestos al tabaco”.
En este contexto, la empresa BAT pidió ser eximida del pago del impuesto mínimo a fines de 2018 ante el jueza nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 4, Rita María Ailán, recordaron los empresarios de la Federación. “Un fallo favorable a BAT, además de generar un fuerte perjuicio fiscal, recortaría en más de 2.000 millones de pesos de aportes el FET y pondría en peligro miles de puestos de trabajo del sector productivo”.
En su documento, los productores tabacaleros remarcaron que “este recurso presentado por BAT tiene un antecedente en medidas cautelares otorgadas a las tabacaleras Sarandí y Espert, por las cuales dichas empresas fueron eximidas del pago del impuesto mínimo y pueden vender sus productos a precios extremadamente bajos”.
“Por esta inequidad, el resto de las compañías tabacaleras podría replicar la solicitud de Sarandí y BAT, generando una fuerte caída en el precio de todas las marcas de cigarrillos y, consecuentemente, en la recaudación de impuestos al tabaco y en el FET”, añadió la Federación de Productores Tabacaleros, que instó “fervientemente a la Justicia Federal a denegar la medida cautelar solicitada”.
