El Poder Ejecutivo de Brasil, como también sucedió en la Argentina, envió al Congreso Nacional para su análisis y aprobación el texto definitivo del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero a pesar de que el vecino país ha sido un gran impulsor de esas negociaciones, las modificaciones de último momento hechas por ambos bloques -con la incorporación de salvaguardias por parte de los europeos- puso en alerta al poderoso Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), que ha decidido pisar el freno.
Durante la reunión semanal de la Bancada Ruralista, celebrada este martes, los parlamentarios pidieron “una evaluación cuidadosa del contenido, especialmente de las salvaguardias incluidas en la fase final de las negociaciones” a pedido de la Comunicdad Europea (CE) para tratar de convencer a sus propios países -en especial a Francia- de acompañar el pacto. Esas salvaguardias son las que ahora comenzaron a hacer ruido.
Según el presidente del FPA, diputado Pedro Lupion (de los Republicanos de Paraná), el sector productivo necesitará ahora un profundo debate técnico y político para evitar daños a la agricultura y garantizar que las demandas brasileñas sean plenamente consideradas. “No podemos ser perjudicados. Este texto es diferente al que se redactó originalmente hace años, lo que requiere un estudio profundo y minucioso de sus efectos. Además, otros sectores de la economía también se verán afectados”, afirmó.
La senadora Tereza Cristina, vice de la bancada rural en el Senado y ex ministra de Agricultura de Brasil, destacó que el acuerdo, en su concepción general, se mantuvo y podría beneficiar a Brasil. Sin embargo, advirtió que vino acompañado de salvaguardias consideradas desproporcionadas y sin precedentes en la historia de los acuerdos firmados por la Unión Europea.
“El acuerdo general se construyó y se mantiene. Lo que tenemos hoy es un acuerdo comercial provisional que incluyó salvaguardias de última hora desproporcionadas. De hecho, es el único acuerdo conocido que incluyó este tipo de salvaguardia”, afirmó la senadora. Según Tereza Cristina, hay productos brasileños, como la carne vacuna, que ya se exportan en volúmenes que superan el límite del 5% estipulado en los desencadenantes automáticos de esas salvaguardias, lo que aumenta el riesgo de una activación casi inmediata.
“El acuerdo es importante para Brasil y beneficia a muchos sectores, pero debemos ser muy cuidadosos para que mañana no nos arrepintamos de lo que se incluyó a última hora”, advirtió Tereza.
Según el vicepresidente de la FPA en la Cámara de Diputados, Arnaldo Jardim (Cidadania de San Pablo), el envío del mensaje al Congreso abre espacio para un debate responsable y profundo, permitiendo medir los impactos reales en el sector productivo antes de tomar cualquier decisión. “Somos conscientes de la responsabilidad que conlleva un acuerdo de esta magnitud. Precisamente por eso, ningún punto puede tratarse superficialmente. No permitiremos que se perjudique la agricultura y actuaremos con responsabilidad en esta decisión”, afirmó.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se dividió en dos instrumentos. El primero es el Acuerdo Comercial Interino (ATI), de carácter provisional y de implementación más rápida, que aborda cuestiones estrictamente comerciales, como aranceles, normas de origen, servicios, inversiones y contratación pública, sin necesidad de aprobación individual de los parlamentos nacionales.
El segundo es el Acuerdo de Asociación más amplio (APAE), que abarca disciplinas políticas como la sostenibilidad, el clima, la cooperación, la movilidad y la agenda digital, y depende de la ratificación de todos los estados miembros de la Unión Europea, un proceso que podría llevar años.
Según datos técnicos presentados por entidades del sector productivo, las salvaguardias bilaterales aprobadas por la Unión Europea se apartan de los estándares clásicos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A diferencia del modelo tradicional, el mecanismo europeo adopta mecanismos de activación automáticos, prescinde de la prueba previa de daño grave y permite la adopción de medidas provisionales en plazos breves, incluyendo la posibilidad de regionalización por Estado miembro.
Sueme Mori, directora de Relaciones Internacionales de la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), afirmó que las salvaguardias son actualmente la principal preocupación del sector, precisamente porque crean un riesgo estructural y recurrente al comercio agrícola.
“La regulación de la Unión Europea es interna y unilateral. Lo que defendemos son regulaciones específicas para las salvaguardias bilaterales. Hay dos factores desencadenantes principales, relacionados con el volumen y el precio, que no necesariamente requieren un aumento repentino de las importaciones. En un acuerdo que tiende a aumentar los volúmenes de exportación, estos factores se activan casi automáticamente”, explicó.
Estudios técnicos indican que el 45% de las líneas arancelarias agrícolas analizadas ya han superado el límite de aumento de volumen del 5%, lo que demuestra que el riesgo de activación de salvaguardias no es excepcional, sino estructural.
En el caso de la carne vacuna, por ejemplo, se estima una pérdida potencial de hasta 105 millones de euros en el primer año, equivalente a aproximadamente el 16% de las exportaciones brasileñas del producto a la Unión Europea, lo que compromete significativamente los beneficios esperados de la liberalización arancelaria.
