Se cumple un mes y medio desde que el Superior Tribunal de Justicia chaqueño, la máxima autoridad judicial de la provincia, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la ONG “Conciencia Solidaria” y aceptó paralizar toda la actividad forestal hasta tanto se defina -luego de la feria judicial- si el ordenamiento territorial vigente es inconstitucional.
Es la primera vez que, por una decisión en los tribunales, la suspensión alcanza al sector productivo, desde donde vierten fuertes advertencias por su futuro y, con la calculadora en mano, le ponen cifras a la solicitud vertida por los ambientalistas: mensualmente, estiman que perderán más de 30.400 millones de pesos.
El informe, difundido por el medio Agroperfiles, fue elaborado por el empresario y ex director de Bosques provincial Miguel Ángel López, una de las voces que hoy dirige la cruzada contra las ONGs en el Chaco, y que sostiene que la medida judicial es “absurda” por su desproporción.
Consultado por Bichos de Campo, el referente sectorial señaló que “hay derechos constitucionales a la alimentación y al trabajo igual de importantes que deberían haberse tenido en cuenta”, pero que en su decisión del pasado 16 de diciembre, el Superior Tribunal de Justicia soslayó.
En efecto, la forestoindustria, con cada una de sus ramas, alimenta a miles de familias y moviliza tanto a grandes empresas como a pymes, hoy imposibilitadas por igual de llevar adelante las tareas de “aprovechamiento forestal”, que es la actividad autorizada para trabajar sobre determinadas zonas de los bosques nativos. Esa prohibición, estiman que afecta a no menos del 40% del empleo privado provincial, y tiene un impacto económico de varios miles de millones de pesos.
En la evaluación que hizo López, a la que también accedió este medio, se discriminan las pérdidas directas e indirectas, visibilizando además que, por fuera de la industria propiamente dicha, hay muchos otros circuitos económicos que se desactivan si no hay actividad.
Para estimar el impacto directo, lo que hizo fue contemplar lo producido por cada rama de forma anual. Entre la producción de carbón vegetal (34,64 millones de dólares), postes (5 millones), rollos (94 millones), leña (37,5 millones), madera aserrada (19 millones) y muebles (17 millones), el sector produce de forma directa más de 207 millones de dólares al año. Mensualmente, y pesificada, la cifra se estima en unos 25.900 millones de pesos.
En paralelo, el impacto indirecto alcanza a prácticamente la totalidad del transporte y logística, al 60% de lo producido por combustibles y aceites y a un 20% del sector de talleres y repuestos. Sumado a las mermas en la industria del aserrado, comercios y servicios locales, la cifra supera los 30.460 millones de pesos al mes.
“La producción en el Chaco está en un laberinto sin salida”, señaló el empresario forestal que, en diálogo con Bichos de Campo, advirtió que, de no levantarse la medida cautelar y suspenderse la prohibición con premura, las consecuencias para el sector serán irreversibles.
“Hay muchos aserraderos y empresas que cierran, se comen su capital de trabajo y ya no pueden abrir”, lamentó. Hasta el momento, sin el marco normativo vigente para trabajar -por la judicialización del ordenamiento territorial- la paralización del empleo alcanza a cuadrillas forestales, camioneros, mecánicos, soldadores, afiladores, motosierristas, carpinteros y fabricantes de muebles; un 40% de la mano de obra privada de la provincia, señalan desde el sector.
Tal como figura en el fallo difundido semanas atrás, la decisión del Superior Tribunal de Justicia dio lugar a la medida cautelar hasta se defina otra cuestión de fondo, que es el pedido de inconstitucionalidad para las leyes 4005-R y 4152-R -correspondientes al ordenamiento territorial- hecho por la ONG “Conciencia Solidaria”.
Lo que primó fue el “principio precautorio”, lo que quiere decir que ordenó la suspensión de toda la actividad forestal en Chaco para evitar un mayor perjuicio ambiental hasta que se analice el pedido de inconstitucionalidad. Y eso es lo que, en palabras de López, el sector juzga desproporcionado.
“El principio precautorio no puede ser más que todo el daño que produce”, señaló el empresario, que además asegura que la entidad denunciante ofreció una “caución simbólica” -sin bienes materiales- para poder presentarse ante la Justicia. “Ellos responden con ellos mismos a semejante daño económico y social”, apuntó, y pidió una vez más por la rápida respuesta del máximo tribunal.
