Tal y como se venía anticipando, el Parlamento Europeo resolvió frenar el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y enviar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una decisión que vuelve a poner en suspenso un tratado negociado durante más de 25 años y que, hasta hace apenas unos días, parecía encaminarse hacia su aprobación final.
La votación se resolvió por un margen muy ajustado (334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones) y tuvo como consecuencia inmediata la paralización del proceso de ratificación en la Eurocámara, al menos hasta que la Justicia comunitaria se expida sobre la compatibilidad jurídica del acuerdo con los tratados fundacionales de la Unión.
El giro se produjo en un momento particularmente sensible del proceso. El acuerdo había sido respaldado por la Comisión Europea y por varios gobiernos nacionales, que lo presentaban como una herramienta estratégica para reforzar los vínculos comerciales con América del Sur, diversificar proveedores y ampliar mercados para la industria y los servicios europeos.
También en el Mercosur se lo venía señalando como un paso clave para consolidar el acceso de productos agroindustriales a uno de los mercados más exigentes del mundo, luego de décadas de negociaciones intermitentes, avances parciales y retrocesos políticos.
Sin embargo, en el Parlamento Europeo volvieron a emerger objeciones que el acuerdo arrastra desde hace años. En esta oportunidad, el foco no estuvo puesto únicamente en las cuestiones ambientales o productivas, sino en el encuadre jurídico del tratado. Un grupo de eurodiputados impulsó el envío del texto al Tribunal de Justicia para que determine si la base legal elegida por la Comisión permite avanzar con una ratificación parcial del acuerdo, sin el aval de todos los parlamentos nacionales, y si algunos de sus mecanismos podrían entrar en conflicto con el derecho comunitario.
Ese planteo terminó imponiéndose en una votación muy dividida, que reflejó las tensiones internas que atraviesan a la política comercial europea. La decisión no implica un rechazo definitivo del acuerdo, pero sí congela su tratamiento político y abre una instancia judicial que puede demorar su eventual entrada en vigor por un período prolongado, lo que era esperado que suceda.
Fuentes europeas admiten que un dictamen del Tribunal de Justicia puede tardar más de un año, e incluso acercarse a los dos, lo que introduce un nuevo factor de incertidumbre en un proceso ya de por sí extenso.
El freno dispuesto por la Eurocámara contrasta con el clima que se había generado días atrás, cuando desde Bruselas se insistía en que el acuerdo avanzaba hacia su firma definitiva.
La propia Comisión Europea había reiterado su respaldo al tratado y lo consideraba una pieza central de su estrategia comercial, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y una creciente competencia entre grandes bloques económicos.
Luego de conocerse la votación, La FNSA, autodenominado como “El primer sindicato agrícola de Francia”, celebró en la red social X (exTwitter) con un breve mensaje, fotos y luego un comunicado más extenso. Los agricultores del país que salió segundo en el último mundial de fútbol escribieron: “¡Nada está predeterminado nunca! Tras meses de movilización agrícola y más de 7.000 agricultores ayer en Estrasburgo, el Parlamento Europeo acaba de votar a favor de llevar el acuerdo #MERCOSUR al Tribunal de Justicia de la UE. La FNSEA y el @JeunesAgri (Jeunes Agriculteurs) nunca han aflojado la presión y han librado una batalla constante para defender a nuestros agricultores. Una victoria colectiva conseguida con nuestros compañeros de @COPACOGECA”.
🟢 VICTOIRE !
Rien n’est jamais joué d’avance !
Après des mois de mobilisation agricole et plus de 7 000 agriculteurs hier à Strasbourg : le Parlement européen vient de voté la saisine de la Cour de Justice de l’UE sur l’accord #MERCOSUR.La FNSEA et les @JeunesAgri n’ont… pic.twitter.com/HHw9wK0viE
— La FNSEA (@FNSEA) January 21, 2026
También desde el Mercosur se seguían con atención esos movimientos. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, distintos sectores productivos venían analizando los beneficios potenciales del acuerdo, en especial para las economías regionales y las cadenas agroindustriales con perfil exportador.
El acceso preferencial al mercado europeo, la ampliación de cuotas y la reducción de aranceles formaban parte de las expectativas que ahora vuelven a quedar en pausa, al menos por un tiempo.
El trasfondo político de la decisión europea no puede desligarse de las resistencias que el acuerdo genera dentro de la propia Unión. Organizaciones de productores agrícolas, en particular de países como Francia, España o Polonia, han manifestado reiteradamente su rechazo al tratado, al considerar que expone a los productores europeos a una competencia que juzgan desleal. A eso se suman los cuestionamientos ambientales y las discusiones sobre los estándares de producción, que han sido utilizados en más de una oportunidad como argumento para demorar su aprobación.
El envío del acuerdo al Tribunal de Justicia le agrega ahora una dimensión jurídica a ese debate. Hasta que el máximo órgano judicial de la Unión Europea se pronuncie, el Parlamento no podrá avanzar con la ratificación, y la Comisión deberá definir si existe algún margen para aplicar de manera provisional partes del tratado, una alternativa que también genera controversias dentro del bloque.
Para el Mercosur, y en particular para la Argentina, el nuevo escenario implica volver a recalibrar plazos y expectativas. El acuerdo con la Unión Europea ha sido presentado en numerosas ocasiones como una oportunidad histórica para el sector agroindustrial, pero su recorrido demuestra que sigue siendo un terreno atravesado por disputas políticas, intereses contrapuestos y condicionamientos internos en ambos bloques.
