El arranque de 2026 encontró a la actividad yerbatera atravesada por un profundo malestar interno, tal como viene sucediendo desde fines de 2023. Lejos de traer señales de orden o previsibilidad, el inicio del año estuvo marcado por una dura reacción de asociaciones de productores, tareferos y referentes históricos del sector contra la nueva administración del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), a la que acusan de degradar la institucionalidad del organismo y de tomar decisiones que impactan de lleno en la producción, la calidad del producto y el equilibrio de la cadena.
El epicentro de las críticas es la llegada del contador Rodrigo Correa a la presidencia del INYM, designado el 11 de diciembre pasado. Según expresan los productores en una carta conjunta, su desembarco no solo no revirtió la crisis que arrastra la actividad desde la asunción de Javier Milei, con una fuerte caída del precio de la materia prima y pagos diferidos, sino que profundizó un proceso de deterioro institucional que, aseguran, se manifestó con rapidez en las primeras decisiones de gestión.
El malestar fue advertido por las asociaciones la Asociación de Productores Ag ropecuarios de Misiones (APAM, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM ), la Asociación Productores Yerbateros y Yerbateros del Norte (ACPYN), la Asociación Civil de Productores Tareferos del Alto Uruguay, la Asociación Civil Impulso Yerbatero, además de Jorge Lizznienz, productor de Jardín América, Misiones.
Uno de los puntos más sensibles señalados por las asociaciones es la aprobación de la Resolución 152/25, firmada el 30 de diciembre de 2025, apenas veinte días después de que Correa asumiera como presidente. Ese instrumento, aprobado por el Directorio del INYM, oficializó el despido de 21 trabajadores del organismo y estableció un nuevo organigrama que creó cargos adicionales y concentró poder en la Presidencia.
Entre esas decisiones, los productores cuestionan especialmente la creación de una Secretaría Privada de Presidencia, con dependencia directa del presidente del INYM y con la facultad explícita de designar a la persona que ocupe ese cargo “a su gusto y placer”, bajo un contrato a plazo fijo y con un salario equiparado al de la Secretaría del Directorio. Para las entidades firmantes, esta modalidad rompe con el sistema histórico de ingreso por concurso y valoración de antecedentes, que había caracterizado al organismo desde su creación.
La misma resolución, además, habilita al presidente a aprobar escalas salariales y adecuaciones de sueldos, delegando esa atribución sin intervención del Directorio. Desde el sector productivo consideran que este punto marca un quiebre institucional, ya que concentra decisiones clave en una sola figura y debilita el carácter colegiado del organismo.
Otro de los cargos creados es el de Asesor Letrado General, en el marco de la reestructuración del área jurídica. Si bien formalmente se presenta como una reorganización, los productores señalan que se trata “de una ampliación de cargos jerárquicos en un contexto en el que el discurso oficial del Gobierno nacional insiste en la reducción del Estado y del gasto público”.
Más allá de la discusión sobre la estructura administrativa, las críticas más profundas apuntan a la degradación de las áreas técnicas y operativas del INYM. La resolución modificó subgerencias clave, reduciéndolas a áreas con menos personal y menor capacidad de intervención. En el caso de fiscalización y control de calidad, la nueva estructura deja apenas siete inspectores para recorrer toda la zona productora y el país, una cifra que los productores consideran claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Algo similar ocurre con el área técnica, que quedó con once personas, de las cuales solo siete ingenieros agrónomos deben atender de manera directa a más de 12.000 productores y a una superficie plantada que supera las 231.000 hectáreas. Para las asociaciones, este recorte compromete la asistencia técnica en chacras y el seguimiento productivo, dos pilares centrales para la sustentabilidad de la actividad.
La preocupación también alcanza a los sistemas de información y registros. La unificación de áreas vinculadas a informática y registros es leída como un debilitamiento de la base de datos estratégica del sector, que históricamente permitió conocer con precisión la cantidad de productores, la superficie cultivada, los volúmenes cosechados y el stock disponible en el mercado interno y externo. Sin esa información, advierten, se pierde capacidad de planificación y toma de decisiones.
Pero uno de los capítulos más sensibles del conflicto está vinculado directamente con la calidad de la yerba mate. La nueva conducción del INYM derogó la Resolución 15/2003, que establecía estándares de calidad y sanciones ante incumplimientos. Esa norma contemplaba penalidades por exceso de palo, presencia de contaminantes, incumplimientos del Código Alimentario Argentino, prácticas prohibidas en la cosecha, deficiencias de higiene, problemas en la secanza, el estacionamiento y la identificación del producto, entre otros aspectos clave.
Para los colonos, esto responde a “OTRO PUNTO CENTRAL y repudiable de esta nueva conducción”.
También fueron dejadas sin efecto la Resolución 37/2007, que suspendía la cosecha y secanza durante los meses de brotación para proteger la planta, y la Resolución 103/2017, que habilitaba la inhabilitación inmediata de operadores sin documentación durante una inspección, una herramienta central para el control de la trazabilidad.
Para los productores, estas decisiones comprometen no solo la calidad del producto que llega al consumidor, sino también la imagen de la Yerba Mate Argentina en los mercados internos y externos. En ese sentido, cuestionan que, mientras se eliminan normas de control, la nueva definición de funciones del INYM pone el acento en “proteger el carácter competitivo de la industria”, lo que interpretan como un sesgo a favor del eslabón económicamente más fuerte de la cadena.
El rol del Directorio aparece como otro eje central de la crítica. El INYM está integrado por doce directores que representan a todos los eslabones de la cadena yerbatera, y solo uno de ellos corresponde al Gobierno nacional. Sin embargo, las asociaciones firmantes se preguntan cómo fue posible que una mayoría de representantes del propio sector haya avalado resoluciones que, según afirman, facilitan la concentración, perjudican a los pequeños productores y erosionan la institucionalidad del organismo.
“No se comprende que mujeres y hombres propios de la familia yerbatera, hablamos de los Directores, hayan aprobado estos cambios que nos perjudican, que facilitan la concentración del producto en pocas manos; se no se puede admitir que siendo designados para defender al sector, actúen en representación de Javier Milei y del Decreto 70/23; es repudiable que sean serviciales al neoliberalismo autoritario, y que en su propia casa, en el INYM, convaliden la destrucción de la actividad yerbatera que se inició con el Decreto 70/23, respaldando medidas que van en detrimento del producto y que menguan la institucionalidad del único organismo que le dio datos certeros, crecimiento y desarrollo, certidumbre, y previsibilidad al sector en las últimas décadas”, escribieron los productores yerbateros.
En el tramo final, las asociaciones apelan a la memoria histórica del sector y recuerdan los conflictos y movilizaciones que dieron origen al INYM. En nombre de productores, tareferos, cooperativas, trabajadores rurales y comunidades enteras ligadas a la yerba mate, llaman a los actuales directores a reflexionar sobre su rol y a encabezar, de manera urgente, la defensa del organismo.
En el planteo, reclaman la restitución plena de las facultades del INYM, el regreso a un funcionamiento institucional similar al que tuvo hasta noviembre de 2023 y la reactivación de programas y acciones que, según sostienen, permitieron mejorar las condiciones de cosecheros, productores, secaderos e industrias, garantizando al mismo tiempo la sustentabilidad productiva y la calidad del producto.
El pronunciamiento lleva la firma de referentes históricos del sector como Hugo Sand, de APAM, Salvador Torres, del MAM, Julio Petterson, de la Asociación de Productores Yerbateros del Norte; Antonio França, de la Asociación de Productores Tareferos del Alto Uruguay; Jorge Skripczuk, de Impulso Yerbatero; Jorge Lizznienz. Todos ellos coinciden en un punto: el rumbo que tomó el INYM bajo la nueva administración no solo genera rechazo, sino una profunda preocupación por el futuro de la actividad yerbatera.
INYM, es de Milei o del sector yerbatero 20 de enero de 2026
