Después de más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea aparece para la agroindustria argentina como algo más que una promesa de acceso preferencial a un mercado grande y exigente. Si bien restan detalles, todo parece indicar que el camino termina en la firma definitiva del acuerdo, pese a detractores de ambos lados del charco.
Para buena parte de las cadenas productivas, se trata de una hipótesis concreta de cambio que puede redefinir precios relativos, destinos comerciales y, sobre todo, obligar a una reorganización profunda puertas adentro si se pretende capturar efectivamente los beneficios que se abren.
La Unión Europea concentra cerca de 450 millones de consumidores, con alto poder adquisitivo, y es uno de los principales importadores mundiales de productos agroindustriales. Sin embargo, la participación argentina sigue siendo baja en relación con ese potencial. El acuerdo apunta justamente a cerrar esa brecha, otorgando condiciones arancelarias preferenciales y reglas de acceso más previsibles para casi la totalidad de las exportaciones agroindustriales del Mercosur.
En esa línea, un informe reciente de la Fundación INAI (Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales) sostiene que el acuerdo con la Unión Europea constituye una de las principales oportunidades de inserción externa para el Mercosur en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, retroceso del multilateralismo y mayor proteccionismo.
Según ese análisis, las condiciones preferenciales de acceso, tanto arancelarias como regulatorias, permitirían que la agroindustria argentina se convierta en un proveedor estable y previsible de uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo, algo que hoy todavía está lejos de ocurrir.
Desde el punto de vista productivo, el principal ganador relativo del acuerdo es el sector agropecuario sudamericano, y dentro de él, cadenas donde Argentina ya tiene escala, know how y presencia comercial.
“Europa cede en sus sectores agrícolas, que son los de menor competitividad frente al Mercosur”, explica a Bichos de Campo Maximiliano Díaz, socio director de Endógena Consultora, que viene estudiando en detalle el impacto del acuerdo sobre las cadenas productivas locales.
Esa concesión europea, aclara, no es gratuita, sino que forma parte de una estrategia más amplia para ganar terreno en sectores industriales y tecnológicos en esta región y, al mismo tiempo, reposicionarse en un escenario global cada vez más fragmentado.
De hecho, los agricultores y ganaderos europeos vienen manifestando su rechazo a este acuerdo con el Mercosur, ya que entienden que desde ahora la competencia es directa, y ellos saldrán perdiendo en esta ecuación.
En el caso argentino, la soja aparece como uno de los ejemplos más claros de oportunidad inmediata. Harina y pellet ya tienen un canal aceitado hacia Europa, ya que alrededor del 20% de las importaciones europeas de esos productos provienen de Argentina, y una proporción similar de la producción local tiene ese destino.
Con el acuerdo, ese comercio mejora sustancialmente las condiciones de precio, ya que la Unión Europea elimina sus aranceles y, en paralelo, el propio Estado argentino se compromete a reducir de manera gradual los derechos de exportación (retenciones) aplicados a ese complejo.
Según lo acordado, las retenciones a la soja exportada a la Unión Europea tienen un sendero de baja claro, que se consolidan topes máximos y, en un plazo de diez años desde la entrada en vigor del acuerdo, el derecho no podrá superar el 14%.
“No es solo que Europa baja aranceles; Argentina también se compromete a bajar los suyos”, remarca Díaz. Ese doble efecto es central para entender por qué, en algunos casos, ni siquiera hace falta redirigir producción sino que el mismo producto que hoy se exporta llegaría con mejores precios. “Cambiarle el destino al barco”, ejemplifica el experto.
De acuerdo con el análisis técnico de la Fundación INAI, el capítulo comercial del acuerdo establece, por primera vez en un entendimiento de esta magnitud, límites claros y cronogramas definidos para los derechos de exportación aplicados por Argentina a los envíos hacia la Unión Europea.
En el caso del complejo sojero, el esquema prevé topes máximos y una reducción progresiva que lleva el derecho al 14% en el largo plazo, introduciendo un nivel de certidumbre inédito para una cadena históricamente afectada por cambios frecuentes en las reglas de juego.
Algo similar ocurre con el poroto de soja. Hoy casi toda la exportación argentina tiene como destino China, pero con la reducción de aranceles europeos se modificarían los precios relativos. “Ahí se abre una oportunidad concreta de redirigir flujos, además de aumentar producción”, señala el consultor. El acuerdo, en ese sentido, no solo mejora condiciones, sino que obliga a repensar estrategias comerciales históricas.
El sorgo es otro caso paradigmático. Argentina es, prácticamente, el único productor relevante del Mercosur. Hoy el 98% de las exportaciones va a China, pero el acuerdo prevé una cuota importante con acceso preferencial al mercado europeo. “Muy probablemente Argentina pueda captar casi toda esa cuota”, afirma Díaz. El desafío, aclara, no es productivo sino estratégico, y habrá que definir prioridades en un esquema que funcionará como un verdadero clearing de cuotas entre los países del bloque.
La carne bovina concentra buena parte de las miradas, pero también exige un análisis fino. El acuerdo contempla un incremento progresivo de cuotas para distintos cortes, que en el largo plazo rondan las 100.000 toneladas.
Sin embargo, no todas las oportunidades son iguales para todos los países. “Argentina tiene que ser muy quirúrgica”, advierte Díaz. Carne fresca deshuesada y carne congelada sin deshuesar aparecen como los segmentos más prometedores. En el primero, el país ya tiene una fuerte inserción en Europa; en el segundo, cuenta con capacidad exportadora global, aunque hoy el destino principal sea otro mercado.
El problema, coinciden los análisis, no es solo acceder a la cuota, sino asegurarse de poder cumplir con las exigencias que impone el mercado europeo. Trazabilidad, controles ambientales, sistemas de certificación y cambios operativos son parte del paquete. “Europa paga mejores precios, pero exige más”, resume Díaz. Y ese es uno de los puntos donde el acuerdo deja de ser una buena noticia automática para convertirse en un desafío estructural.
Desde Endógena identifican al menos cuatro grandes tareas pendientes. La primera es una articulación público-privada rápida y eficaz para definir prioridades nacionales dentro del Mercosur: qué cuotas se buscan, en qué productos, y con qué argumentos técnicos. Esa negociación, advierten, no puede hacerse de espaldas al sector productivo.
La segunda tiene que ver con los cambios productivos puertas adentro. Las exigencias ambientales y sanitarias no son una hipótesis futura, sino que ya están en marcha y se profundizarán. “Hay debates que ya están sobre la mesa, como la caravana digital en ganadería o los sistemas de autocertificación”, señala Díaz.
El Estado, agrega, debe plantarse para evitar que esos requisitos se transformen en barreras para-arancelarias, pero también acompañar los procesos de adaptación.
El documento del INAI pone el acento, además, en un aspecto que suele quedar en segundo plano en el debate público: la previsibilidad. El acuerdo no solo reduce o elimina aranceles, sino que consolida esas condiciones en el tiempo, impidiendo retrocesos unilaterales y estableciendo procedimientos claros en materia sanitaria y comercial.
En ese sentido, el informe subraya que el entendimiento con la Unión Europea puede funcionar como un ancla para políticas históricamente expuestas a vaivenes internos, al fijar límites concretos a herramientas discrecionales como restricciones cuantitativas o cambios abruptos en los derechos de exportación.
Estamos muy lejos de Bruselas y no puede haber mejor noticia para un empresario agropecuario
Ahí aparece el tercer punto crítico, que es la necesidad de políticas públicas que eviten que el acuerdo sea aprovechado solo por un puñado de grandes jugadores. “Esto va a requerir inversión”, reconoce el consultor. Inversión en trazabilidad, infraestructura, sistemas de control y adaptación productiva. Sin herramientas fiscales, financieras y técnicas, muchas economías regionales quedarán fuera del juego.
Producciones como arroz, miel o lácteos tienen oportunidades concretas en el acuerdo, pero también mayores dificultades para cumplir individualmente con los estándares europeos. En esos casos, la relación público-privada deja de ser un slogan y se vuelve una condición de posibilidad. Organismos como INTA y SENASA, junto con financiamiento específico, aparecen como piezas clave para que el derrame llegue efectivamente “a la tranquera”.
El cuarto elemento es político, pero con consecuencias productivas: el compromiso de Argentina de limitar y reducir los derechos de exportación hacia la Unión Europea introduce una previsibilidad inédita para el sector. El acuerdo fija topes, plazos y condiciones, e incluso restringe la posibilidad de volver a aplicar mecanismos discrecionales de intervención comercial como los que marcaron otros períodos. Para muchas cadenas, ese ancla puede ser tan relevante como la baja arancelaria europea.
Nada de esto, aclaran los especialistas, garantiza resultados automáticos. El acuerdo no es una varita mágica, pero también obliga a igualar para arriba e invertir, mejorar productividad y construir capacidades que, más allá de Europa, fortalecen la competitividad sistémica del agro argentino.
El acuerdo Mercosur–Unión Europea abre una ventana de oportunidad clara para la agroindustria argentina, pero también expone sus límites estructurales. Aprovecharlo o dejarlo pasar dependerá menos del texto firmado en Bruselas y más de lo que ocurra puertas adentro: estrategia, coordinación público-privada y decisiones políticas que permitan que los beneficios no queden concentrados, sino que recorran efectivamente toda la cadena productiva.
