Es noticia en la provincia de Salta que dos exfuncionarios del Senasa fueron condenados por cometer irregularidades en el control del tránsito de animales, posiblemente para favorecer el abigeato o la venta de hacienda en negro.
Los ex empleados del organismo se desempeñaban en la oficina de Joaquín V. González, en pleno monte salteño. Esa localidad se emplaza sobre la Ruta 16, que sale de Salta y conduce al Chaco, atravesando también el norte de Santiago del Estero. Se trata de provincias que sufren un alto nivel de robo de ganado. Por lo tanto la importancia de que funciones los controles allí es superlativa.
El caso que cuenta, entre otros medios, el diario El Tribuno de Salta, se inicio en septiembre del 2024, luego de que la justicia recibiera “denuncias de anomalías en torno al registro de animales en tránsito” por esa región. El Senasa es el organismo encargado de emitir los DTA (Documento para el Tránsito de Animales) y su variante electrónica DTE. Sin ese documento en regla se supone que está prohibido mover vacunos en todo el país.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía de Distrito de Salta y recayó en la jueza federal de Garantías 2, Mariela Giménez. Luego de la investigación, se decidió condenar a dos ex funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) por irregularidades probadas cometidas desde la oficina del organismo en la localidad de Joaquín V. González, departamento de Anta.
La sentencia fue dictada el 18 de diciembre y alcanzó, en primer término, a Sergio Miguel Achtar, el jefe de esa oficina local, quien fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos.
La segunda condenada fue Natalia Gramajo, administrativa en dicha oficina, quien recibió una pena de 1 año de prisión en suspenso por el delito de facilitación culposa de documentos pecuarios falsos.
En este mismo expediente continúa imputado Raúl Francisco Díaz Pardo, el ex coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA del Senasa. En su caso, la imputación es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, también en concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos.
El caso se originó en dos denuncias presentadas el 3 de enero de 2024. Una de ellas fue realizada por Fundación Ganaderos del Sur, entidad sanitaria encargada de campañas de vacunación y de la emisión de documentos electrónicos de tránsito de ganado, mientras que la segunda denuncia fue presentada por un familiar de una productora agropecuaria del sur de la provincia.
Según se expuso en una audiencia judicial, una de las denunciantes advirtió que el stock de animales de una unidad productiva no coincidía con el registrado en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), donde figuraba un número menor al real. Al indagar sobre la situación, se detectó la emisión de Documentos de Tránsito Electrónico (DTE) de equinos y vacunos a su nombre, sin que se hubiera producido traslado alguno.
Los registros indicaban supuestos movimientos de ganado hacia una unidad productiva ubicada en la provincia de Entre Ríos, lo que generó una disminución ficticia del stock. La investigación estableció que esta maniobra se habría repetido en al menos cuatro oportunidades.
En paralelo, la fundación Ganaderos del Sur denunció otros dos casos similares, uno de los cuales presentaba una particularidad relevante: se había gestionado un documento de tránsito a nombre de un productor fallecido en el año 2013, sin que existieran personas autorizadas para operar en su nombre.
Durante la etapa investigativa, la fiscalía solicitó informes tanto a la oficina local de Joaquín V. González como al Centro Regional del Senasa. Cuenta la crónica que “ambas dependencias demoraron en responder, lo que motivó requerimientos ante las autoridades nacionales del organismo”.
A partir de esos informes, se verificaron numerosos casos de cambios irregulares de stock y movimientos de animales, incluyendo el uso de registros sanitarios de productores fallecidos y la emisión de documentación sin cumplir los requisitos formales exigidos.
