Luego de que se conociera el listado de propuestas que la Sociedad Rural Argentina (SRA) le envió al gobierno de cara a la reforma laboral que planea -cuyo borrador se presentó la semana pasada y espera ser tratado en las próximas Sesiones Extraordinarias-, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no quiso quedarse otra vez afuera de la agenda y le acerco a las autoridades sus propias sugerencias de cara a una futura reforma fiscal.
“El presente informe detalla las distintas cuestiones fiscales que el sector agropecuario considera que se deben trabajar con el fin de poder generar mejoras en distintos tributos nacionales, evitar impactos y efectos no deseados en determinados tratamientos fiscales, lograr simplificaciones en distintos regímenes y regulaciones, e impulsar la inversión y desarrollo en este sector”, indicaron desde la entidad ruralista, que detalló 12 puntos de interés.
El primero apunta al “régimen de venta y reemplazo agropecuario (VRA)”, con el que se buscan corregir distorsiones respecto del pago de Impuesto a las Ganancias.
“Cuando vende su producción, ya sea hacienda, granos o cualquier bien generado por su explotación, y destina fondos a comprar maquinaria, tierras o realizar mejoras, el productor termina pagando Impuesto a las Ganancias como si hubiera obtenido una utilidad líquida, cuando en realidad solo reconvirtió un capital productivo en otro. Desde el punto de vista económico, no hubo enriquecimiento sino un cambio en la composición del activo. Sin embargo, el régimen actual lo grava como si hubiera percibido renta”, explicaron desde CRA.
Tomando como antecedente legal el artículo 71 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que ya prevé un régimen de “venta y reemplazo” para bienes de uso, la entidad propuso “extender ese mismo principio al agro, incorporando la posibilidad de diferir el impuesto cuando la venta proviene de bienes de producción o reproducción (hacienda, granos, etc.) y el producido se aplica a la compra de activos que fortalecen la capacidad productiva del establecimiento inmuebles, mejoras de infraestructura, maquinarias, camionetas, etc.)”.
El segundo punto del informe apunta a la “amortización acelerada agropecuaria”, beneficio con el que sí cuentan la actividad minera o la de producción energética.
“La actividad agropecuaria tiene la misma lógica económica, porque también demanda inversiones significativas en campos, maquinarias, obras fluviales, sistemas de riego, galpones, infraestructura y reproductores, pero no cuenta con un régimen fiscal equivalente. Esa diferencia crea una asimetría intersectorial que desincentiva la modernización y la expansión”, indicaron.
Frente a esto, pidieron no postergar la deducción -que no hace más que “reducir los incentivos y las facilidades para invertir, encarecer el costo efectivo de cada proyecto y frenar la renovación del capital productivo”- sino acelerarla para el caso de la adquisición de maquinaria, las mejoras en infraestructural rural o situaciones en que se declaren emergencias agropecuarias.
El punto tres se enfoca en la “devolución y traslado acelerado del IVA en inversiones agropecuarias”, algo que el sector reclama desde hace tiempo.
“El IVA es un impuesto sobre el consumo, pero en la práctica se convierte en un impuesto financiero anticipado. Cuando el productor compra, invierte en bienes de capital o infraestructura, paga el IVA, generando crédito fiscal. Pero como esas inversiones no generan débito fiscal inmediato, ese crédito queda inmovilizado, a veces durante años. En otras palabras, el productor le presta dinero al Estado sin interés, lo que en la práctica encarece la inversión”, afirmaron desde la entidad.
Para resolverlo, propusieron una devolución del saldo técnico de IVA en un plazo de, por ejemplo, 90 días; una compensación de ese crédito con otros impuestos, como Ganancias, Ingresos Brutos o aportes patronales; y una adecuación de la normativa 4581/2019 para permitir mayor flexibilidad en actividades vinculadas (arrienda de maquinarias, servicios agropecuarios gravados al 21%).
Mirá el informe completo acá:
cra-diciembre-2025-propuestas-de-cambio-sistema-tributario-argentino
La cuarta propuesta apunta a la derogación del impuesto sobre los Bienes Personales para activos productivos, por considerarlo confiscatorio y distorsivo. Para eso sugieren una reducción gradual durante el plazo de tres ejercicios fiscales, comenzando con la exención inmediata de activos rurales, industriales y agroindustriales.
La alternativa barajada es la de su reemplazo “por un impuesto sobre utilidades distribuidas, que grava renta real y no patrimonio inmovilizado”.
El quinto punto apunta con el “IVA anual agropecuario”, que bajo el régimen actual supone un costo financiero para pequeños y medianos productores.
“Las disposiciones reglamentarias actuales establecen que, cuando un productor registra en el transcurso del año una posición a pagar a favor del fisco, este importe no puede compensarse con futuros saldos a favor que pudieran generarse durante el mismo período fiscal”, fundamentaron desde CRA.
Frente a esto propusieron “restablecer el criterio histórico del IVA anual agropecuario, permitiendo nuevamente la compensación intraanual entre saldos a pagar y futuros créditos fiscales”.
A continuación, para el punto seis del informe, CRA se refirió a la valuación de bienes de cambio, con propuestas particulares para la ganadería y la agricultura. Respecto de la primera, la entidad propuso unificar el criterio de valuación para hacienda de invernada y hacienda de cría, con el objetivo de asegurar la uniformidad y evitar distorsiones en la determinación del resultado impositivo.
En cuanto a la valuación de granos y productos agrícolas, sugirió una a precio de costo hasta la realización efectiva, evitando ganancias ficticias por aumentos de precios no realizados.
El séptimo apartado menciona la posibilidad de permitir que “la totalidad de las compras de fertilizantes realizadas por cualquier productor agropecuario sea descontada directamente del monto imponible del Impuesto a las Ganancias o el doble del valor consumido en concepto de fertilizantes descontarlo como costo en la liquidación anual del IG”. Esto, aseguraron, supondría no solo un aumento de rindes y una mayor sustentabilidad del recurso suelo, sino también un impulso a las economías regionales y una recuperación fiscal por mayor actividad.
En cuanto a los últimos cinco puntos del informe, desde CRA indicaron que se trata de detallan propuestas de simplificación ciertos tributos o regulaciones que deben ser analizadas por el Poder Ejecutivo.
Estos son: la readecuación o eliminación de los regímenes de retención y percepción aplicables a contribuyentes del sector agropecuario; el análisis de regímenes especiales y estabilidad fiscal, mediante el cual el productor pueda mantener condiciones tributarias estables durante un período determinado, garantizando previsibilidad para planificar inversiones; la eliminación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios; la eliminación del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB); y la eliminación final de los derechos de exportación.
“El paquete de medidas propuesto constituye un programa integral de neutralidad impositiva, formalización y promoción de la inversión productiva. No busca privilegios ni excepciones sectoriales, sino igualdad de trato fiscal, racionalidad económica y previsibilidad jurídica. Su objetivo es restablecer un sistema tributario que acompañe —en lugar de obstaculizar— la producción, el empleo y la inversión. Implementar estas medidas es una decisión de política pública estratégica”, concluyeron desde CRA.
