El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente el procesamiento de José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes se desempeñaron como presidentes del Consejo de Administración de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, previsto en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
La solicitud fue presentada en el marco del caso “Denuncia: Sancor Cooperativas Unidas Limitada s/ Infracción Ley 27.430”, tramitado ante el Juzgado Federal de Rafaela. Los fiscales solicitaron que se disponga el procesamiento de ambos ex directivos luego de las declaraciones indagatorias realizadas el 12 de noviembre de 2025, instancia en la que ambos optaron por abstenerse de declarar, sin desconocer los hechos imputados, según consta en el expediente.
De acuerdo con la documentación fiscal, José Pablo Gastaldi ejerció la presidencia del Consejo de Administración de Sancor entre febrero de 2020 y octubre de 2022. En ese lapso, se le imputan siete hechos vinculados al no ingreso de aportes al Sistema de Seguridad Social, correspondientes a los siguientes períodos y montos: Febrero de 2020: $14.563.950,52, Marzo de 2020: $14.343.169,85, Abril de 2020: $14.576.589,51, Septiembre de 2020: $17.290.408,66, Agosto de 2021: $22.821.855,36, Septiembre de 2021: $22.785.901,23, Octubre de 2021: $22.359.807,98.
En todos los casos, los montos corresponden íntegramente a aportes al Sistema de Seguridad Social que no fueron ingresados dentro del plazo legal, superando el umbral previsto por la Ley 27.430 como condición objetiva de punibilidad.
Por su parte, Alberto Eduardo Sánchez ejerció la presidencia con posterioridad, y se le imputan dieciséis hechos comprendidos entre noviembre de 2022 y enero de 2024, en el mismo carácter de presidente del Consejo de Administración de la cooperativa.
El Ministerio Público sostuvo que ambos imputados, en su carácter de máximas autoridades de la cooperativa y como agentes de retención y percepción de los aportes, no ingresaron los fondos retenidos a los trabajadores dentro del plazo legal de treinta días, apropiándose de esos recursos.
La fiscalía consideró acreditada, en esta etapa del proceso, la materialidad de los hechos y la participación penal de ambos imputados, por lo que solicitó sus procesamientos en carácter de autores, conforme a los artículos 45 y 55 del Código Penal.
En relación con las medidas cautelares, el organismo fiscal solicitó que se aplique a ambos imputados la obligación de informar cualquier cambio de domicilio, al amparo del artículo 210 inciso “a” del Código Procesal Penal Federal.
El pedido se fundamenta en que no registran antecedentes penales, poseen arraigo comprobado, desarrollan actividad laboral declarada y comparecieron oportunamente a las audiencias indagatorias, lo que fue valorado como un indicador de sometimiento al proceso.
En el tramo final del dictamen, el Ministerio Público Fiscal requirió al juez federal que resuelva el procesamiento de José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, conforme a lo previsto en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.
Asimismo, se dispuso la remisión digital de las actuaciones al Juzgado Federal de Rafaela, quedando ahora la definición procesal en manos del magistrado interviniente.
El pedido de procesamiento se inscribe en una crisis que SanCor arrastra desde hace años. En octubre de 2022, cuando ya se hablaba de un posible fideicomiso para intentar rescatar a la cooperativa, desde el gremio Atilra advertían que el auxilio financiero prometido desde ámbitos oficiales estaba trabado y que la situación operativa y salarial seguía siendo extremadamente frágil. Durante 2023, el conflicto se profundizó con bloqueos a plantas industriales, paradas en la producción y millones de litros de leche en riesgo de perderse, en medio de una fuerte puja entre la conducción de la empresa y el sindicato.
A comienzos de 2025, el deterioro quedó formalmente expuesto cuando, por unanimidad, los socios aprobaron la presentación en concurso preventivo de acreedores. Lejos de ordenar la situación, el concurso convivió con nuevos atrasos en el pago de salarios, despidos por “fuerza mayor” y la reducción drástica de la actividad en varias plantas.
En ese contexto, SanCor comenzó a sostener su operación casi exclusivamente mediante acuerdos de producción a fazón para terceros, con reactivaciones parciales en algunas plantas, como las de elaboración de quesos y leche en polvo, pero sin recuperar el control pleno de su cadena productiva.
El conflicto laboral nunca se descomprimió. En septiembre de 2025, Atilra llegó a pedir directamente la quiebra de la cooperativa con continuidad de explotación, argumentando la persistencia de deudas salariales y de aportes sindicales y previsionales. Ese pedido expuso otra vez el impacto social de la crisis, con cientos de trabajadores con ingresos en cuotas, despidos acumulados y una estructura productiva que funcionaba a media máquina. En paralelo, la empresa intentaba mostrar signos de recuperación con nuevos acuerdos industriales, mientras la situación financiera seguía siendo extremadamente delicada.
Es en ese escenario de deterioro prolongado, marcado por atrasos salariales, deudas previsionales, bloqueos sindicales, reestructuraciones forzadas y un concurso de acreedores todavía abierto, donde ahora se inserta el salto judicial, mediante la imputación penal a dos ex presidentes del Consejo de Administración por la apropiación indebida de aportes a la seguridad social.
