Desde hoy y hasta el 21 de noviembre, Brasil oficiará de anfitrión de la cumbre climática anual de Naciones Unidas, la COP30. Sin la participación de Xi Jinping ni de Donald Trump, los representantes de las dos potencias más contaminantes del mundo, la cita tendrá la participación de 50.000 visitantes de más de 160 países y se llevará a cabo en la ciudad de Belém, en pleno Amazonas.
Tras el escándalo protagonizado en la edición anterior -en la que la delegación se retiró a sólo dos días de haber comenzado la cumbre-, el gobierno argentino afronta la actual con sumo hermetismo: no confirmó qué funcionarios enviará en ninguno de sus canales oficiales, pero se sabe que no irá ni el presidente Javier Milei ni ninguna otra figura de primera línea, a tono con la decisión vertida por Estados Unidos.
En el sentido opuesto, varias provincias enviaron representantes propios para gestionar acuerdos propios con organismos públicos y empresas de otros países. Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Santa Fe, San Luis y Córdoba son los que confirmaron su participación.
Tras haber celebrado tres ediciones en países petroleros -como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiján- esta nueva cumbre, que conmemora las 3 décadas desde su creación, marca también un cambio de prioridades en la agenda global.
Justamente, a una década del recordado Acuerdo de París, un tratado internacional legalmente vinculante al que suscribieron 163 países y que, entre otros aspectos, exige limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados por encima de los niveles preindustriales, y a realizar esfuerzos para mantenerlo por debajo de los 1,5 grados.
Esas metas son uno de los puntos destacados de la agenda de la COP30, en el que se discutirá el relanzamiento de los planes de acción climática nacionales -también llamados Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)- que son de actualización obligatoria cada 5 años. Para sorpresa de pocos, el proyecto argentino, anunciado días atrás, no sólo no presenta avances en esos objetivos, sino que incluso flexibiliza las metas de emisiones para las próximas décadas.
Tras la actualización del 2020, este año Argentina debe presentar su tercer informe de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, una de las herencias más destacadas del Acuerdo de París, que el mismo gobierno libertario amenazó con abandonar el año pasado.
La última meta de mitigación, que es aplicable a todos los sectores de la economía, establecía que el país se comprometía a no exceder la emisión neta de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCOe2) para el año 2030, lo que significa una reducción del 26% de las emisiones respecto al NDC anterior.
Sin embargo, el último plan de acción presentado la Subsecretaría de Ambiente de la Nación establece una meta 375 MtCOe2 para 2030-2035, visiblemente mayor a la definida en el anterior NDC. Desde el gobierno argumentan que, por los cambios en la forma de medición, este nuevo objetivo es “más ambicioso” que el anterior.
“Nuestra NDC muestra que Argentina está haciendo los deberes en política ambiental. Nuestro trabajo desde la Subsecretaría de Ambiente es mitigar, adaptar y sobre todo postular para el 2030 y el 2035 objetivos alcanzables y realistas: la ambición debe ser siempre lo posible”, expresó Fernando Brom, quien está al frente de la cartera ambiental.
Lo que discuten desde diferentes sectores es que, justamente, Argentina esté “haciendo los deberes” como señala Brom. En ese sentido, los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, del socialismo santafesino, denunciaron la “regresividad” de la NDC 3.0 y pidieron respetar el principio de no regresividad ambiental contemplado por la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París.
El argumento vertido por el gobierno es que se han incorporado “mejoras metodológicas”, como el aumento de la cobertura territorial (del 65 al 79 %), el incremento de categorías de emisión reportadas (de 146 a 162) y un cambio en las métricas utilizadas, lo que explica que el objetivo de emisiones sea mayor en términos relativos.
🌿La #COP 30 es la Cumbre ambiental más importante del mundo. Este año se realiza en Brasil y es una enorme oportunidad para debatir sobre la sustentabilidad y el combate al #CambioClimatico
La ausencia del Presidente @JMilei y sus Ministros, así como la regresividad en la… pic.twitter.com/rqLZXJ3dSH— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) November 8, 2025
En todo caso, está claro que el país no será protagonista de la cumbre celebrada por los próximos 11 días en el Amazonas, de las que sí participarán otros líderes de primera línea, como el presidente de Francia Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. De la región, además del anfitrión Lula Da Silva, asistirán Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia).
Los nombres de la delegación argentina no fueron difundidos oficialmente. De todos modos, trascendidos periodísticos, confirmados incluso por fuentes de la organización, aseguran que el país sí participará de las discusiones, aunque con funcionarios de segunda o tercera línea.
En el décimo aniversario del Acuerdo de París, se espera que la COP30 oficie de una suerte de “mojón” para evaluar cómo han evolucionado los objetivos propuestos y darle respuesta a las demandas aún no resueltas. En éstas se destaca la financiación a los proyectos climáticos, los preocupantes índices de deforestación y el impacto del cambio climático sobre las comunidades locales.
El concepto rector de esa discusión es el de “just transition” (o plan de transición justa), que establece como prioridades la generación de empleo y la protección de los derechos humanos para que el cambio climático no agrave desigualdades.
Además, al llevarse a cabo en pleno Amazonas, es esperable que estén en agenda el retroceso y degradación de los bosques tropicales, el desarrollo de biocombustibles y los derechos de los pueblos indígenas.
Sin ir más lejos, el de la transición energética, es decir, el reemplazo de los combustibles fósiles por opciones renovables, es un aspecto en el que Brasil ha avanzado notablemente los últimos años. Desde que fue definida como meta global, en la cumbre del 2023 celebrada en Dubai, los países productores de petróleo han expresado preocupación por la viabilidad de su negocio.
