La historia es conocida: aconsejado por el ministro Federico Sturzenegger, el presidente Javier Milei intentó una degradación del INTA y otros organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Economía, pero el Congreso Nacional decidió dar marcha atrás con dicha decisión. Por lo tanto, el Consejo Directivo del organismo, autárquico y conformado por varios representantes del sector académico y de los productores, debía comenzar a tomar nuevamente las decisiones, tal como establece la ley.
Pero pasó agosto, pasó septiembre, pasó octubre. Ese Consejo Directivo no se reunía y el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich (foto de portada) se hacía el oso y no lo convocaba. ¿Por qué? Entre el gobierno libertario y la Mesa de Enlace decidieron que antes de que retomase la conducción formal del Instituto Tecnológico, ese Consejo Directivo Nacional debía ser “oxigenado” con un cambio de nombres.
A los que el Poder Ejecutivo apuntaba eran a un par de directores pertenecientes al sector privado y la universidad (en especial los de los Grupos CREA, CRA y Coninagro) que habían ejercido una resistencia -pasiva pero paciente- contra los planes de ajuste encarnados por el propio Bronzovich.
Por ahora, el único plan estratégico que se conoce para el INTA por parte del gobierno de Milei son las ganas de reducir un 25% el personal de planta (afectando a 1.500 personas), eliminar la extensión rural y sobre todo, poner a la venta miles de hectáreas de campos experimentales que son patrimonio del Instituto, como ya hizo con un edificio de la Calle Cerviño en la cuidad de Buenos Aires. El jefe de Gabinete que asumió hoy, Manuel Adorni, había prometido que la plata por esa subasta iba a volver al INTA, pero esos 18 millones de dólares finalmente se fugaron hacia Rentas Generales.
Pues bien, luego de varias semanas de nuevos tironeos y tensión en las entidades agropecuarias que tienen un director cada uno y suman cinco sillas sobre un cuerpo de diez miembros (otras tres son del propio Poder Ejecutivo, y dos de las facultades públicas de Agronomía y de Veterinaria), el presidente Milei y su ministro Luis Caputo firmaron el Decreto 786/2025, al que accedió Bichos de Campo y será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. Allí se renuevan cinco de esos cargos.
“Encontrándose vacantes los cargos de vocales del Consejo Directivo de dicho organismo, corresponde designar a los mismos hasta cumplir el período de ley correspondiente”, dice esa norma, mediante la cual el gobierno espera contar con un Consejo Directivo un poco más flexible y funcional a sus pretensiones de ajuste. Después de las presiones, la actualización es cómo sigue:
- La Federación Agraria postuló al ingeniero agrónomo Gustavo Tettamanti, quien ya se venía desempeñando en el puesto desde principios de año y generalmente ha votado en contra de los planes oficiales.
- La Sociedad Rural Argentina -mucho más dócil con el ajuste propiciado por los libertarios- ratificó en su puesto al veterinario Juan Manuel Bautista.
- La Asociación Universitaria de Educación Agropecuaroa (Audeas) también ratificó a su representante en el Consejo: el agrónomo Jorge Omar Dutto.
- Uno que sí cayó en la redada fue el histórico director por los Grupos CREA, Alejandro Conci. Esa entidad tecnológica del agro, que iba a quedar sin representante con la reforma que propiciaba el ministro Sturzenegger, ahora sugirió el nombre del licenciado en Administración Martín Tuculet, que fue aceptado por el presidente Milei.
- Coninagro es una de las entidades que más intenso debate interno sufrió por la presión expresa de las autoridades para reemplazar al correntino Nicolás Carlino. Finalmente cedió y nombró en su lugar al productor Juan Patricio Hutak, de Chaco, quien ya era presidente del Consejo Regional del INTA en Chaco y Formosa. Se trata de un “gringo muy trabajador”, según lo definen dentro del INTA.
Con esas cinco sillas renovadas solo parcialmente, más los tres representantes designados por el Poder Ejecutivo, el Consejo Directivo del INTA ya no tiene excusas para seguir sin trabajar. Su responsabilidad es mayúscula, pues el organismo tecnológico tiene unos 6.000 trabajadores en ascuas a lo largo y ancho del país, se encuentra desfinanciado y especialmente ha paralizado muchos de sus trabajos cotidianos ante la fuerte ofensiva del gobierno para hacer el ajuste, que luego fue conjurada por el Congreso.
Los tres representantes del gobierno libertario no se oxigenaron tanto como se pretendió hacer con los privados. Son el presidente Bronzovich, proveniente de Aapresid; la productora cordobesa María Inés Amuchástegui, y el veterinario chaqueño Carlos Alberto Vera, quien fue ascendido a vicepresidente tras la mudanza de María Beatriz Pilu Giraudo a la presidencia de Senasa.
En situación dudosa quedaron el consejero histórico de CRA, Sergio Melgarejo, de quien el gobierno también reclamaba la cabeza. En este caso, sin embargo, la entidad rechazó por ahora esa presión, y aseguró que sus tiempos de mandato no estaban cumplidos todavía. De todos modos, fuentes de la entidad dijeron que volverán a discutir el asunto en la reunión de su Consejo Directivo de la semana que viene.
El otro que resistió este enjuague fue el representante de las Facultades de Ciencias Veterinarias de las Universidades Nacionales, Guillermo Bernardes, otro que actúo con independencia de los intereses del oficialismo. En este caso corresponde la designación a Conadep, que como CRA debería presentar una “terna” de candidatos, para que el gobierno pueda forzar un reemplazo.
Como sea, tras el decreto ya no quedan trabas a la vista: lo deseable sería que se pongan rápido a trabajar y a decidir cosas por el bien del INTA y el sector agropecuario. Una de las primeras cosas que deberían hacer es definirse sobre la continuidad del director nacional Ariel Pereda, elegido por concurso en 2023 por cuatro años, quien también fue un férreo opositor a la violenta motosierra blandida sin ningún criterio estratégico por parte de los funcionarios nacionales.
